Nadie dijo que sería fácil, en lo personal algunos amigos y conocidos me
aseguraban que no tenía caso el esfuerzo, sin embargo, formé parte de la
iniciativa ciudadana “Tres de tres” como recolector de firmas para enviar una
propuesta ciudadana de ley para combatir la corrupción en este país. Lo difícil
de esta campaña ciudadana no consistía en la recolección de apoyo mediante
firmas, sino en las propias resistencias que la ley “tres de tres” encontraría
a su paso precisamente en la clase política representada por nuestros diputados
y senadores que, ciertamente, algunos de ellos representan el lado más oscuro
de la legalidad y que atienden intereses que luchan porque esta ley no
prospere. Esta propuesta cívica que consiste en tres declaraciones
(patrimonial, de intereses y fiscal), va mucho más allá del ineficiente Sistema
Nacional Anticorrupción que echó a andar el gobierno de Peña Nieto y que sin
duda se ha caracterizado por ser solo un adorno más dentro de nuestro sistema
de buenas intenciones que buscan cambiar para que todo siga igual.
Las resistencias vienen disfrazadas de simpes formalismos que amenazan la
eficiencia de dicha iniciativa. Para empezar, sucede lo mismo de siempre, las
dos cámaras no logran ponerse de acuerdo en aspectos que resultan axiales para
el buen funcionamiento de esta ley, pues temas como los tipos penales sobre los
delitos de corrupción y las especificaciones sobre las competencias de la nueva
Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Corrupción no han sido ni
detallados ni mucho menos acordados, y es que de manera sencilla, sin tipificar
cada uno de los delitos que van desde falsear información hasta desviar
recursos públicos en beneficio propio, además de crear al organismo encargado
de enfrentar la corrupción sin claras y detallas atribuciones, parecen ser una
especie de complot para que dicha ley pase a formar las filas de las buenas
intenciones. Por si esto fuera poco, en lo referente a las declaraciones patrimoniales,
existe en riesgo de que aprueben que cada funcionario pueda presentar una
pública y una privada, con lo que la transparencia se vería acotada y el combate a la corrupción no se
entiende sin la transparencia. Los autores de estos obstáculos y resistencia,
cabe mencionar, son plenamente identificados y pertenecen a las bancadas del
PRI y el PVEM.
El otro obstáculo o resistencia, sin duda, es el tiempo, pues parece a
propósito que cuando se trata de leyes de gran calado, lo dejan todo al final
para que en las llamadas “sesiones maratónicas” aprueben todo sin las
observaciones adecuadas y sin darle tiempo a organismos externos de opinar
sobre los dictámenes de leyes antes de su aprobación. Y es precisamente lo que está
sucediendo en estos momentos, pues el lunes culmina el periodo ordinario de
sesiones y para ese día se planea aprobar la ley en lo general en sesión
maratónica, lo cual sencillamente no augura nada bueno.
La corrupción, sin duda, es el mayor problema que afecta a nuestro país, y está
presente en todos lados, ante el magro panorama, la ley tres de tres supone ser
un inyección para eliminar el mal, sin embargo, la iniciativa se encuentra en
peligro, y al parecer somos pocos los que estamos alarmados por el posible
fatídico desenlace de esta iniciativa, y en esa apatía del gran resto de los
ciudadanos, radica la esencia del verdadero mal, pues la corrupción vive
gracias a la indiferencia ciudadana.
