Nuevamente seguimos siendo punteros, lamentablemente no en actividades o acciones loables, sino todo lo contrario, pues según el índice Global de Delincuencia, nuestro país lidera el tráfico humano en América Latina y cuarto lugar a nivel mundial, a grado tal que la organización califica el fenómeno como una creciente amenaza global. El GI-TOC (iniciativa global contra el crimen organizado trasnacional) revela datos bastante deleznables: tráfico de cocaína y drogas sintéticas, contrabando de armas, heroína y personas son los crímenes de mayor arraigo en México. Para el caso particular del tráfico de personas, a propósito de las caravanas migrantes que han cruzado nuestro país en los últimos años, es el delito más grande y sofisticado de toda la región, y es fácil de entender el fenómeno en el sentido de que somos el país que conecta con uno de los mercados laborales más grandes del mundo y el más anhelado por aquéllos que buscan el sueño americano que huyen de la miseria, violencia o falta de oportunidades en sus respectivos países de origen. Hay que precisar la diferencia entre los términos de tráfico de personas y trata de personas que suelen ser usados como sinónimos, pero que observan diferencias bastante disímbolas. El protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire define al tráfico de personas como la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un Estado al cual no pertenezca para obtener un beneficio financiero, entiéndase trabajar y obtener pagos a cambio. Por otra parte, el protocolo de Palermo define la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado de personas, recurriendo al uso de la fuerza, al rapto, al fraude, al engaño o al abuso de poder con fines de explotación. Por lo tanto, en lo que somos líderes es en trasiego de personas hacia los Estados Unidos, negocio que ha ido creciendo tanto por la falta de oportunidades en México como por las diversas caravanas tanto de hondureños o haitianos que hemos seguido en medios desde hace tiempo en su trayecto hacia el país del norte. Y este tráfico ha sido casi monopolizado por los carteles del crimen organizado. Los migrantes se han vuelto, a decir de la ONU, “mercancías” y son víctima de estas organizaciones que cobran como mínimo 7 mil dólares por persona. Esta irrupción del crimen organizado en el tráfico de personas inició en 2009, en plena lucha antidrogas del presidente Calderón, y se ha vuelto hasta hoy un negocio bastante redituable que deja ganancias aproximadas de un millón de dólares al mes y que se ha exacerbado por motivos tanto económicos como políticos, pues en este último punto el cambio de discurso del actual presidente Biden ha sido más suave en el tema de migrantes con respecto al de Trump al prometer la regularización de los migrantes que residen ya en territorio estadunidense con lo cual ha incitado que más migrantes intenten ingresar a la unión americana en la búsqueda de este beneficio que fue promesa de campaña del actual presidente demócrata. Ciertamente la migración se trata de un problema trasnacional, muy ajeno al gobierno mexicano, pero que sin duda tiene su origen en las estrategias fallidas de los gobiernos del PAN, PRI y morena para frenar a los grupos delictivos que han diversificado sus negocios y que hoy nos tiene de nuevo en los ignominiosos primeros lugares de las peores listas mundiales al aprovechar los actuales flujos migratorios.
