Para muchos, entre ellos me incluyo, la noticia del avance de la iniciativa
de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
resulta sumamente alentadora, sobre todo porque al menos para el caso
coahuilense, en carne propia sabemos de las consecuencias del terrible endeudamiento
y el desvío de más de la mitad de dichos recursos sin saber hasta el momento en
dónde se encuentra esa inmensa cantidad de dinero (17,000 millones de pesos) Es
más, sin ir más lejos, en la región contamos con el municipio más endeudado:
Nava, con un endeudamiento de más de 32 millones de pesos. Y es que en términos
generales, la Ley de disciplina financiera a simple vista resulta ser bastante
atractiva: límites de endeudamiento para Estados y Municipios, garantía de pago
a acreedores sin poner en riesgo la salud de las finanzas públicas, justificación
de endeudamiento gubernamental. Desde luego que somos muchos los que exigimos
que se justifique cada contratación de créditos que realizan cualquiera de los
tres ámbitos de gobierno, además de que por supuesto debe haber un tope porcentual
de endeudamiento de manera tal que se garantice el pago de las obligaciones
contratadas.
No obstante, como reza el viejo adagio: “no todo lo que brilla es oro”,
pues a pesar de lo atractiva que parece ser la iniciativa, la misma no
contempla aspectos tan esenciales como lo son las auditorias ni tampoco
contiene un catálogo de infracciones o multas para aquellos que hagan mal manejo
de la deuda pública. Es decir, la parte punitiva que sirve como disuasivo de
malas prácticas no aparece por ningún lado, por lo que dicha iniciativa resulta
ser de origen un agresivo perro, pero sin dientes. No es la primera vez que las
legislaciones en nuestro país se confeccionan sobre buenas intenciones sin
contemplar el apartado de las sanciones, por lo que la mera existencia de las
mismas se vuelve solo formal. Otro de
los aspectos que preocupan, es que la iniciativa permite el incremento
porcentual de la deuda de 3% a 6.5% del PIB si las finanzas resultan ser sanas,
lo cual parece contradictorio, pues finanzas sanas no significa que deban destruirse
solo por el hecho de ser sostenibles al permitirles endeudarse.
Es cierto que la contratación de deuda es necesaria para impulsar el
desarrollo social, sin embargo, cada peso debe estar vigilado tanto en su justificación
para ser contratado como crédito, así como el destino final para el cual fue
presupuestado. La iniciativa debe devolverse a la cámara baja y contemplar la
solución de las falencias estructurales que de origen trae esta ley en
potencia. Porque de lo contrario, tendremos otro compendio normativo
vanguardista, necesario, imprescindible, pero a final de cuentas ornamental y
vacuo.
