Se hace llamar el Violómetro, y es
un interesante dispositivo de medición del desempeño legislativo de nuestros representes
populares que mide, por una parte, el cumplimiento en tiempo y forma de las
obligaciones constitucionales en materia de confección de leyes secundarias, y,
por otra parte, nos permite calificar el grado de eficiencia del trabajo que
realizan nuestros diputados y senadores.
La premisa del Violómetro es
sencilla, pues muestra cuales son las leyes que por mandato constitucional
debieron ser aprobadas en un plazo perentorio, pero que siguen sin aprobarse a
pesar de haber concluido dicho plazo violando con ello la encomienda
constitucional de nuestros representantes en el poder legislativo. O en otras
palabras, nos permite conocer en tiempo real la ineficiencia de diputados y
senadores a la vez que desnuda la violación de preceptos constitucionales por
parte de quienes se supone elaboran las leyes a las que todos debemos
someternos en este país. Al momento de
la redacción de esta columna, el violómetro registra 19 leyes que han concluido
con su plazo para su aprobación, pero que siguen durmiendo el sueño de los
justos. Leyes tan importantes para el funcionamiento institucional de nuestro
país como lo son: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, que debió ser aprobada desde Febrero de 2015, Ley del CONEVAL y
del consejo de dicho instituto, que debieron quedar terminadas desde Junio y
Abril de 2014, respectivamente, Ley de Transición energética, pendiente desde
Diciembre de 2014, Ley General en materia de desaparición forzada, pendiente
dese Enero de 2016. Así mismo, próximamente por agregarse a esta vergonzosa
lista se encuentra la Ley General de Transparencia, cuyo periodo para
aprobación vence el 5 de Mayo del presente y la ya tan necesitada Ley del
Sistema Nacional Anticorrupción que vence plazo el 28 de Mayo del presente.
Como podemos observar, son
precisamente los encargados de confeccionar nuestras leyes los mismos que
violan de manera sistemática el mandato constitucional que establece tiempos y
plazos para la aprobación de leyes de gran calado como las mencionadas, esto
sin mencionar que dicha abulia legislativa es inversamente proporcional al
estipendio que reciben mensualmente cada diputado, que asciende a la cantidad
de 148 mil 558 pesos, y de 236 mil 67 pesos para cada senador. Es decir, ni
siquiera por recibir un sueldo bastante generoso son capaces de cumplir con sus
funciones básicas de aprobar las leyes que nuestro país necesita.
Sin duda, este esfuerzo del prestigiado
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) pone en evidencia la
abulia de nuestro congreso de la unión, pero también nos entrega una poderosa
herramienta ciudadana para pedir una explicación de tanta ineficiencia para la
próxima vez que nuestro representante popular se aparezca a solicitar el apoyo
para su reelección gracias a las nuevas
leyes electorales que así lo estipulan.
