La reforma electoral –tardía- planteada por el ejecutivo, representado por Felipe Calderón, al congreso de la unión resulta en parte revolucionaria y da visos de transformación y vitalidad a nuestro ya desgastado y moribundo sistema político electoral; el decálogo de iniciativas presidenciales trae consigo un hálito de esperanza enmarcado en acciones pendientes que no se abordaron en la pasada reforma electoral (2007); puesto que el espíritu de aquella reforma fue el de enmendar los errores de los vapuleados comicios del 2006; es decir; las campañas negativas, la nulidad abstracta, entre otras reformas poco trascendentes.
No obstante, esta nueva propuesta trae consigo una sarta de dudas en lugar de certezas; que vuelven confusa en si misma la iniciativa presidencial. Veamos:
Por un lado; la iniciativa que propone duplicar el porcentaje de votos que deben obtener los partidos para mantener su registro es loable pero corta; el requisito debió ser un poco más alto; como mínimo de 5%.
No obstante, esta nueva propuesta trae consigo una sarta de dudas en lugar de certezas; que vuelven confusa en si misma la iniciativa presidencial. Veamos:
Por un lado; la iniciativa que propone duplicar el porcentaje de votos que deben obtener los partidos para mantener su registro es loable pero corta; el requisito debió ser un poco más alto; como mínimo de 5%.
En lo que se refiere a la iniciativa preferente presidencial y que consiste en que deben atenderse de manera expedita las iniciativas presidenciales por el congreso so pena de aprobación automática me parece una excelente idea; el plazo perentorio es similar a la ley guillotina en Francia. La reelección es también una excelente propuesta; le inyecta dinamismo al sistema político y permite la profesionalización de los cuadros legislativos. La capacidad de que el poder judicial emita propuestas es también saludable; quien mejor que el habitante de la casa para proponer mejoras a su recinto; finalmente, serán sólo propuestas en acto y leyes en potencia si así lo decide el congreso. La reducción de las dos cámaras legislativas es también saludable y necesaria; ya es bastante el descontento social con el estipendio que reciben los legisladores; esto más los bonos, viáticos, prebendas, canonjías, que reciben los legisladores contrastado todo esto con su poca productividad y profesionalismo.
A su vez, la propuesta de iniciativa ciudadana permite la incorporación social en las revoluciones legislativas; por ello es también plausible la propuesta; aunque los parámetros de la participación deben ser asequibles para el pueblo y sus alcances y limites bien definidos. Para esto debe ser modificado el artículo 105 constitucional.
Lo que resulta un tanto confuso; es el aspecto de las candidaturas independientes. Estas obedecen, principalmente, al desgaste de nuestro sistema de partidos. El problema es que no queda claro como será el procedimiento nodal de toda candidatura política; me refiero al financiamiento. Por una parte; si éste resulta ser público, mi entendimiento no alcanza a comprender de que manera el Estado podría financiar a cientos de candidatos de manera equitativa; puesto que las campañas requieren recursos para poder funcionar; por el otro lado; si el financiamiento fuera privado, este podría ser presa fácil de dinero de dudosa procedencia; y dejaría de paso sin la esperanza de poder competir a un número considerable de participantes que no cuenten con recursos; lo cual significa que la plutocracia sería la única con la capacidad de competir; y esta clase por definición, se encuentra enquistada en la cúpula de los partidos políticos; por lo que la medida denominada candidaturas independientes tan sólo sería un disfraz de representación política. La duda, pues, merodea de manea latente en derredor de la propuesta presidencial, particularmente en este aspecto tantas veces reclamado por la sociedad, pero muy poco analizado su desarrollo dentro de nuestro inexpugnable sistema de partidos.
A su vez, la propuesta de iniciativa ciudadana permite la incorporación social en las revoluciones legislativas; por ello es también plausible la propuesta; aunque los parámetros de la participación deben ser asequibles para el pueblo y sus alcances y limites bien definidos. Para esto debe ser modificado el artículo 105 constitucional.
Lo que resulta un tanto confuso; es el aspecto de las candidaturas independientes. Estas obedecen, principalmente, al desgaste de nuestro sistema de partidos. El problema es que no queda claro como será el procedimiento nodal de toda candidatura política; me refiero al financiamiento. Por una parte; si éste resulta ser público, mi entendimiento no alcanza a comprender de que manera el Estado podría financiar a cientos de candidatos de manera equitativa; puesto que las campañas requieren recursos para poder funcionar; por el otro lado; si el financiamiento fuera privado, este podría ser presa fácil de dinero de dudosa procedencia; y dejaría de paso sin la esperanza de poder competir a un número considerable de participantes que no cuenten con recursos; lo cual significa que la plutocracia sería la única con la capacidad de competir; y esta clase por definición, se encuentra enquistada en la cúpula de los partidos políticos; por lo que la medida denominada candidaturas independientes tan sólo sería un disfraz de representación política. La duda, pues, merodea de manea latente en derredor de la propuesta presidencial, particularmente en este aspecto tantas veces reclamado por la sociedad, pero muy poco analizado su desarrollo dentro de nuestro inexpugnable sistema de partidos.
