Fue en un diario de circulación local en donde el encabezado resaltaba los dichos del gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, sobre la consulta popular del próximo domingo. El mandatario señalaba que era “una pérdida de tiempo” dicho evento que promociona el gobierno actual. No, desde luego que no, NINGÚN mecanismo de participación ciudadana es una pérdida de tiempo, pues mucho le ha costado a este país el contar con una ciudadanía apática, desinteresada, desinformada y coyuntural que ha sido la gran culpable de haber contado con gobiernos tan mediocres y corruptos y no hacer nada al respecto. Los mecanismos de participación ciudadana han sido todo un reto en la sociedad mexicana, a grado tal que, en la actualidad, a nivel federal solo contamos con dos mecanismos de este orden: el acceso a la información y, precisamente, la ley federal de consulta popular que se estrena por vez primera el próximo uno de agosto. En Coahuila tenemos una ley en materia de participación ciudadana que contempla tres figuras: referendo, plebiscito e iniciativa popular y para efectos de comparación, el plebiscito es el equivalente a la consulta popular a nivel federal. Que en Coahuila esta ley sea casi letra muerta no significa que deba suceder la mismo con la ley de consulta popular; además de que todo mecanismo de participación es vigoroso para la democracia, pues el poder de decisión de los ciudadanos no debe jamás circunscribirse a las elecciones y ya. Quizá lo que el gobernador debió haber dicho es que se trata de una consulta sin sentido, hasta inservible, pero jamás una pérdida de tiempo. Y es que se trata de preguntarle al pueblo de manera básica si quieren enjuiciar a expresidentes por haberse portado mal, aunque la pregunta sea bastante más sofisticada: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? La pregunta es saber si queremos que se investiguen (esclarecer) las decisiones políticas de los expresidentes que pudieran haber generado injusticias y víctimas. ¿Hay alguien que no quiera justicia para víctimas de corrupción o negligencia gubernamental? ¿A cuáles años pasados de refiere? Me parece que, si el gobierno actual quiere proceder contra exmandatarios por corrupción o traición, debe poner a trabajar a la fiscalía para que abra las carpetas de investigación pertinentes, presente las pruebas y que los jueces declaren culpables o inocentes a los imputados. No es necesario preguntarle al pueblo lo que la mayoría queremos ver: que caiga un expresidente por corrupción para ser ejemplo mundial de buen gobierno y que por vez primera podemos abatir al enemigo inexpugnable de siempre: la impunidad. Por esta razón la consulta es ociosa, sabemos que va a ganar el SÍ, por amplio margen frente al NO y después habremos de esperar un buen tiempo para ver a algún exmandatario en prisión o absuelto de culpabilidad, y esto se puede hacer con el accionar de la Fiscalía sin necesidad de gastar un mecanismo que pudimos haber usado en otro aspecto de importancia nacional. Finalmente, legalmente solo de puede enjuiciar a Enrique Peña Nieto, a los demás no por razones que ya he dilucidado en artículos anteriores. No es una pérdida de tiempo, solo no tiene razón de ser.
