La comisión de la verdad conformada para revisar los incidentes del derrocamiento del entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, aquel 28 de Junio de 2009 y concluir sobre la legalidad o ilegalidad de dicho acontecimiento ha dado ya su veredicto: El movimiento originado desde el congreso hondureño y ejecutado por el ejército de ese mismo país en contra de su legítimo y legal mandatario si fue golpe de Estado. O mejor dicho cuartelazo inconstitucional.
Independientemente de si las intenciones de Zelaya iban dirigidas a perpetuarse en el poder al igual que en Venezuela, esta intención iba bien encauzada y respetaba los cauces legales y constitucionales al utilizar figuras jurídicas utilizadas en aquellas regiones como lo son el plebiscito, el referendo y la consulta popular; y ese era, precisamente, el método que se iba a utilizar en honduras, se le iba a consultar al pueblo sobre su opinión acerca de reformar la constitución para poder permitir la reelección presidencial de manera indefinida; por tanto era, pues, una consulta legal cuya resolución seria la voluntad del pueblo y debería ser respetada por las diferentes instituciones de la vida pública de aquel país, llámense congreso, presidencia, poder judicial y fuerzas armadas.
Sin embargo, algunas personas que creyeron ser poseedoras de la verdad constitucional y de la moralidad cívica, entre ellos los legisladores encabezados por Roberto Micheletti; no permitieron dicho evento cívico y legal que suponía la consulta popular y en contubernio con el ejército dieron el golpe de Estado que violaba flagrantemente el orden constitucional establecido; es decir, una acción inconstitucional borraría otra acción que a juicio de algunos legisladores ponía en riesgo la democracia hondureña.
Luego del periodo de transición (el lapso presidencial de Micheletti) se eligió a Porfirio Lobo como presidente de aquella nación, y aunque las inconformidades de muchos países ante el cuartelazo y la salida de Zelaya de Honduras, la Organización de Estados Americanos (OEA) comandada por Miguel Insulza, no hizo absolutamente nada al respecto para tratar de corregir la ilegalidad y el gobierno de facto de Micheletti y la imposición de Lobo en la presidencia.
Más grave aún, no se le permitió al pueblo expresar su apoyo o rechazo a la presidencia de Zelaya. Los golpistas temían que Honduras deviniera en una Venezuela estilo chavista.
Lo que queda claro, es que a pesar y de todas las críticas que se le puedan hacer al sistema venezolano, la gente sigue votando por Hugo Chávez sin importar la década que éste lleva en el poder. Situación que resulta tan normal, pues se respeta la voluntad de las mayorías sin importar los mordaces ataques de la oposición y de los Estados Unidos; y es tan normal este tipo de sistemas, que el propio Daniel Zovatto, las ha denominado Neo-Democracias en los informes de Latinobarómetro. Es decir, Democracias que son votadas y aceptadas por la sociedad, pero que llevan en si elementos que otrora se consideraban antidemocráticos, como lo son la perpetuidad en el poder.
Finalmente, la comisión de la verdad analizó la propia constitución y determinó que el congreso no tiene atribuciones para destituir al presidente ni mucho menos para nombrar al sustituto; por ello la ilegalidad del gobierno de Micheletti y, consecuentemente, de Porfirio Lobo; ya que de un acto ilegal no puede surgir una consecuencia legal, ni siquiera para tratar de enmendar felonías.
Habrá que esperar el accionar de la OEA, aunque no se espera que haga absolutamente nada. Lo positivo, es que el precedente esta ya en la memoria histórica hondureña, lo correcto es que se pongan a legislar para prevenir posibles futuros actos ilegales por parte de “adalides” de la Democracia y de paso no estaría de más una pequeña reforma a la carta de la OEA.
