Se trata de un clásico electoral que ciertamente ha sido ya generalizado
y que hasta hoy en la investigación que realiza la Fiscalía General de la
República (FGR) contra el candidato priista en Nuevo León, Adrián de la Garza,
parece configurarse como un delito (electoral). En Nuevo León se llama Tarjeta Rosa;
aquí en Coahuila se llama “la mera mera”, y solo aparece en tiempos electorales;
su finalidad es ofrecer promociones, apoyos, descuentos, etc., en algunos establecimientos
comerciales que tienen convenio con el gobierno del Estado. Las preguntas que muchos
se hacen es saber si estos plásticos constituyen en delito electoral al tenor
del contenido del artículo 7 de la Ley General en materia de Delitos Electorales
que dice que “se impondrán de cincuenta a cien días de multa y prisión de
seis meses a tres años, a quien: VII. Solicite votos por paga, promesa de
dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a
otro a asistir a eventos proselitistas o a votar o abstenerse de votar por un
candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día
de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”. Si bien es cierto,
este tipo de tarjetas que, cabe mencionar, también uso José Antonio Meade en su
campaña presidencial también bajo el nombre de tarjeta rosa o “La Efectiva”
usada por Eruviel Ávila -todos ellos priistas- no cuentan con dinero electrónico
ni tampoco son para crédito, por lo que no se cumple lo sancionado en el artículo
anterior en lo que respecta a pago o promesa de dinero, y, en lo que se refiere
a contraprestación, este último término hace referencia a un pago que
corresponde por ley, por lo que tampoco aplica. En términos generales, tiene
razón el consejero del INE, Ciro Murayama, cuando señala que no se trata de actos
y objetos violatorios de la ley, solo propaganda de mal gusto, y a pesar de las
denuncias del dirigente de morena y la inservible investigación que realiza la
fiscalía, no hay nada de ilegal en el uso de estas tarjetas, pues detrás de ella
solo se trata de falsas promesas que ciertamente engañan, que sirven como
propaganda y que son un hábito electoral en la maquinaria priista tradicional,
sobre todo en sus bastiones: Coahuila y Estado de México. Me parece que morena
recurre a la denuncia de lo absurdo, usando a la Fiscalía para tratar de golpear
a un candidato en un Estado en donde parece que su candidata se hunde en el
tercer lugar sin posibilidades ya de remontar, a menos que un buen escándalo
surgiera, por eso no llama la atención que existan investigaciones y denuncias
en contra del puntero, Samuel García de movimiento ciudadano y Adrián de la Garza
del PRI en un aparente afán de encontrar resquicios de corrupción que pudieran
cambiar las tendencias a menos de un mes de la elección. Hay otro tipo de
delitos que merecen la atención de la fiscalía, no desgastarse en donde no hay
conculcación de leyes electorales. El uso de tarjetas seguirá siendo una lastimosa
y patética estrategia priista, tan predecible que el solo hecho de anunciar estos
plásticos ofende la inteligencia de muchos, que al final no sirven para nada que
no sea propaganda coyuntural, pero jamás se configurará como un delito
electoral, a menos que morena y su mayoría reformen la ley electoral y las prohíban
en las siguientes elecciones.
