Con este nombre: Impunidad Uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México. La organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HWR), presentó un informe en el que acusó, hace unos días, al ejército mexicano de haber torturado y asesinado a civiles y de haber violado a decenas de mujeres en los últimos dos años; mientras que lleva a cabo su campaña contra el narco.
En dicho informe; la organización humanitaria alude la existencia de 17 casos de abusos militares graves con aproximadamente 70 víctimas; la organización no gubernamental asegura que la militarización de algunas ciudades; especialmente las fronterizas, en aras de combatir la delincuencia organizada; ha dado paso a numerosos abusos de los elementos castrenses sobre la población civil.
Y no es para menos; las labores de la milicia distan mucho de las concernientes a los cuerpos de seguridad pública, desde el acondicionamiento físico y logístico, hasta el relativo a la proximidad social; por lo que su comportamiento no siempre es el apropiado cuando entran en contacto con civiles. El detalle; y que resulta ser lo pernicioso de este asunto, es que la noticia no causo el debate ni la llamada de atención por parte de las autoridades que necesariamente merecía; y es que la influenza (A H1N1) acaparó todos los reflectores mediáticos; por lo que el informe paso completamente desapercibido. Según los datos ofrecidos por el organismo; los presuntos responsables de los delitos permanecen libres y en total impunidad; y lo que es peor; la organización alega que, no obstante, el ejército investigó varios casos y a pesar que los detalles están bien documentados, nadie ha sido castigado con una condena judicial. El documento asegura que en 12 casos de asesinatos los soldados dispararon contra civiles desarmados por no acatar la orden de detener sus vehículos. Enseguida hace mención a un grupo de soldados que, bajo los efectos de alguna droga, dispararon contra un camión, matando a dos mujeres y tres niños. Todo esto sin mencionar los numerosos casos de tortura sobre los que alude el informe.
Ya fueron y son muchas las voces que reclaman el retiro de los elementos militares de las calles; una de ellas fue en su momento la del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, quien emplazo al gobierno federal a retirar a los elementos militares cuando la denuncia sobre la violación en Zongolica y el asesinato de civiles en retenes militares.
Lo grave del asunto en cuestión; es que el actual gobierno ya está buscando legalizar la presencia militar en la calles; con una iniciativa para reformar la ley de seguridad nacional para regular la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narco.
Esto, dadas las circunstancias dilucidadas, representa malas noticias para los derechos humanos en nuestro país. Y es que no se ve para cuando, a falta de estrategias correctas por parte del gobierno federal, se pueda poner punto final a esta guerra entre el Estado y los grupos delictivos que propiciaron el uso de las fuerzas armadas frente a la corrupción y falta de profesionalismo de las instancias de seguridad pública. Si en verdad el gobierno desea profesionalizar a los cuerpos de seguridad pública, como condición para retirar al ejército, lo primero que debe hacer es remover las principales cabezas que dirigen la Seguridad Pública y el Ministerio Público; cuyos titulares, únicamente han rotado los puestos sin rendir resultados concretos y factibles.
Ahora que si bien la estrategia será la misma (como así parece); por lo menos los abusos perpetrados por soldados deben ser trasladados a tribunales civiles; esto con el fin último de ajusticiar debidamente a estos conculcadores (con sus excepciones) de los derechos humanos.
