Nuevamente la Secretaría de Desarrollo Regional vuelve a los terrenos del escándalo, pero ahora por supuestos actos fraudulentos cometidos por funcionarios de la misma institución; sin embargo, esta vez el problema es mucho más grave; ya que va más allá de los terrenos de la denuncia formal por ocurrir precisamente justo en la recta electoral para definir nuevo ejecutivo en nuestro estado.
Cuando nació la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna, muchas fueron las voces que argumentaron (con mucha certeza) que el objetivo de ésta era gestionar en forma, pero construir plataformas electorales en fondo; a favor de gobiernos priístas. Es decir, era una mera instancia paralela a la figura del ayuntamiento que invadía la esfera de acción del gobierno autónomo de torreón; de hecho, la autonomía fue nuevamente tema de discusión debido a la aparición de dicha institución; desde luego que el gobierno estatal aducía funciones de gestión de primera categoría y con proximidad social exclusivamente; ya la elección de 2009 nos daría la razón a los que sosteníamos que el objetivo de esa secretaría era más electoral que institucional. Pues muchas denuncias se dieron debido a los programas sociales con tintes electorales que dicha secretaria desarrollo en ese año.
Cabe mencionar que, aún y con la controversia constitucional interpuesta por el ayuntamiento de Torreón, ésta no prosperó y la corte dictaminó que su existencia era legal y constitucional.
Pues bien, este nuevo escándalo supone un doble daño o más bien una dualidad perniciosa en dos sentidos; el primero tiene que ver con los ciudadanos que fueron estafados por un funcionario de dicha secretaria al cobrarles dinero por algunos paquetes de ayuda que muchos de ellos pagaron con antelación; el fraude según los afectados asciende a la no despreciable cantidad de entre seis y diez millones de pesos; acompañado de quejas sobre el hermetismo hacia sus reclamos por parte de los funcionarios que allí laboran como su titular Antonio Juan Marcos, el exdiputado que cuadrándose a los designios de su partido decidió no intervenir en la unción de Eduardo Olmos como candidato en 2009 a sabiendas que luego de la gestión de Olmos tiene bastantes posibilidades de competir por su propia designación en la próxima oportunidad electoral.
Los afectados no son pocos y como para están las cosas en cuestión económica es justificable la indignación que sienten al ser estafados, pues algunos de ellos afirman que les robaron hasta tres mil pesos.
Por otra parte, el segundo daño es directamente para el PRI en estos tiempos electorales; esto para nada le debió de gustar al candidato “de unidad” priísta Rubén Moreira, pues es bien sabido que la actuación de su hermano Humberto estuvo dirigida a las clases más desprotegidas con sendos programas bañados de populismo y que se desarrollaron perfectamente en colonias populares como de las que provienen los inconformes defraudados. Esto supone un serio revés para las intenciones politicoelectorales del candidato a gobernador y los candidatos a diputados por parte del tricolor y, en cambio, suponen una buena herramienta de ataque para todos los partidos de oposición en nuestra entidad y que podrán esgrimir cuando consideren conveniente, sobre todo en Torreón.
Definitivamente, aunque el problema se resuelva en su totalidad, dicho acontecimiento se volverá estigma para el PRI y dará mucho de que hablar durante los meses siguientes, pues cada flaqueza o error priísta será explotado sin piedad por cualquier interesado en el tema; de cualquier manera, no se vale la rapiña gubernamental en detrimento de los más desprotegidos, el llamado gobierno “de la gente” debe tomar cartas en el asunto y demostrar efectivamente que su nombre es esencialmente por antonomasia.
