No se trata de discriminar en razón de nivel educativo, pero la responsabilidad asignada lo exige, tampoco se trata de minimizar a personas debido a la carencia de un documento que asigne un grado académico, pues de sobra sabemos lo sencillo que es conseguir títulos universitarios apócrifos o acceder a grados académicos en escuelas de evidente dudosa calidad. Uno de los postulados del cura José María Morelos en su proyecto de nación titulado” sentimientos de la nación”, era el que señalaba la necesidad de contar con personas “sabias”, para que elaboraran las leyes y que éstas procedieran con mayor acierto, contextualícese el concepto de sabias en razón de preparadas, es decir, profesionales y aptas para tal encomienda, y entiéndase que la aptitud y el profesionalismo lo pulen años y años de estudio, no buenas intenciones ni mentes brillantes. Una de las profesiones más importantes es sin duda la política, pues de ella emanan las leyes que rigen a todas las demás profesiones y tiene como fin último la generación del bien común, además de ser el soporte estructural del establishment al definir y aplicar las políticas públicas en materia de economía y educación que determinan el desarrollo de una nación. Por ello alarma y asusta que la próxima legislatura estará integrada por un porcentaje considerable de legisladores sin título universitario, para ser más precisos: habrá 224 diputados sin grado académico de educación superior y serán quienes legislen en materia de competencia económica, educación, seguridad, finanzas, transparencia, mejora regulatoria, etc., etc. La noticia debería ser sin duda alarmante, no obstante, nos enfrentamos a dos condiciones que permiten que este fenómeno que, en lo personal, me parece es el culpable de mantenernos como nación aún en las vías del desarrollo; pueda presentarse de manera casi natural y sin generar mayor problema que la indignación de unos cuantos. Se trata en primer lugar, de una causa legal y constitucional, pues normativamente el requisito para acceder a un cargo de elección popular en la modalidad de legislador no contempla en absoluto un solo grado académico, ni siquiera el básico, por lo que la plaza está sin duda abierta a cualquier interesado que cumpla con laxos requisitos que desde luego no son garantía de profesionalismo, sino de diletancia. En segundo lugar, el fenómeno es tan generalizado y común, que el suceso mismo no genera estruendo alguno en el seno de la sociedad, y es que el problema se encuentra latente en los tres órdenes de gobierno: desde regidores con primaria o secundaria legislando sobre desarrollo económico, hasta legisladores locales y federales con solo preparatoria legislado sobre temas educativos. Resulta paradójico, que para acceder a una plaza de docente con un sueldo de 150 pesos la hora; el requisito sea un posgrado, mientras que acceder a un puesto vital y nodal para el desarrollo de una nación con un estipendio de más de 150 mil pesos mensuales solo exista un requerimiento de edad y residencia. Por supuesto que la preparación académica es fundamental, quien se atreva a negarlo dudo mucho que aceptaría volar en un avión con un piloto sin preparación en donde medie una certificación académica previa que lo acredite como piloto confiable y profesional. De la misma manera, desde los municipios hasta las cámaras legislativas federales, nuestro país parece volar en un avión pilotado por inexpertos e improvisados que nos llevan sin un rumbo claro y sin conocimiento técnico sobre lo que están haciendo.
