Estamos en el corazón del proceso electoral en Coahuila, es decir, en la etapa de las campañas, en donde de manera atípica y por vez primera los candidatos tienen la prohibición de realizar eventos masivos y conducirse con medidas sanitarias por el tema del COVID; sin embargo, lo que de manera superficial se ha modificado de manera coyuntural, en el fondo sigue funcionado de la misma manera, es decir, las felonías o delitos electorales siguen realizándose de manera normal, habitual, “como siempre”; dirían algunos conformistas por así convenir a sus intereses. Y es que el audio escándalo en donde una persona que parece ser el director de desarrollo social del municipio de Allende da órdenes al personal de la presidencia municipal de levantar listados para apoyar a la fórmula de UDC para la actual candidatura a diputación local por el distrito 05 que presenta a César Menchaca como candidato; a cambio de varios regalos a quienes cumplan con la meta y de serios castigos ligados al despido a quienes no demuestren con evidencia fotográfica la orientación del voto de las personas que previamente debieron haber enlistado. Además, los invitan a acarrear personas el día de los comicios asegurando que no es delito hacerlo. Se trata de serias conculcaciones a la ley, en particular la Ley Federal en Materia de Delitos Electorales, que ciertamente define esos dos actos como delitos: acarreo y toma de fotografía del voto. En su artículo séptimo, capítulo dos, la ley señala que habrá sanción de 50 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a tres años a quien: I. [...] Organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto; y II. Solicite u ordene evidencia del sentido del voto. Finalmente, en el artículo 22 se señala que las autoridades de las entidades federativas serán competentes para investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos establecidos en esta ley cuando la elección no sea federal; por lo tanto, les corresponde a las autoridades locales realizar las investigaciones derivadas del audio que circula en redes. De todo esto podemos colegir tres conclusiones: en primer lugar, la falta de congruencia de un partido que llegó luchando contra las mala prácticas que le eran propias a partidos tan inveterados como el PRI, partido acostumbrado al acarreo y a la coacción del voto. Al parecer la UDC aprendió rápido. En segundo lugar, los procedimientos al margen de la ley que además parecen implicar malversación de recursos públicos, pues se habla de cinco grandes premios para quienes consigan más votos, lo cual se antoja imposible que salga de la bolsa particular del alcalde o de algún otro funcionario. Finalmente, el lamentable conformismo ya sea por conveniencia o por hastío, ya que hay personas que arguyen que se trata de prácticas tan comunes que ya no debemos sorprendernos, y por consecuencia, no hacer nada. Esto le conviene a los simpatizantes del partido que buscan votos a como de lugar sin importarles los métodos, con tal de seguir manteniendo privilegios o simpatías de la actual autoridad y aquéllos que realmente ya están fastidiados de ver siempre que cada partido comete arbitrariedades como si se tratara de una condición sine qua non de cada gobierno desilusionándose cada vez más del sistema y decidiendo ya no volver a votar, lo cual beneficia a los conformistas por conveniencia. Se trata, pues, de un delito electoral tipificado, esperemos que se realice la investigación por oficio o por denuncia porque el gran mal que permite que estas prácticas permanezcan es la falta de denuncia y de castigo para evitar que se vuelvan a presentar.
