Como producto de la narcoguerra desatada por el gobierno federal y cuya mala planeación ha arrojado hasta la fecha poco más de treinta mil muertos en nuestro país, y cuyos efectos han conculcado nuestro frágil Estado de derecho y han puesto en tela de juicio las garantías individuales de los ciudadanos y de los profesionistas, particularmente los periodistas; es que se llevó a cabo en la Ciudad de México, hace un par de semanas, una reunión de aproximadamente 700 medios de comunicación.
Esta reunión, bautizada como “Acuerdo Contra la Violencia”; busca garantizar la libertad de expresión en un entorno de criminalidad y violencia funcional extrema. De hecho, según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), México se ha vuelto el país más peligroso del orbe para ejercer el periodismo, superando al otrora primer lugar: Irak.
Dicho acuerdo tiene tres puntos nodales: Objetivos del Acuerdo, Principios Rectores y Criterios Editoriales.
Sin embargo, sin ánimo de parecer un aguafiestas y negativista a ultranza; sino todo lo contrario, un realista con la toda la objetividad posible, me atrevo a afirmar que dicho acuerdo rayó en la superficialidad y nos ofreció los clásicos qué´s, sin mencionarnos los cómos dejándonos de paso muchas más dudas que certezas.
Lo anterior lo afirmo derivado de los tres puntos nodales cuyas particularidades glosaré lacónicamente a continuación: En los objetivos del acuerdo, se menciona principalmente el proponer criterios editoriales comunes para que la cobertura informativa de la violencia que genera la delincuencia organizada con el propósito de propagar el terror entre la población no sirva para esos fines. Asimismo, implementar mecanismos que impidan que los medios se conviertan en voceros involuntarios del crimen organizado.
Hasta allí todo parece marchar sobre ruedas, el detalle, es que dichas acciones, aquí y en Turkmenistán se les conoce con el nombre de Censura; o mejor dicho autocensura. Ahora resulta que los acontecimientos derivados de la actuación del crimen organizado por grotescos que fuesen y que conlleven un mensaje ya no serán más cubiertos por la prensa para evitar publicidad gratuita. Definitivamente el país del “no pasa nada” nos quedaré acorde y por antonomasia.
Continuando con lo mismo, pero en el segundo punto: principios rectores; el escenario es muy similar: respeto a la libertad de expresión y de prensa, obligación de los medios para informar con profesionalismo y responsabilidad social sobre lo que se informa.
Aquí no solo la petición ofende, sino que la contradicción se hace presente; ¿cómo se le puede pedir respeto a la libertad de expresión a la delincuencia, si ni siquiera el mismo gobierno federal es capaz de respetar a los medios de comunicación al actuar como tal represor?; y para muestra dos botones: Proceso y Carmen Aristegui, figuras mediáticas atacadas por el mismo gobierno. Allí está la ofensa, si quien se supone representa el imperio de la ley no respeta la libertad de expresión, que se puede esperar de los grupos que actúan al margen de la misma. Finalmente, la contradicción aparece al mencionar la obligación de informar con profesionalismo y la responsabilidad social inherente ha dicho proceso, cuando en los objetivos, tácitamente, mencionan que de ahora en delante la ley mordaza será la consigna, supuestamente para evitar propaganda en comparsa.
Por último, los criterios editoriales también tiene lo suyo: no prejuzgar culpables, proteger a los periodistas, alentar la denuncia ciudadana, etc. Para empezar, el no prejuzgar culpables supondría un giro de 360 grados en la manera en como se hacen las cosas en este país. Se supone que de ahora en delante cada vez que las fuerzas de seguridad detengan a cualquier delincuente, éste no será evidenciado en ningún medio de comunicación, al menos hasta que un juez emita sentencia condenatoria. La verdad no imagino como pudiese suceder esto, si apenas se detienen a algunos malandros y los medios en avalancha acuden al hangar de la policía federal para la primicia periodística. Asimismo, se habla de proteger a los periodistas, pero no dicen cómo hacerlo. También hacen hincapié en alentar la denuncia ciudadana, como si las condiciones institucionales permitieran la denuncia anónima y segura y garantizaran efectividad inmediata.
Definitivamente, si de lo que se trataba era de buscar mecanismos para el ejercicio periodístico pleno y seguro en estos tiempos de crisis, el camino no fue el más acertado, hubiese resultado más pragmático hacer entrega de chalecos antibalas a los periodistas o anunciar que de ahora en delante las notas relacionadas con la inseguridad serían presentadas como anónimas. De esa manera la culpa de las notas incómodas serían para los dueños de los consorcios y no para los reporteros quienes, cabe mencionar, sólo realizan su trabajo para poder comer.
Este acuerdo, pues, sólo servirá para la foto y la nota del día, ya que quienes firman, realmente no tiene el apuro que muchos de sus colegas en otras partes del país; porque una cosa es segura; no es lo mismo una nota relacionada con la inseguridad mencionada por Loret de Mola en el D.F.; que una nota con las mismas características de Juan Pérez en Ciudad Juárez.
¿PERÚ A LA IZQUIERDA?
Nuevamente Ollanta Humala ha ganado en la primera vuelta para las elecciones presidenciales en el país andino, el detalle, es que lo mismo le sucedió en la elección pasada y fue derrotado en segunda vuelta por Alan García. Esta vez las condiciones no son exactamente las mismas para la izquierda, sin embargo, el escenario es extremadamente parecido.
