Hablar de eficacia y eficiencia gubernamental resulta impensable sin evidencias empíricas reflejadas a través de indicadores o medidores de gestión administrativa; es decir, sin transparencia y acceso a la información la tarea de gobierno se vuelve ociosa, discrecional y diletante.
Es verdad que mucho se ha hablado ya sobre la importancia de las leyes de acceso a la información y su impacto en la calidad de los gobiernos, aquella frase de “si quieres mejorarlo hay que medirlo” cobra importancia con dicha herramienta cívica.
Sin embargo, para los que nos dedicamos a la investigación sobre procesos de transparencia, estamos ciertos y convencidos de que toda ley carece de sentido sin la parte medular de todo buen ordenamiento jurídico, me refiero al aparato punitivo o mejor dicho en este caso: sistema de sanciones; que le dan a cualquier ley elementos de efectividad.
Pues bien, en esa tesitura, Mauricio Merino y Sergio López Ayllón, investigadores del prestigiado Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), recientemente han concluido que el ciclo de la rendición de cuentas en nuestro país no se ha cerrado, pues falta el llamado Sistema de Sanciones, lo que ha permitido que las prácticas relacionadas con la corrupción, discrecionalidad, y falta de transparencia sigan siendo cosa de todos los días pese a la existencia de leyes de acceso a la información.
Por ello, dichos investigadores, van a presentar una propuesta a los diversos candidatos rumbo al 2012.
En lo personal, son varios los recursos de revisión que he presentado ante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) por negativas a solicitudes de acceso a la información en Municipios tales como Morelos, Allende, Nava, San Pedro y Matamoros, Coahuila, en donde claramente asoman casos de corrupción, pero lamentablemente no trasciende el mero formalismo que supone la existencia del ICAI y de la Ley de Acceso a la Información, puesto que en ningún caso se sanciono a algún funcionario por negar información debido a la falta de un sistema de sanciones.
La existencia de un buen sistema de sanciones implicaría de entrada una serie de sanciones tanto pecuniarias, administrativas y penales.
Desde una simple multa hasta la posibilidad de cárcel realmente supondría el último componente que impelería y detonaría la verdadera rendición de cuentas y la máxima transparencia en sintonía con lo estipulado en el artículo sexto constitucional; puesto que el acceso a la información no es cosa menor, sino una garantía individual y de paso una herramienta realmente confeccionadora de ciudadanía que iría mucho más allá que cualquier reforma educativa de gran calado.
Definitivamente, la propuesta es interesante y supone el cierre del ciclo de la rendición de cuentas, y lo que sería más interesante, es que sobre este tema se pusieran a trabajar los recién electos diputados coahuilenses apenas entraran en funciones. No veo la necesidad de esperar hasta 2012; puesto que los electos dijeron que trabajarían más y mejor, y la mejor prueba sería que le entraran sin miedo a confeccionar un buen sistema de sanciones
