La Democracia como concepto es sin duda un término
bastante abundante en contenido, no se limita de ninguna manera a la cuestión
electoral, pues posee raíces axiológicas bastante particulares, no obstante,
nuestro sistema político electoral que se supone debe ser la base institucional
de nuestro país al permitir que gracias a este sistema se conformen los poderes
de la unión dando con ella vida a nuestra república, debe ser caracterizado por
una morfología democrática bastante evidente. Nuestra democracia electoral ha
pasado a lo largo de su existencia por un viacrucis que ciertamente la han
hecho tropezar en más de una ocasión. Desde la reforma política de 1977, en que
nace la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE),
se ha tratado de dar certidumbre y especial importancia a este proceso
democrático. No se ha tratado nuca de esfuerzos aislados, sino de un conjunto
de esfuerzos que han quedado plasmados en cada reforma desde el 77. Estos esfuerzos
traerían como resultado la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL),
además de aumentar el número de legisladores de representación proporcional de
100 a 200 intentando con ello dar representación a los partidos con votación
minoritaria. Fue hasta 1990, cuando las elecciones se independizan del gobierno
de manera parcial y se crea el Instituto Federal Electoral (IFE) con su
andamiaje legal, el COFIPE que sin duda es el antecedente más directo de lo que
hoy es el Instituto Nacional Electoral. Habrían de venir más reformas, la de
1993, con la creación del TRIFE, la de 1996, con los requisitos para registro
de los partidos políticos, luego la de 2002, con la equidad de género, después
la de 2003-2005, con el reconocimiento del voto en el extranjero, 2007-2008 con
cuestiones como el financiamiento, tiempos de campañas, acceso a radio y televisión,
la creación de la contraloría general del IFE, para finalizar, con la reforma
de 2014 con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE),
y la creación del INE y las demás leyes
que vienen a engrosar y a tratar de perfeccionar nuestro sistema político
electoral. Todo este tortuoso camino hacia la consolidación de un instituto
nacional que garantice con sus procedimientos ciudadanos la efectividad del
sufragio de los ciudadanos en cada elección bajo principios rectores
específicos: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad, son la razón de ser de este instituto electoral que
cabe mencionar, tiene aspectos cuestionables, pero que sin duda sus esfuerzos
estribados en sus principios tienen la finalidad de que los ciudadanos tengamos
la certeza de que nuestro voto, hoy por hoy, es respetado y su emisión se
realiza en base a estándares de seguridad soportados en la vigilancia
ciudadana, pues son los mismos ciudadanos quienes reciben la votación y cuentan
dichos votos y las decisiones son tomadas por consejos ciudadanos que son la
máxima autoridad en los tres ámbitos de ejercicio de las facultades del INE. No
obstante, estos esfuerzos no son definitivos, pues también los ciudadanos deben
poner de su parte en cada proceso electoral comenzando con salir a votar en
cada elección, y en ese acto de votación, que dicha emisión de sufragio sea
libre, sin presiones de ningún tipo, con absoluta convicción, que los
ciudadanos hagan valer su derecho a un voto libre y secreto. No se trata solo
de reformas y reformas al sistema electoral, se trata también de maduración
ciudadana, de un proceso de concientización personal, de una cultura de
participación que permita cerrar el binomio INE- Ciudadanos para con ello perfeccionar
nuestro sistema electoral en beneficio de todos los que habitamos este país.
