Es cierto, después de la
tragedia viene la evaluación de daños, la reconstrucción y la repartición de
culpas. Y aunque la tragedia mediáticamente se ha concentrado en la Ciudad de
México, la indignación ha sido genérica y de carácter nacional y ahora se busca
castigar el despilfarro de recursos ante la necesidad de muchos que sufren las
secuelas de los sismos de septiembre y los miles de millones de pesos que
costará la edificación de los que hoy son ruinas. Por coincidencia para mal,
pero también para bien de los políticos de nuestro país, la tragedia se
presentó en vísperas de la elaboración de presupuesto de egresos de la
federación para 2018, y la necesidad busca castigar el despilfarro. Las
víctimas deben ser sin duda los políticos y el sistema al cual pertenecen y en
base a ello el clamor del pueblo reclama de manera vinculante que se cancelen
los recursos para los partidos políticos que se planean entregar para las
campañas de 2018. La idea no suena mal, sobre todo dentro de un sistema
político desprestigiado que solo parece beneficiar desde siempre a unos cuantos
privilegiados. La consigna, entonces, es despojarlos de sus recursos. El
detalle, sin embargo, no es tan sencillo, pues para empezar se exige que los
partidos renuncien a recursos que NI SIQUIERA TIENEN y que no hay garantía de
que se les vayan a entregar, es decir, el INE ha solicitado por ley los
recursos que se necesitan para los compromisos electorales de 2018, pero aún no
existen, pues no han sido aprobados, por lo que no podemos pedir que deje de
existir algo que ni siquiera ha nacido. Suena bastante absurdo. Además, los
recursos para los partidos son mandato constitucional que viene definido en la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que eliminar
dichos recursos requieren algo más que simple indignación. Es cierto, el gasto
electoral para 2018 es aberrante, pues solo los partidos nacionales recibirán
6,789 millones de pesos de dinero público en 2018. Y esos mismos partidos, a
nivel estatal, obtendrán otros 6 mil millones de pesos. El INE gastará por su
parte 18,226 millones en la organización de la elección federal y las estatales.
Los, OPLEs, en las entidades gastarán cerca de 14 mil millones, el Tribunal
Electoral federal, más de 3 mil millones y los estatales otros 4 mil millones.
El costo real del tiempo de radio y televisión de los partidos y el INE
ascenderá a 60 mil millones de pesos. Es decir, hablamos de un gasto aproximado
de 112 mil millones de pesos en total. Por ello, me parece que la indignación
por los seis mil millones que piensan gastar los partidos suena corta y
timorata. Pero dejémonos de números y despojemos a los partidos de sus recursos
en 2018, ¿y después que sigue? Los gastos electorales seguirán en cada elección
sin duda alguna. Por ello me pregunto si la indignación es solo coyuntural y taxativa
al 2018, o si se pretende reformar de una buena vez el sistema y acabar con el
excesivo financiamiento público de los partidos políticos. Estoy viendo de
nuevo a unos cerillos que se encienden solo de manera momentánea y pronto de
apagarán, como siempre. Pero supongamos que los vamos a despojar, no obstante,
no podemos disponer de esos recursos para usarlos en reconstrucción sino hasta
2018, lo cual significa, que pasarán octubre, noviembre y diciembre las ruinas
esperando recursos para su reedificación, y muy probablemente, para ese
entonces, los cerillos ya se hayan apagado. Como siempre.
