México encubre violaciones de militares. Con esta sentencia; la organización internacional Human Right Watch (HRW) vuelve a denunciar el abuso de los elementos castrenses sobre la sociedad civil en su lucha contra el crimen organizado; afirma de igual manera que el origen de la impunidad recae en el Secretario de Defensa (Galván) debido a que éste ejerce poderes tanto ejecutivos como judiciales sobre las fuerzas armadas; y es que los jueces militares no gozan de garantías de estabilidad en sus cargos; a la vez que no existe (porque esta sumamente prohibido) el escrutinio público sobre las investigaciones y juicios militares.
HRW denuncia a la vez que tan sólo existe un individuo condenado por actos de abuso de autoridad y que fue sentenciado a tan sólo nueve meses de cárcel por haber asesinado a un civil en un reten militar.
El informe también presenta datos interesantes: entre 2007 y 2009; se han presentado 3,388 denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de los militares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Todo esto en el marco del anterior informe también de HRW que tituló: Impunidad Uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México; en el cual acusa al ejército mexicano de haber torturado y asesinado a civiles y de haber violado a decenas de mujeres en los últimos dos años; mientras que lleva a cabo su campaña contra el narco.En dicho informe; la organización humanitaria alude la existencia de 17 casos de abusos militares graves con aproximadamente 70 víctimas; la organización no gubernamental asegura que la militarización de algunas ciudades; especialmente las fronterizas, en aras de combatir la delincuencia organizada; ha dado paso a numerosos abusos de los elementos castrenses sobre la población civil.
Todo esto; ante la sentencia (vinculante) emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Noviembre de 2009; la cual ordenó al Estado mexicano modificar su código de justicia militar para que en situaciones que vulneren los derechos humanos de los ciudadanos; bajo ninguna circunstancia pueda operar la jurisdicción militar para “impartir” justicia.
Al respecto, la única respuesta gubernamental fue la orden para los soldados de no disparar contra los vehículos que no hagan alto en los retenes; sino interceptarlos y sacarlos del camino sin hacer un solo tiro.
No cabe duda que los datos presentados por HRW nos permiten comprender el porqué del clamor social que exige la salida del ejército de las calles. En lugar de sentir protección al encontrarnos con un convoy de la milicia; nos invade el miedo al poder ser víctimas del abuso de los militares por una posible revisión producto de la falta de criterio de los elementos al detener un vehículo en donde viajan una pareja y sus tres o cuatro hijos. Por su parte; el gobierno ha afirmado que la lucha seguirá; que los militares permanecerán en las calles; que sus abusos los castigarán tribunales militares en clara alusión a la frese “juez y parte”; que tenemos que ser valientes; que la orden vinculante de la CIDH no es más que un mero formulismo vacuo presentado en un contexto en el que la prensa infla datos en detrimento de la milicia.
HRW denuncia a la vez que tan sólo existe un individuo condenado por actos de abuso de autoridad y que fue sentenciado a tan sólo nueve meses de cárcel por haber asesinado a un civil en un reten militar.
El informe también presenta datos interesantes: entre 2007 y 2009; se han presentado 3,388 denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de los militares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Todo esto en el marco del anterior informe también de HRW que tituló: Impunidad Uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México; en el cual acusa al ejército mexicano de haber torturado y asesinado a civiles y de haber violado a decenas de mujeres en los últimos dos años; mientras que lleva a cabo su campaña contra el narco.En dicho informe; la organización humanitaria alude la existencia de 17 casos de abusos militares graves con aproximadamente 70 víctimas; la organización no gubernamental asegura que la militarización de algunas ciudades; especialmente las fronterizas, en aras de combatir la delincuencia organizada; ha dado paso a numerosos abusos de los elementos castrenses sobre la población civil.
Todo esto; ante la sentencia (vinculante) emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Noviembre de 2009; la cual ordenó al Estado mexicano modificar su código de justicia militar para que en situaciones que vulneren los derechos humanos de los ciudadanos; bajo ninguna circunstancia pueda operar la jurisdicción militar para “impartir” justicia.
Al respecto, la única respuesta gubernamental fue la orden para los soldados de no disparar contra los vehículos que no hagan alto en los retenes; sino interceptarlos y sacarlos del camino sin hacer un solo tiro.
No cabe duda que los datos presentados por HRW nos permiten comprender el porqué del clamor social que exige la salida del ejército de las calles. En lugar de sentir protección al encontrarnos con un convoy de la milicia; nos invade el miedo al poder ser víctimas del abuso de los militares por una posible revisión producto de la falta de criterio de los elementos al detener un vehículo en donde viajan una pareja y sus tres o cuatro hijos. Por su parte; el gobierno ha afirmado que la lucha seguirá; que los militares permanecerán en las calles; que sus abusos los castigarán tribunales militares en clara alusión a la frese “juez y parte”; que tenemos que ser valientes; que la orden vinculante de la CIDH no es más que un mero formulismo vacuo presentado en un contexto en el que la prensa infla datos en detrimento de la milicia.
