Mauricio Merino, investigador del CIDE, alertó la semana pasada sobre la nueva estrategia gubernamental contra la transparencia y el acceso a la información en nuestro país; afirma que dicha estrategia se basa en una ola de clasificación de información por parte de los sujetos obligados, pero sin contar con los criterios necesarios para hacerlo; es decir, de manera arbitraria los gobierno en los tres ámbitos están clasificando información al por mayor para blindarse ante el ejercicio cívico que algunos ciudadanos ejercemos a través del incipiente derecho de acceso a la información.
La prueba de ello, son algunos municipios de Coahuila; entre los que se encuentran San Pedro, Nava, Matamoros, Allende, Morelos y Fco. I. Madero. Y el rubro en el que cometen dicha felonía: el ámbito policial. Ello derivado de una solicitud de acceso a la información que realicé a dichos municipios en donde solicité el nombre del médico legista que realizó el último antidoping, así como los resultados de los mismos, criterios para la selección y contratación de elementos y, finalmente, los currículums de todos y cada uno de los elementos en activo; las respuestas fueron en sintonía que dicha información era “clasificada”; sin embargo, no esgrimieron la causa de dicha clasificación; enseguida, solicité el acta de cabildo en donde se clasificó dicha información, así como los criterios para hacerlo. La respuesta, sin embargo, fue que no hubo respuesta.
Ernesto López Portillo Vargas; Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C y Guadalupe Barrena Nájera; Consultora del INSYDE, en su colaboración con el IFAI a través del cuadernillo: Transparencia: Ruta para la eficacia y legitimidad en la función policial; sugieren ciertos componentes de información que la policía debe difundir sin detrimento o riesgo para las instituciones policiales y sus elementos: Mecanismos de supervisión, criterios y evaluación del desempeño policial, protocolos del uso de la fuerza, lugares y medios de acceso para presentar quejas, plan de seguridad pública, convocatorias y resultados de los concursos de selección, programas de capacitación, criterios, procesos de decisión de ascensos y separación de cargos entre otros más. Todos estos son los mínimos de información que las policías deben presentar a la sociedad de manera inmediata como cultura de la transparencia, pero no lo hacen, y no conforme con ello, clasifican dicha información, aunque lo hacen mal puesto que la decisión no está sustentada en ninguna acta de cabildo, por lo que dicha decisión fue netamente unilateral y sin criterios sólidos y explícitos para hacerlo.
No existe ningún motivo real para clasificar información referente a los resultados de los antidoping; los ciudadanos TENEMOS EL DERECHO a saber cuántos de los elementos hacen uso de sustancias prohibidas y cuántos de ellos permanecen en activo; de igual manera, no existen fundamentos sólidos para clasificar los expedientes o currículums de los elementos en activo, puesto que también la sociedad DEBE saber cuál es el perfil de los “protectores de la sociedad”; sus anteriores trabajos, sus estudios y demás datos que por supuesto no incluyan direcciones, teléfonos o preferencias sexuales. No veo, una vez revisado magistrales resoluciones del IFAI con respecto a temas de seguridad pública, elementos suficientes que soporten la clasificación de información en el ámbito policial por parte de las autoridades mencionadas en principio. Lo único que realmente se pone de manifiesto es la existencia de más trabas que vuelven más sinuoso el camino de la Transparencia y el Acceso a la Información, trabas que pudieran sortearse si tuviésemos un instituto realmente comprometido con su supuesto cometido; me refiero al ICAI. La conclusión es sencilla: hay mucho que esconder en una institución primordial e imprescindible para la sociedad, ya que de ella depende la seguridad pública. Y lo que se esconde no es más que corrupción, falta de profesionalismo e ineptitud.
Una más.
Nuevamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al Estado Mexicano trasladar los delitos de los militares al fuero civil, para garantizar una auténtica impartición de justicia, esta es la tercera vez que lo hacen: los casos de campo algodonero, Rosendo Radilla y Valentina Rosendo e Inés Fernández son los casos mencionados; sin embargo, Calderón sigue protegiendo la impunidad y el abuso de los militares
La prueba de ello, son algunos municipios de Coahuila; entre los que se encuentran San Pedro, Nava, Matamoros, Allende, Morelos y Fco. I. Madero. Y el rubro en el que cometen dicha felonía: el ámbito policial. Ello derivado de una solicitud de acceso a la información que realicé a dichos municipios en donde solicité el nombre del médico legista que realizó el último antidoping, así como los resultados de los mismos, criterios para la selección y contratación de elementos y, finalmente, los currículums de todos y cada uno de los elementos en activo; las respuestas fueron en sintonía que dicha información era “clasificada”; sin embargo, no esgrimieron la causa de dicha clasificación; enseguida, solicité el acta de cabildo en donde se clasificó dicha información, así como los criterios para hacerlo. La respuesta, sin embargo, fue que no hubo respuesta.
Ernesto López Portillo Vargas; Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C y Guadalupe Barrena Nájera; Consultora del INSYDE, en su colaboración con el IFAI a través del cuadernillo: Transparencia: Ruta para la eficacia y legitimidad en la función policial; sugieren ciertos componentes de información que la policía debe difundir sin detrimento o riesgo para las instituciones policiales y sus elementos: Mecanismos de supervisión, criterios y evaluación del desempeño policial, protocolos del uso de la fuerza, lugares y medios de acceso para presentar quejas, plan de seguridad pública, convocatorias y resultados de los concursos de selección, programas de capacitación, criterios, procesos de decisión de ascensos y separación de cargos entre otros más. Todos estos son los mínimos de información que las policías deben presentar a la sociedad de manera inmediata como cultura de la transparencia, pero no lo hacen, y no conforme con ello, clasifican dicha información, aunque lo hacen mal puesto que la decisión no está sustentada en ninguna acta de cabildo, por lo que dicha decisión fue netamente unilateral y sin criterios sólidos y explícitos para hacerlo.
No existe ningún motivo real para clasificar información referente a los resultados de los antidoping; los ciudadanos TENEMOS EL DERECHO a saber cuántos de los elementos hacen uso de sustancias prohibidas y cuántos de ellos permanecen en activo; de igual manera, no existen fundamentos sólidos para clasificar los expedientes o currículums de los elementos en activo, puesto que también la sociedad DEBE saber cuál es el perfil de los “protectores de la sociedad”; sus anteriores trabajos, sus estudios y demás datos que por supuesto no incluyan direcciones, teléfonos o preferencias sexuales. No veo, una vez revisado magistrales resoluciones del IFAI con respecto a temas de seguridad pública, elementos suficientes que soporten la clasificación de información en el ámbito policial por parte de las autoridades mencionadas en principio. Lo único que realmente se pone de manifiesto es la existencia de más trabas que vuelven más sinuoso el camino de la Transparencia y el Acceso a la Información, trabas que pudieran sortearse si tuviésemos un instituto realmente comprometido con su supuesto cometido; me refiero al ICAI. La conclusión es sencilla: hay mucho que esconder en una institución primordial e imprescindible para la sociedad, ya que de ella depende la seguridad pública. Y lo que se esconde no es más que corrupción, falta de profesionalismo e ineptitud.
Una más.
Nuevamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al Estado Mexicano trasladar los delitos de los militares al fuero civil, para garantizar una auténtica impartición de justicia, esta es la tercera vez que lo hacen: los casos de campo algodonero, Rosendo Radilla y Valentina Rosendo e Inés Fernández son los casos mencionados; sin embargo, Calderón sigue protegiendo la impunidad y el abuso de los militares
