La legislación electoral en nuestra entidad, a
propósito del actual proceso electoral que nos ocupa, realmente se quedó corta
en cuanto a la obligatoriedad de los debates entre aspirantes a cargos de
elección popular, pues el compendio legislativo en referencia solo señala la obligación
al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para que organice debates forzosos entre
los candidatos al cargo de gobernador. La medida sin duda es buena, pragmática,
pero corta y discontinua, pues la necesaria y pertinente medida no se hizo
extensiva a candidatos a diputados y presidentes municipales. Y es que de
pronto nos topamos con una calamitosa avalancha de anuncios político
electorales en radio y televisión, producto de la última reforma electoral que
entrega espacios gratuitos diarios a partidos políticos en los medios ya
mencionados, y que dichos anuncios se vuelven de pronto el descubrimiento del
hilo negro, pues en ellos nos ofrecen una sarta de soluciones a viejos
problemas bastante arraigados y en muchas ocasiones soluciones a problemas que
ni quiera encajan en el ámbito de la
jurisdicción del puesto que intentan obtener, por ejemplo, un candidato que
busca la presidencia municipal prometiendo educación de calidad, siendo que a
todas luces este rubro es de competencia federal y por descentralización,
estatal, pero de ninguna manera municipal. En vista, pues, de estos aberrantes
y vergonzosos casos en que hacemos referencia y honor a la frase de que “Las
grandes promesas son siempre muy sospechosas”, se vuelven necesarios los
debates entre candidatos a los puestos de elección que la legislación dejo
exentos de obligación, esto es: candidaturas a diputación y a alcaldías. Muchos
de los disparates proferidos por candidatos quedarían expuestos ante el público
en general y con ello se podría evidenciar la estulticia y poco profesionalismo
de algunos aspirantes a cargos de elección popular, de igual manera, los electores
podrían encontrar la mejor postura o propuesta sobre un rubro o tema
determinado después de la intervención de cada aspirante y con ello sentar las
bases razonadas para la orientación de su voto el día de la elección.
Finalmente, el último beneficio estriba en que estos aspirantes se verían
obligados a desarrollar sus propuestas y no dejarnos como siempre con las
grandes promesas muchas veces carentes de sentido común o simplemente poco
factibles desde el punto de vista financiero, político, legal, cultural, etc. Cabe
mencionar, que además de puede conocer el perfil académico y la trayectoria que
cada debatiente posea y que en muchas ocasiones es desconocido por los
votantes. No se trata de enumerar las bondades de los debates políticos, sino
de hacer ostensible la necesidad imperiosa de la organización y desarrollo de
los mismos, por lo menos de uno para el caso de los aspirantes a presidentes
municipales y legisladores locales. Desde luego que partimos de la simple
premisa de que la ley no puede ser modificada al respecto, al menos en estos
momentos, sin embargo, se pueden organizar debates entre aspirantes a
presidentes municipales en cada municipio del Estado a iniciativa de organismos
empresariales, centros de educación superior, organismos no gubernamentales y
con ello comprometer a los aspirantes a que muestren buena voluntad y la
capacidad para ventilar y defender sus ideas, caso contrario, su imagen será
minada por su falta de compromiso. La propuesta está en el aire, los beneficios
son sin duda atractivos.
