Las reformas constitucionales son siempre complejas, no sólo por las
negociaciones que le anteceden, sino por la misma complejidad procedimental que
se encuentra detrás de cada una de ellas. El procedimiento no sólo tiene que
ser aprobado por ambas cámaras legislativas, lo que de entrada supone ser algo
sumamente complejo, dadas las condiciones de discordia que históricamente ha
caracterizado a nuestro poder legislativo. Sino que también tiene que ser
aprobado por lo menos por 17 legislaturas estatales, lo que representa 17
negociaciones locales que deben vencer trabas y discusiones y una vez superado
estos requisitos, el ejecutivo firma las reformas aprobadas para que sean
publicadas en el diario oficial de la federación, lo que abre la puerta a un
periodo para que todas las entidades federativas que están dentro del pacto
federal adecuen sus legislaciones locales con respecto a las reformas
constitucionales que fueron aprobadas en el proceso antes mencionado.
Una de estas reformas que tuvo que atravesar todo el procedimiento antes
mencionado fue sin duda la reforma educativa. Y todos los candados que lleva en
sí mismo el proceso de reforma son garantía de que la misma es necesaria e
imprescindible, por lo que todos los estados y las instituciones correspondientes
deben sujetarse a los preceptos de la misma. Sin embargo, y a pesar de la
aprobación de la reforma en materia educativa, existen entidades que hasta la
fecha no han aplicado los cambios para armonizar las leyes locales a la nueva
ley educativa federal.
El ejecutivo ha interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación tres controversias constitucionales en contra
de cuatro entidades federativas: Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora. En los
tres últimos casos, las leyes locales invaden la competencia de las leyes
federales, lo cual no significa que no sea un asunto grave, sin embargo, el
caso de Oaxaca es emblemático y significa una afrenta directa al llamado “pacto
federal”, a la cultura de la legalidad y al sistema democrático representativo,
puesto que Oaxaca ha omitido totalmente las nuevas disposiciones violentando
con dicho desacato el federalismo en nuestro país, conculcando la alianza del
pacto federal, enviando un mensaje de que las leyes pueden no obedecerse si
trastocan intereses o simplemente no le parecen a cualquier inconforme, y en
eso recae la cultura de la legalidad, en el respeto a las leyes, a las
disposiciones derivadas de procesos legales y democráticos. Finalmente, se
atenta contra la misma democracia y el sistema representativo, pues se supone
que la ley fue aprobada por diputados y senadores que representan a los
ciudadanos y a las entidades federativas, por lo que la ley está debidamente
encauzada y legitimada, no obstante, eso parece no importarle al gobierno de
Oaxaca, quien abiertamente ha decidido omitir totalmente la aplicación de la
ley como si de un pequeño feudo se tratara, ante lo cual, nos resta observar el
desempeño de la SCJN ante este gravísimo caso de insubordinación y que de no
atender, se sentará un pernicioso precedente que dejará ver la debilidad de nuestras
instituciones y la farsa de la democracia.
