El reciente informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado
de Estados Unidos es categórico y directo: Nuestro país presenta “problemas
significativos” en dicho rubro que afectan directamente nuestro crecimiento y
desarrollo. Y es que problemas tan graves señalados en dicho informe son difíciles
de soslayar y son tan evidentes que no puede haber pronunciamiento oficial en
contra. Sucesos tan lamentables como la corrupción y abusos periódicos tanto de
las policías como de las fuerzas armadas y la impunidad de los mismos son temas
que no dejan de ser mencionados en dicho informe: asesinatos ilegales, tortura,
desapariciones y abusos físicos. Además de hacer especial mención en el caso de
los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y el tan sonado caso de
los civiles ultimados por militares en Tlatlaya.
Parte de este problema de impunidad recae principalmente en los cuerpos de
seguridad locales, quienes son señalados como los principales conculcadores de
derechos humanos. De igual manera, se menciona un panorama adverso para los
periodistas quienes recibieron ataques del crimen organizado en altos niveles
de violencia con la permisividad del gobierno que simplemente es incapaz de
someter a la delincuencia y de proteger a los ciudadanos. El informe es
demasiado tajante y en un apartado aduce lo siguiente: “Grupos del crimen organizado "también fueron responsables" de
muchos asesinatos similares, "a menudo con impunidad y coaligados con
funcionarios corruptos estatales, locales y de seguridad", afirma el
informe”.
Todo lo anterior es un escenario cuyo contenido no resulta novedoso en
nuestro país, pues es una realidad que los Derechos Humanos no son una
prioridad del gobierno mientras que poco se ha hecho en los temas referentes a
la seguridad, corrupción e impunidad. Las nuevas estrategias como el Sistema
Nacional Anticorrupción y la intención de eliminar las policías municipales
formando solo 32 mandos únicos parecen ser un avance, pero resulta ser timorato
y cortoplacista. Ya que el mismo sistema carece de acciones precisas y las
mismas policías estatales están contaminadas de corrupción, ineficiencia e
impunidad.
No es necesario que un informe extranjero desnude nuestra realidad, menos
si proviene de un país que mide los Derechos Humanos con doble rasero al poseer
prisiones en el mundo entero donde se violan DD.HH de manera perenne. Quizá el único
beneficio es que se supone que el congreso de Estados Unidos solicita estos
informes para determinar relaciones y apoyos hacia países amigos y en ese
sentido la presión pudiera ser interesante si nos condicionaran apoyos o
negocios a cambio de seguridad y combate eficaz a la corrupción. Esta sería la
conclusión y pragmatismo ideal de un
informe de esta naturaleza cuyas implicaciones ya sabemos todos los
mexicanos y que de ninguna manera podemos rebatir por más recalcitrante que sea
nuestro nacionalismo. De otra manera, solo será un informe más destinado al
archivero de nuestras verdades históricas.
