Ya lo dijo el presidente; pero no porque lo haya dicho él, sino porque es cierto: la regla de oro de toda democracia es la transparencia; Reyes Heroles nos lo dejó clarísimo en su ensayo sobre la corrupción en el primer cuadernillo de transparencia del entonces INAI: “el gran correctivo en el comportamiento ciudadano se genera por la posibilidad de estar siendo observado”, por eso la transparencia debe ser una hoja de ruta, una regla de oro, un camino a seguir, porque para evitar la gran corrupción en las mega obras los ciudadanos debemos estar atentos y con todo el acceso a los pormenores del quehacer gubernamental. Por eso resulta bastante contradictorio e incongruente con su discurso el decretazo de AMLO para clasificar toda la información relativa a las obras de infraestructura del actual gobierno de izquierda y afortunadamente la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) le dio un revés al decretazo que pone al presidente y a la cuarta transformación con los pies en la tierra. El INAI también celebra la decisión, pero sigo pensando que más que celebrar, el órgano garante debe comenzar a trabajar para presentar una propuesta a los legisladores para establecer mas rigurosidad en lo referente a la clasificación de la información. El órgano garante se puso a hacer su tarea: defender la transparencia y el acceso a la información, para ello presentó una controversia constitucional ante el intento del presidente de ocultar toda la información referente a obras como el tren maya, la refinería o el aeropuerto, pero insisto con lo mismo, no se puede ni debe estar acudiendo a la corte de manera constante cada vez que cualquier autoridad decida clasificar información sin los requisitos mínimos para hacerlo. La ley es clara sobre la clasificación de la información, o se trata de información confidencial, es decir, aquella relacionada con los datos personales de los individuos o se trata de información que afecte la seguridad nacional, y para este último caso debe fundamentarse cabalmente la prueba de daño en cada una de las obras que se pretenden clasificar, no todas al mismo tiempo y sin las pruebas que comprueben el daño a la seguridad nacional en caso de la publicidad de la información. Aunque se trata ciertamente de una medida temporal en lo que se resuelve la constitucionalidad del decreto presidencial, me parece que es un tiempo considerable y que puede entenderse como una segunda oportunidad para que el presidente reflexione sobre el daño que le hace a su imagen y a la democracia al intentar ocultar información que nos concierne a todos los mexicanos. El presidente llegó enarbolando una bandera contra la corrupción, la congruencia de sus palabras y sus actos parece difuminarse por simples caprichos personales; tal vez le moleste al presidente que los medios exhiban realidades que cuestionan sus proyectos, pero siempre será mil veces mejor que se cuestione un proyecto gubernamental a que se cuestione a un gobierno por opaco y corrupto, porque la opacidad generalmente oculta corrupción, tal cual lo diría acertadamente el benemérito de las américas, Benito Juárez: “Siempre tuerce los principios el que oscurece la verdad, para ocultar sus faltas en las tinieblas”
