Se trata a todas luces de una organización que viola sistemáticamente el Estado de Derecho, aunque ciertamente no es la única, pues además de Onappafa, Anapromex, Fedepafa, UCD, etc., son organización que se dedican al registro de autos norteamericanos que circulan en México; ofreciendo una supuesta garantía de derecho de circulación por las carreteras del país al pagar a dichas organizaciones una cantidad de dinero por el derecho al engomado. Se trata también de un negocio bastante lucrativo, pues al menos para ONAPPAFA, existen aproximadamente cinco millones de vehículos que circulan con este tipo de placas, a un costo de aproximadamente dos mil o tres mil pesos por unidad. Estamos hablando entonces de un negocio bastante exitosos para quienes dirigen la organización, pero que, sin embargo, la seguridad que se ofrece a quienes deciden empadronar su unidad no es más que una quimera que se difumina con operativos de decomiso que llevan a cabo autoridades estatales con la intención de combatir la evasión de impuestos que significa el usar placas de estas organizaciones. El principio de conculcación del Estado de Derecho es simple, solo la autoridad tiene el derecho de elaborar un padrón de usuarios de vehículos, cobrar el impuesto por poseer los mismos y entregar a usuarios las placas que les den identificación a los automóviles. El que se conforme una organización que de pronto elabore su propio padrón, al margen de la legislación en la materia, que entreguen sus propios engomados o placas a usuarios; diferentes a las que están registradas en plataformas como las de seguridad nacional que vuelven identificable un vehículo por razones de seguridad que sin duda nos convienen a todos; y que además cobren sus propias cuotas por el derecho al registro de usuarios en beneficio de los dueños de las organizaciones en detrimento de las arcas públicas -pues son las autoridades quienes se suponen deben cobrar impuestos por circulación para con esos recursos realizar obras públicas- resulta ser sin duda una flagrante violación y una afrenta directa al Estado de Derecho, a la legalidad misma y a la autoridad competente que de pronto se ve rebasada por el derecho que reclaman quienes dicen estar asegurados por una organización que alardea de la defensa al patrimonio familiar cuando en realidad se enriquece con la venta de falsa seguridad sobre tenencia vehicular. Es fácil entender el reclamo de los usuarios ante los intentos de decomiso de vehículos por parte de la autoridad; es fácil entender que vivimos en un país con 60 millones de pobres, pero resulta que no son los más pobres los que cuenta con vehículos, pues según estadísticas existen en México aproximadamente 30 millones de vehículos particulares (Milenio, 2018) circulando y mayoritariamente pertenecientes a una clase media, no al estrato más bajo de la sociedad. En lo personal, conozco individuos, hasta familiares, que cuentan con dos o tres vehículos Onappafa, que semanalmente erogan cantidades generosas para sus diversas juergas, pero que se rehúsan a pagar impuestos al Estado al regularizar la situación legal de su(s) vehículo(s). Desde luego que debe haber también quienes realmente usan el automóvil como medio para subsistir y no cuentan con recursos suficientes para pagar un refrendo, plaqueo o regularización. Me parece que el Estado, antes de decomisar, debe realizar esfuerzos para quebrar jurídicamente a estas organizaciones que fomentan las actividades ilegales como el empadronamiento de vehículos; así mismo, otorgar facilidades de regularización, con la condición del pago anual del refrendo y replaqueo. Sería más benéfico para el Estado condonar regularizaciones y comenzar de cero a cobrar impuestos por circulación. Se trata de buscar soluciones que, a largo plazo, supongan un beneficio tanto para el Estado como para la ciudadanía y de paso, acabar con las organizaciones que fomentan la violación sistemática del Estado de Derecho.
