Desde luego que está de más echar las campanas al vuelo solo por el hecho
de que ha entrado en vigor la nueva reforma judicial en México, en lo personal,
me parece absurdo el triunfalismo de María de los Ángeles Fromow Rangel, quien
es la Titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal, o en palabras más específicas y
convencionales: la encargada de echar a andar el nuevo modelo de justicia penal
en nuestro país, cuando refiere que la mayor parte de los policías, jueces y
magistrados están ya capacitados en el nuevo sistema penal acusatorio, es más,
la secretaria va más allá, pues afirma que con el nuevo modelo la justicia ya
no será por “moches” a jueces y ministerios, además de que jamás volverá a
escucharse el ya tan clásico mexicano: “usted disculpe”, estribillo que denota
encarcelamiento injustificado de inocentes por años que termina en liberación
al no existir pruebas delictivas. Según la secretaria Fromow, se trata de un
cambio de cultura en la clásica procedencia de la impartición de justicia
mexicana. Sin embargo, preocupan tres aspectos: el primero, que ningún cambio
cultural se da de manera intempestiva, tampoco en un par de años, ni mucho
menos dentro de un sistema tan viciado como el nuestro, en segundo término, se
menciona que se han invertido más de 20 mil millones de pesos, que ciertamente
nadie sabe exactamente en qué se gastaron y, por último, y es quizá el aspecto
más preocupante, es que la encargada de la aplicación de la nueva reforma dice
que es un sistema innovador, que no es una copia de ninguna otra latitud, que
es un sistema que será “muy a la mexicana”, un sistema sui generis. Y es que la funcionaria olvida dos aspectos
importantes: en primer lugar, no contamos con un sistema de procuración de
justicia ejemplar que sirva como referente para aplicación a escala nacional, sino que nuestro sistema
judicial se ha caracterizado siempre por la corrupción y la ineficiencia, y por
otra parte, la premisa de las políticas públicas es precisamente tomar ejemplos
exitosos de otras naciones y “adecuarlos” al contexto actual, situación que
ciertamente no sucedió. En este país partimos de la idea bastante práctica de
que todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario, y por si alguien
lo olvido basta con recordar a José Antonio Zúñiga, el presunto culpable, quien
sufrió el calamitoso proceder de los ministerios públicos de nuestro sistema
judicial. Y sin ir más en retrospectiva, los casos Ayotzinapa y Tlatlaya reflejan
un sistema ineficiente que fabrica culpables mediante la tortura y utiliza
métodos bastante cuestionables desde el punto de vista profesional y del enfoque
de los derechos humanos. Y la mejor prueba, es el estudio del CIDAC titulado:
Hallazgos de 2015, que afirma categóricamente que el 83% de los más de 350.000
policías de todos los niveles no están capacitados para adaptarse al nuevo
sistema de justicia, con serias deficiencias como no saber preservar de forma
adecuada las escenas de los crímenes, no resguardan evidencias potencialmente
útiles y no saber cómo acercarse y cuidar a las víctimas, centrando sus
esfuerzos en “quienes les parezcan sospechosos”. Así de contundente nuestra
realidad. Sin embargo, la solución va por tres caminos: renovación absoluta de
jueces y magistrados, métodos de control de confianza con criterio nacional
para todas las policías, y, por último, transparencia absoluta, atendiendo el
viejo principio de que las averiguaciones deben ser privadas y los juicios
públicos. De esta manera, una averiguación obliga a investigar posibles actos
ilícitos de personas que pueden resultar finalmente inocentes, y una vez que
las averiguaciones pasan a formar parte de un juicio, en ese momento deben
volverse públicas porque la sociedad tiene derecho a saber si las pruebas son
fidedignas, de esta manera, el sistema se vuelve más certero y profesional. La
solución no es problema, el problema es querer hacer todo al estilo mexicano,
aquél estilo que cambia todo para que simplemente todo siga igual.
