SINALOA EN LLAMAS

Ya son seis meses de una violencia que no parece tener fin y que ha colmado ya la paciencia de ciudadanos que han salido ya a manifestarse ante la ineficiencia del Estado para frenar este problema; si bien es cierto el mal obedece a una riña entre grupos delictivos derivado de la detención del Mayo Zambada por una supuesta traición de los llamados Chapitos; lo cierto es que la tensión es tan elevada que el orden y la paz se han alterado por completo. No se puede defender lo indefendible, si bien es cierto se trata de grupos delictivos que se les ha permitido crecer durante décadas y que no nacieron en este sexenio ni el anterior, la realidad es que se trataba de un barril de pólvora que tarde o temprano iba a estallar y que no puede reducirse a una explicación tan simple como la que la presidenta Claudia Sheinbaum piensa exigir al gobierno norteamericano sobre los pormenores de la detención del Mayo para culparlos a ellos del estallido de violencia actual. No, en estos momentos el pueblo de Sinaloa no necesita un informe del origen de la violencia, necesita acciones del Estado para enfrentar el problema y resolverlo, de entrada, la no permanencia del gobernador del Estado, Rubén Rocha, se antoja como el primer paso, si bien es cierto que la presidenta no tiene la autoridad para remover al gobernador de su encargo, sí debería hacer la recomendación pública al congreso local para que inicie con el procesos de restitución o bien, como colegas partidistas, invitarlo amablemente a que renuncie al cargo que le ha quedado bastante grande al no solo no poder enfrentar la oleada de violencia, sino al afirmar que en Sinaloa se vive “perfectamente bien”. Tal grado de cinismo no puede ser tolerado por nadie, y aunque nos queda claro que las entidades federativas no tienen poder de fuego para enfrentar a grupos delictivos de la talla de los que radican en Sinaloa, la empatía del mandatario debe ir en sintonía con el padecimiento de sus gobernados. Hasta el momento todo parece indicar que a la presidenta le preocupa más el fracaso político de su partido en caso de remoción del gobernador, si bien es cierto también se ha incrementado la presencia de fuerzas federales en aproximadamente ya más de seis mil elementos de marina, ejército y guardia nacional y se han dado resultados como el desmantelamiento de células en varios municipios y el decomiso de armas y la detención de sospechosos, las acciones están lejos de resolver el problema. No sabemos si la estrategia es la correcta, pero el gobierno federal hace lo conducente en medio de un mar de indignación por la muerte de dos infantes a manos de la delincuencia y cuyo escenario en este momento amerita un sacrificio político mayor para castigar ineficiencia gubernamental. En lo personal entiendo que el gobernador carece de elementos esenciales para enfrentar el mal del crimen organizado, entiendo que la presidenta hace lo necesario, y también que el problema no nació con la detención del Mayo, pero la búsqueda de excusas irrita más que el silencio. Quizá un sacrificio político sea bienvenido a la par del despliegue de fuerzas federales.  

DECRETOS AGRESIVOS

Ha iniciado la Segunda parte de la era Donald Trump en los Estados Unidos, con un claro y específico mensaje para nuestro país; y es que desde la no invitación a su toma de protesta a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, el mensaje es más que claro: el antihispanismo, o más específicamente, antimexicanismo del presidente Trump sería el preludio de una serie de acciones en contra de nuestro país bajo la visión xenófoba que caracteriza a este político estadunidense. Ahora ya como presidente, ha iniciado una avasallante serie de decretos ejecutivos que suman aproximadamente 100 en tan solo dos días de su gobierno, entre estos destacan: directiva para declarar la emergencia nacional en la frontera sur; la negativa para el otorgamiento de ciudadanía automática para los nacidos en EE.UU., hijos de inmigrantes indocumentados; suspensión del programa estadounidense de reasentamiento de refugiados; también ha designado a los carteles de la droga y a las bandas criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras en una lista que incluye a al Qaeda, el autodenominado ISIS y Hamas; así mismo solicitó relanzar los esfuerzos para "construir barreras físicas adicionales a lo largo de la frontera sur".; es decir, continuar con la construcción del muro fronterizo; también volvió a implementar su política de "Quédate en México" en una orden ejecutiva. Cabe mencionar que esta es una medida ya instrumentada en su anterior mandato en la cual devolvió a unos 70.000 solicitantes de asilo no mexicanos al otro lado de la frontera a la espera de audiencias.; así mismo, firmó otra orden ejecutiva para iniciar el proceso de retirada de EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud (OMS); y quizá un acto todavía más preocupante es el otorgamiento del Indulto a 1.500 personas que irrumpieron en el Capitolio de EE.UU y que fueron acusados de sedición dejando en claro que el radicalismo que respalda su ideología será inmune los próximos cuatro años. Finalmente, firmó la eliminación de 80 normas de la era Biden para borrar de un golpe los cimientos dejados por el presidente anterior. Sin duda, su radicalismo ha sorprendido por la velocidad con que han sido firmados sus decretos, y aunque se espera una batalla legal por algunas de sus decisiones que van en contra de enmiendas constitucionales, lo cierto es que nos espera una relación difícil en la que aún no se han tocado los sensibles temas comerciales y que sin duda pondrían en jaque el desarrollo económico de ambas naciones en caso de confrontamiento derivado de decretos ejecutivos en la materia. La segunda parte de la era Trump será un reto para todo el mundo, pues uno de estos decretos inclusive retira a los EE.UU de los acuerdos de París en materia medioambiental en un tema que debe atenderse como lo es el calentamiento global. Aquí, el día de hoy, cobra sentido aquélla frase del intelectual Nemesio García Naranjo que quedara inmortalizada:  “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”.   

DE NUEVO LA ELECTORAL

Ahora le toca a la presidenta Claudia Sheinbaum el intento de reforma electoral que quedó pendiente en el sexenio de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, y entre los temas que contempla la reforma estarán presentes nuevamente el tema de la reducción de legisladores plurinominales, lo cual sin duda es un tema que es bienvenido entre la opinión pública al tratarse de suprimir estos puestos que suelen ser premios para políticos influyentes en cada partido y que permiten que personas nefastas no bien vistas por el pueblo sigan en cargos decisivos en la esfera pública de nuestro país. Sin embargo, el tema que ocupa las líneas de hoy es el relativo a la idea de la presidenta de eliminar la reelección que fue aprobada en la reforma electoral de 2018 que permite que legisladores y alcaldes puedan ocupar consecutivamente el cargo de elección popular. La idea de la reelección es sí es buena, porque permite que un político se someta a un proceso de evaluación por sus gobernados o representados con base en su desempeño durante su respectiva gestión, y aunque el tema de la reelección aplique más en sociedades o países desarrollados con un grado de conciencia cívica bastante desarrollado entre sus habitantes, no significa que en México no haya demostrado su pragmatismo, pues solo como ejemplo, los votantes del municipio de Allende, Coahuila, castigaron en la elección del año pasado al alcalde priísta al negarle la repetición en el cargo ante su evidente ineptitud y casos fehacientes de corrupción que le dieron la victoria al candidato de oposición de la alianza morena-PT., por ello, se trata de un tema que no necesariamente resulta pernicioso por contradecir el postulado maderista de la constitución de 1917; “sufragio efectivo no reelección” que fue incorporado a dicho texto legal. No obstante, más de una centuria ha pasado y las condiciones han cambiado, si bien es cierto nuestra sociedad aún es apática y poco participativa, lo cierto es que lo sucedido en Allende se replicó de igual forma en otros municipios coahuilenses como Nava y Piedras Negras y suponen un proceso de evaluación directa sobre la gestión de alcaldes. También en Yucatán, solo por mencionar otro ejemplo, 22 alcaldes que buscaban la reelección recibieron el voto de castigo por parte de sus gobernados lo cual habla de una sociedad crítica, mientras que 34 lograron la reelección, es decir, un aparente respaldo por sus resultados. En síntesis, se trata de un esquema que castiga o premia y en lo personal debe continuar porque profesionaliza el servicio público al obligar a las administraciones públicas a rendir buenos resultados si desean continuar unos años más en el gobierno, lo mismo sucede con legisladores. Fuera de esto, eliminar pluris, el nepotismo y la disminución del financiamiento a partidos son temas por demás bienvenidos en este nuevo intento de reforma que sin duda alguna prosperará en este nuevo gobierno.  

LA SÙPER SECRETARÌA

El decreto dado a conocer el martes 31 de diciembre en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el pasado miércoles 1 de enero de 2025 da por inicio las labores de la súper secretaría de seguridad pública y protección ciudadana (SSPC) del gobierno federal al mando de Omar García Harfuch. La reforma al artículo 21 constitucional otorga dos nuevas herramientas a esta secretaría que sin duda le dan mayor rango de acción y sobre todo marcan el inicio de la desmilitarización de la seguridad pública en México, me refiero a la investigación y a la fiscalización. Las labores de investigación se refieren a la facultad de investigar delitos, junto al Ministerio Público, las policías y la Guardia Nacional, tal cual se menciona textualmente dentro del artículo señalado que dice: “Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”. Además, esta secretaría podrá solicitar información a cualquier dependencia de gobierno para la investigación y resolución de cualquier delito. Esta importante facultad acelera los procesos de justicia al no depender de la integración de carpetas de investigación de otras dependencias para poder proceder ante cualquier delito, con ello el proceso de investigación y ejecución de estrategias en materia de seguridad pública se vuelve integral. Al mismo tiempo, en materia de fiscalización, la SSPC vigilará y auditará el uso de los recursos que se entregan a los estados y los municipios para el fortalecimiento de sus policías. La Secretaría hará esto a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un dato importante además de estas dos nuevas herramientas asignadas a la SSPC es el camino hacia la desmilitarización de la seguridad pública en México, y precisamente por este último punto esta reforma recibió el espaldarazo de todos los grupos parlamentarios en ambas cámaras del congreso y el respaldo inmediato en las legislaturas locales al tratarse de una reforma constitucional. Y es que la estrategia de seguridad siempre ha estado acotada por las múltiples cabezas que opinaban sobre seguridad dentro del gabinete de seguridad pública (Secretaría de Defensa, Marina y FGR) al tratarse de un grupo colegiado y ahora con la reforma la SSPC obtiene el mismo rango con sus propias herramientas lo cual irá desplazando poco a poco a las estrategias militares que se llevan implementando en nuestro país desde hace ya varios sexenios. Progresivamente la reforma irá arrojando frutos en sus tres ejes principales: la integración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la investigación de delitos, la coordinación interinstitucional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el fortalecimiento en las acciones de seguridad ciudadana. 

OTRA OPORTUNIDAD

El INE ha iniciado ya el proceso para la elección de cargos dentro del Poder Judicial en nuestro país; se trata de un proceso novedoso derivado de la reciente reforma en la materia y que consta de la elección de cinco (5) Ministras y cuatro (4) Ministros de la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN); Tres (3) Magistradas y dos (2) Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; una (1) Magistrada y un (1) Magistrado de la Sala Superior del TEPJF; diez (10) Magistradas y cinco (5) Magistrados de las Salas Regionales del TEPJF; cuatrocientos sesenta y cuatro (464) cargos a elegir para Magistradas y Magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y Magistradas y Magistrados de Tribunales Colegiados de Apelación y trescientos ochenta y seis (386) cargos a elegir para Jueces y Juezas de Distrito en un gran proceso que dio inicio el pasado 5 de noviembre y que culminará el día 1 de junio de 2025 con la jornada electoral en la que por vez primera las y los mexicanos podremos elegir a los integrantes del poder judicial de la federación. En total; 49,398 personas se inscribieron para participar en la elección del próximo año y buscar un cargo como juez de distrito, magistrado de circuito o ministro de la Corte. Sin embargo, hay un grupo de personas “especiales” dentro de la convocatoria, se trata de los actuales jueces, magistrados y ministros que podrán participar de manera extemporánea en su registro para intentar repetir en el cargo. Estos jueces arrepentidos, que primero renunciaron a sus puestos y manifestaron no participar en el proceso y que al final recularon, tendrán una segunda oportunidad para poder participar en el proceso que consta de diversas etapas y que les permitirá contar con un pase directo que les evite el proceso de insaculación y pueda participar como candidatos. Suena un poco injusto, pero al final tendrán que pasar por el escrutinio y evaluación de los votantes quienes al final tendremos la última palabra. Estos aproximadamente 100 arrepentidos, forman parte de los cientos de miembros del poder judicial que han tenido que renunciar a sus cargos como parte de los requerimientos de la reforma judicial y que la gran mayoría se negaron “sospechosamente” a participar en el proceso de evaluación. Esta actitud me recuerda a Leopoldo Lara Escalante, ex titular del extinto IEPEC ahora Instituto Electoral de Coahuila, quien decidió participar en la conformación del nuevo órgano electoral en Coahuila producto de la reforma política de 2014 y que constaba de 3 etapas de las cuales lastimosamente el “Pollo Escalante” no pudo superar la primera, pues para nadie era un secreto que su cargo obedecía a cuestiones políticas y no meritorias; y ello pudiera explicar la negativa de los cientos de exmiembros del poder judicial que no quisieron entrar al proceso de evaluación, aunque ya se ha recalcado que tienen pase directo, no obstante habrá que superar la evaluación más importante: la popular que sin duda será basada en su desempeño a lo largo de su carrera y quizá a esto le temen. El proceso, pues, ha iniciado ya, y contará con la participación de estos arrepentidos que contarán con una dudosamente merecida segunda oportunidad.

ENJAMBRE

Se trata de una estrategia para identificar entramados criminales que, bajo modos de encubrimiento, intervención o participación, favorecieron actividades ilícitas y de financiamiento de estructuras delincuenciales. Son los operativos “enjambre” implementados por autoridades locales y federales (participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaria de Seguridad del Estado de México) en el Estado de México y que ha dado como resultado inmediato la detención de una presidenta municipal, cinco mandos de seguridad y un director del Desarrollo Integral de la Familia (DIF); vinculados con al menos tres organizaciones delictivas: la Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y células relacionadas a la Unión Tepito. La estrategia es buena, bienvenida y con el deseo de que se implemente en las 32 entidades de nuestro país, pues la corrupción sigue enquistada en todos lados y la inteligencia policial hace falta para desarticular células delincuenciales que pululan en todos lares. Hasta aquí todo aparentemente bien, sin embargo, estos operativos se parecen mucho a los implementados en el Estado de Michoacán hace 15 años durante el sexenio de Felipe Calderón. El llamado “michoacanazo” fue el 26 de mayo de 2009 y produjo la detención de 27 funcionarios de Michoacán, incluidos 12 presidentes municipales. Posteriormente la cifra aumentó a 36 personas detenidas, entre los que se encontraban 12 policías, ocho miembros del gobierno estatal y dos ex directores de seguridad. El problema con este último golpe policiaco es que, al cabo de dos años, los funcionarios recuperaron su libertad por falta de pruebas y falta de sustento en las denuncias. Para abril de 2011, todas las personas que habían sido detenidas en este operativo se encontraban liberadas; es decir, al final todo quedó en un golpe policial totalmente carente de inteligencia, pues no solo se trata de asestar golpes y lograr detenciones, sino de recabar y contar en el momento del operativo con las pruebas suficientes para procesar a las y los detenidos sin que existan posibilidades de que todo termine en una humillación para el Estado ante su ineficacia al poder sostener una denuncia por falta de pruebas; aunque también hay que señalar que en aquélla ocasión, el juez que liberó a los detenidos en el michoacanazo, Efraín Cázares López, fue sustituido posteriormente de su cargo, lo cual puede ser un indicio de corrupción en el poder judicial, problema que también se busca atender con la recién aprobada reforma al poder judicial y que permitirá ahora la elección popular de jueces y magistrados. Es decir, que no solo hemos tenido históricamente serias deficiencias en inteligencia policial, sino juzgadores corruptos, lo cual volvía imposible procesar criminales a pesar de las labores de seguridad pública federal y local. Este nuevo gobierno inicia con un operativo similar, pero que esperemos dé resultados diferentes al contar con un secretario de seguridad pública federal con buenos antecedentes y experiencia y bajo una reforma judicial que asegura un cambio de escenario que vuelva factible y pertinente la expansión de operativos como “enjambre” en todo nuestro país.

INQUEBRANTABLE

El presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, se ha caracterizado desde la elección pasada por su discurso ofensivo y amenazante hacia nuestro país, desde la construcción del muro hasta la expulsión de todos los migrantes mexicanos y esta vez con el tema de los aranceles a las importaciones mexicanas como resultado de señalamientos sobre la amenaza de productos chinos que atentan contra la economía estadunidense. La realidad es que dichas amenazas son más fanfarronería del político con discurso radical que una realidad que pueda meternos en problemas, y es que ciertamente la relación comercial entre ambas naciones es bastante codependiente y altamente redituable como para que inicie una guerra de impuestos que afectaría directamente este flujo comercial impactando seriamente la liquidez de ambas naciones y eso a nadie le conviene, ni a los Estados Unidos ni mucho menos a México. La mejor prueba de ello es la reciente llamada telefónica entre nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y el electo Donald Trump en donde se abordaron los temas de seguridad y migración para conocer las estrategias implementadas por nuestro gobierno en estos dos importantes rubros que afectan a ambas naciones, en tanto que el tema comercial no se abordó para nada, y es que simplemente tratar estos temas es complicado porque están regulados por el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y el no cumplirlos atrae sanciones para los países signantes; además existen datos que demuestran la vulnerabilidad de los Estados Unidos con respecto a nuestra economía; por ejemplo a inicios de este año nos hemos consolidado como el principal proveedor comercial de los Estados Unidos; pues de acuerdo el Census2, EUA importó de México 476 mil millones de dólares en 2023, mientras que el valor de las mercancías importadas de China fue por 427 mil millones de dólares. De esta forma, se concreta el liderazgo de México en exportaciones hacia EUA algo que se observó durante varios meses del 2023, pero que ahora se confirma. De cerca, Canadá sigue la carrera y aunque la diferencia es mayor al 10%, su posición tampoco es lejana para disputar la primera posición; hoy por lo pronto al ser principal proveedor y recibir incrementos en los aranceles a las exportaciones obligaría al encarecimiento de nuestros productos generando un problema de inflación en los Estados Unidos, quizá momentáneo, pero al final tendría repercusiones directas al ser nuestro país el principal socio comercial del estado norteamericano. Finalmente, y como prueba de lo anterior, según cifras gubernamentales, en julio de este 2024, las ventas internacionales de México a Estados Unidos fueron US$44,852M, mientras que las compras internacionales alcanzaron US$20,866M. Lo anterior resulta en un balance comercial de US$23,986M; esto también pone de manifiesto la importancia que como proveedor tiene México en la economía estadunidense. Estas cifras vuelven el tema comercial bastante delicado, de suma importancia y vuelven la relación económica casi inquebrantable, por lo que las amenazas de Trump se quedarán en lo de siempre; impactos mediáticos de un megalómano que no trascenderán una sólida relación comercial de toda una historia de vecindad entre ambas naciones.