LIBERALISMO vs CONSERVADURISMO

El asesinato de Charlie Kirk en una presentación en público en una universidad pública en Utah es el mejor ejemplo del radicalismo viviente que trae consigo desde tiempos decimonónicos la pugna del liberalismo contra el conservadurismo, y aunque ya no hay guerras directas que enfrenten estas ideologías, la realidad es que en el discurso la pugna sigue viva y la verdad es que a pesar del tiempo la intolerancia sigue incólume. 

Es cierto que Charlie Kirk se caracterizaba por un discurso agresivo orientado hacia el conservadurismo en temas como la identidad transgénero, el cambio climático, la fe y los valores familiares. Kirk, fundador de Turning Point USA (TPUSA), una organización estudiantil que busca difundir los ideales conservadores en universidades estadounidenses de tendencia liberal, se dedicaba a propagar dichas ideas en eventos al aire libre y su apoyo fue fundamental para la campaña del presidente Donald Trump; pues si bien es cierto no era colaborador gubernamental, si era una persona cercana al presidente, pues de manera habitual visitaba la Casa Blanca y para la clase política afín al presidente Trump, a Kirk se le atribuyó ampliamente haber ayudado a registrar a decenas de miles de nuevos votantes y haber dado la vuelta a la elección en Arizona a favor del actual presidente. 

Es difícil especular sobre los motivos de su asesinato, pero me parece que no son ligados al proceder del actual gobierno, sino a la postura ideológica bastante radical que sin duda llegó a molestar a grupos liberales. Kirk, criticaba duramente al movimiento Black Lives Matter y la enseñanza de la Teoría Crítica de la Raza (CRT) y la "historia de la opresión" en las escuelas, argumentando que enseña a los blancos a "odiarse a sí mismos" y a los negros a verse como víctimas. Afirmaba también que “Las mujeres, en general, no son tan lógicas como los hombres... son más emocionales"; también atacaba regularmente a figuras mediáticas, políticos demócratas y periodistas de medios como CNN o The New York Times, a los que se refería como Fake News. Totalmente opuesto al aborto, reacio opositor al reconocimiento de la comunidad LGBTQI, prácticamente su movimiento se trataba de la confrontación de ideas con los liberales que muchas veces estuvo marcado por la religión, ya que afirmaba que apoyaba a los demócratas que defendían “todo lo que Dios odia”. 

No me queda duda que su activismo llegase a molestar o incomodar a algún liberal radical que decidió asistir a los foros públicos que Kirk solía organizar y tomar la determinación de acabar con su vida. Paradójicamente uno de los numerosos temas políticos y sociales en sus eventos y en sus podcasts, el tema del control de armas fue sin duda un tema relativo al final de sus días, pues aseguraba que valía la pena pagar algunas muertes por armas de fuego cada año para poder tener la Segunda Enmienda. Lamentablemente la intolerancia sigue presente, a pesar de manifestar respetuosamente las ideas, tal cual lo hacía el activista Kirk.

NUEVA ERA

Ha iniciado una nueva era en el Poder Judicial en nuestro país; pues este primero de septiembre iniciaron sus labores jueces, ministros y magistrados derivado del primer proceso electoral judicial en la historia de México; en total, más de 800 personas juzgadoras, entre ellas, los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia toman protesta en sus nuevos encargos por designio popular. Desde luego que hay expectativas altas, pues el sistema judicial anterior no era para nada eficiente ni mucho menos aceptable en sus resultados y denotaba siempre un sabor de corrupción y derroche de recursos, por ello la reforma al sistema judicial era necesaria y urgente, si bien es cierto, es muy pronto para echar las campanas al vuelo y absolutamente nada asegura que este sea el remedio ante los males históricos del sistema judicial en nuestro país, es importante tener expectativas positivas ante este evidente cambio de 360 grados en la forma en que se designan los cargos dentro del poder judicial.  Para iniciar, ya hay señales de cambio y son bienvenidas, pues el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, anunció que sus primeras medidas serán solicitar al Órgano de Administración Judicial que reduzca los sueldos de los ministros y personas juzgadoras para que sean menores que el del titular de la Presidencia de la República; así como eliminar los seguros de gastos médicos mayores y que se revisen las remuneraciones de los ministros en retiro. 

En su mensaje al tomar las riendas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo que los “tribunales protegerán al débil del fuerte” y con ello manda un mensaje que alivia el malestar endémico de nuestra sociedad que afirma que la justicia solo beneficia a quien tiene los recursos para acceder a ella. “Una corte que escuche a los pueblos indígenas, afromexicanos a los grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad, una corte que responda directamente a la ciudadanía, en suma, un auténtico tribunal de justicia y no un tribunal de derecho”. En cuanto al nuevo funcionamiento interno se implementarán las plataformas digitales para presentar demandas, audiencias virtuales y con ello se abona a la digitalización y transparencia; así mismo los tribunales colegiados y unitarios asumirán mayor relevancia en materia de recursos de revisión y amparos entre otras novedades que será impulsadas bajo el liderazgo del nuevo ministro y sus colegas. 

Se trata de una nueva era, del inicio de una etapa que busca remediar males como el de por cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven; es decir, un poder judicial que genere confianza y con ello se impulse la cultura de la denuncia y por otro lado la eficiencia de que la mayoría se resuelvan de manera eficaz y eficiente. Por el bien de México, que sea una etapa de resurgimiento y saldo de deudas históricas de hambre de justicia.

IMPERDONABLE

Las redes están invadidas en estos momentos por miles de comentarios, gran parte de ellos condicionados por filias y fobias partidistas; pero más allá de comentarios condicionados por el partidismo, se trata de un hecho deleznable y totalmente condenable. La agresión del senador priista Alejandro Moreno contra el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, fue un acto pusilánime independientemente de las causas que motivaron al priista a perder los estribos delante de un público que evidentemente grabaría el lamentable suceso. Y no solo atacó al presidente del senado, sino que una vez que este último se fue, comenzó a agredir a un reportero que anteriormente había derribado, esto habla de una persona totalmente agresiva que no parece tener conciencia cuando la rabia lo inunda. Ante esta felonía la respuesta debe ser contundente; pues en un recinto democrático como lo es el Senado de la República, el diálogo debe prevalecer perennemente sobre la violencia verbal y sobre todo física; por ello la solicitud de desafuero es correctamente apropiada y necesaria, pues no se trata de un pleito en una escuela entre dos adolescentes, se trata de adultos, representantes de la sociedad en un recinto de gran envergadura y por ello el Senador priísta debe ser desaforado y votado en cuanto a su permanencia como senador de la república, además de responder penalmente por la flagrante agresión física contra un ciudadano en total indefensión. No recuerdo haber visto una agresión física en la historia reciente de México dentro de la cámara alta; si bien las agresiones verbales y empujones son algo común, la agresión del líder nacional del PRI no tiene precedentes y ello desde luego debe agravar la situación que en estos momentos parece ya tener una segunda parte con el pronunciamiento del líder del Senado sobre las denuncias que presentarán él y el camarógrafo agredido. De todo esto la lección para la clase política es el llamado a la mesura, al diálogo, a la conciencia sobre el manejo de la ira y las repercusiones de no saber controlar las emociones, sobre todo en políticos de larga trayectoria que están acostumbrados a presión constante. No había razón alguna para el proceder de Alejandro Moreno, y aunque se sabe de su temperamento, no se esperaba una reacción de este tipo y mucho menos en público. Esperemos a ver las reacciones de sus aliados sobre este suceso, y esperemos sean a la altura de una realidad que necesitamos: acabar con la violencia en todas sus expresiones y el reforzamiento de la tolerancia como virtud axiológica que debe prevalecer en todas las personas, máxime en quienes se dedican a la política, sobre todo en estos tiempos en que cada persona tiene ya en sus manos un dispositivo masivo de exposición pública. Imperdonable la reacción de “Alito”, la sanción deberá ser ejemplar para evitar que vuelva a suceder.

MENOS POBREZA

Los datos son contundentes; el INEGI reporta 13.7 millones de personas que han abandonado la pobreza en nuestro país, el dato es de 2024 en comparación con 2016, es decir, los resultados apuntan directamente al sexenio de Andrés Manuel López Obrador; por lo que sus políticas sociales de combate a la pobreza dieron efectivamente resultados aunado al incremento al salario mínimo también impulsado por el gobierno izquierdista de AMLO que, hay que decirlo, dicha referencia salarial ha tenido un aumento acumulado de 135% en el lapso de medición del INEGI. Desde luego que son cifras sugestivas y aceptables, sobre todo bienvenidas, y aunque ciertamente no somos un país ideal y existen otros serios problemas, la realidad es que ningún país cambia en un lapso tan corto, por ello las cifras son importantes, porque si se priorizan otras necesidades, podemos estar hablando del inicio de una verdadera transformación. Desde luego que no todo son buenas noticias, pues la dimensión social de la pobreza multidimensional empeoró, ya que pasó de 26% a 32% de la población, y esto se enfatiza principalmente en el acceso a servicios de salud, que por cierto tiene su origen en el inmenso rubro del trabajo informal en México que supone ser de más del 50% de la población económicamente activa. Aquí el gobierno tiene ahora dos retos; el primero es enfrentar la informalidad con políticas de incorporación a la formalidad y la cobertura de servicios de salud que sin duda deberán ser prioridad en el próximo presupuesto de egresos para 2026. Si bien es cierto la informalidad laboral disminuyó dos puntos porcentuales en el mismo lapso de medición, la realidad es que el avance es insuficiente, al respecto mientras que en estados como Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Chiapas y Puebla (sur y centro de la República) se registraron tasas por encima del 70 %, en entidades como Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Baja California y Baja California Sur (norte de la República) las tasas de informalidad se colocaron entre 33.8 y 37.6 % de su población ocupada. Como la informalidad laboral está ligada a menores niveles de ingresos promedio, los estados con mayor informalidad laboral son también los estados con los niveles más altos de pobreza laboral en el país. Estamos, pues, frente a un problema regional que debe combatirse con políticas públicas diseñadas para enfrentar el problema por regiones, que desde luego tiene su origen histórico en donde el norte industrializado contrasta con el sur tradicionalmente cerrado al desarrollo. No se trata de enfocar programas asistencialistas hacia el sur, sino de generar empleos que se traduzcan en incorporación de personas a la formalidad y con ello el acceso a la salud y educación para fortalecer estos dos rubros que siguen rezagados desde siempre en nuestro país. Bien por el avance, ahora hay que ajustar la estrategia.

EDUCACIÒN PATITO

No se trata de demeritar a nadie; ni mucho menos hacer mofa de algo tan delicado. La educación superior en México ha entrado en una etapa de extrema laxitud en cuanto a la obtención de grados académicos; y es que actualmente proliferan cientos o miles de programas de estudios profesionales de bajísima calidad, o marca “patito”, que lejos de enriquecer la educación, la aniquilan. Basta con entrar a la web y teclear licenciaturas o posgrados en línea y enseguida aparecen cientos de ofertas que parecen surreales: licenciaturas en dos años y programas de posgrado en año y medio, o dos años, pero sin criterios de calidad que aseguren que se cumplan con la ley en materia de educación superior. Tomemos como referencia la definición normativa del doctorado. Según la Ley General de Educación Superior (2021), los estudios de este nivel “tienen como objetivo proporcionar una formación sólida para desarrollar la actividad profesional de investigación en ciencias, humanidades o artes que produzca nuevo conocimiento científico, tecnológico y humanístico, aplicación innovadora o desarrollo tecnológico original.” Ahora contrastémoslo con la realidad; la mayoría de los doctorados en línea de la web se concluyen con proyectos, y no con tesis, los llamados proyectos de intervención han venido a suplir el carácter riguroso de una investigación; y es que estos proyectos al final son líneas de acción que pueden ser inventadas o son parte del quehacer diario de una institución académica, por ello carecen de relevancia frente a una tesis. Por tanto, sin tesis, no se cumple con la producción de nuevo conocimiento científico, tecnológico o humanístico. Ahora bien, el mal no termina aquí; pues estos posgrados no incentivan ni como sugerencia ni mucho menos como requisito la publicación de artículos por parte de alumnos en revistas de divulgación científica como parte de los hallazgos en proyectos de investigación. Un ejemplo de lo mal que estamos es el doctorado en educación en México, quizás extremo, pero sin duda bastante sugestivo de la condición en que nos encontramos. Según datos para 2021-2022, de un total nacional de 17,910 estudiantes en programas de doctorado en educación, el 87 por ciento (15,575 inscritos) corresponde a Instituciones de Educación Superior privadas. No solo eso, y para terminar de alarmarse: 11,324 personas en programas de doctorado privados que se ofrecen en línea. Doctorados de dudosa calidad y con sesiones también de bajísima calidad impartida por docentes con la misma formación académica. Poco a poco, progresivamente comienzan las instituciones educativas de todos los niveles a llenarse de claustros doctorales patito, “doctoras y doctores” con el título, pero sin líneas de investigación, sin aportaciones científicas novedosas, es más, ni siquiera con el conocimiento de la metodología de la investigación básica, pero con el ego hasta el cielo por un papel de bajísima calidad educativa. Y así pasa con maestrías y licenciaturas sin que nadie ponga orden al respecto.

LEY SILLA

Recuerdo una vez, como director de una institución educativa, regresaba de una diligencia temprano y al verme los trabajadores manuales, que se encontraban sentados, se levantaron inmediatamente a continuar con sus labores. En lo personal, no me molestaba verlos sentados; a menos que su trabajo no estuviera realizado, y es que en mis tiempos de estudiante que trabajé en diversos empleos los patrones se molestaban por ver a sus empleados sentados a pesar de que hubiesen terminado sus tareas, como si parte del trabajo fuera sufrir estando de pie la jornada completa. Ante esta cultura patronal-organizacional de ver sufrir a los trabajadores basado en el miedo al líder; es que el gobierno actual ha promovido y aprobado la denominada Ley Silla; dicha ley exige a los empleadores proporcionar sillas con respaldo a sus empleados, particularmente en trabajos que implican largas jornadas de pie. Esta ley busca proteger la salud de los trabajadores, previniendo problemas como várices, problemas circulatorios, fatiga muscular o lesiones articulares, causados por permanecer de pie de manera prolongada. En lo personal me parece acertada la nueva disposición legal, y es que ver a trabajadores como, por ejemplo, cajeros en supermercados de pie durante horas es lamentable y evoca escenarios de una falta de cultura de respeto hacia el trabajador. Y es que el derecho al descanso laboral no es solo el día destinado para ello ni los espacios para la alimentación, sino los espacios entre la jornada laboral en que un trabajador debe hacer pausa para recuperar fuerzas o despejar la mente sin presión alguna. Y sobre este último punto, los tiempos de descanso y las características de los asientos con respaldo siguen siendo expectativas dentro de la nueva ley que deberán ser especificadas en días siguientes. El objetivo final de esta ley es contrarrestar el agotamiento físico y emocional de trabajadores en condiciones difíciles de trabajo y con ello entrar en un escenario en que las personas no tengan por qué sufrir en el desempeño de sus funciones. Chile, Argentina, España, son países que cuentan con este tipo de legislación que busca como finalidad la mejora de la salud física; un descanso óptimo; la promoción de un mejor estado de ánimo y la reducción de la fatiga, pero más allá de ello, la idea es modificar esa micro cultura organizacional reticente que dice que el mejor trabajador es el que más sufre, el que se va más tarde, el que dura más tiempo de pie, el que menos va al baño, el que menos tiempo pierde consumiendo sus alimentos, porque al final esto es parte de un sistema de explotación que afecta al trabajador e incide en su rendimiento y la idea es procurar el bienestar de todas y todos. Bien por esta ley, en muchas ocasiones no es el salario, sino la mejora de las condiciones laborales lo que motiva a un trabajador, y esta ley tiene definitivamente ese objetivo.

DEMOCRACIA EN JULIO

Primero lo hizo Fox, recordando aquél 2 de julio del año 2000 en que el PRI fue derrotado por primera vez luego de más de 70 años ininterrumpidos de gobierno presidencial, pues si bien es cierto en 1997 el tricolor perdió la mayoría en el congreso, el sabor a democracia se dio en el año 2000 cuando el PAN le arrebata la presidencia al PRI. Desde luego que las implicaciones de lo sucedido fue una buena dosis de antidemocracia interna priista lo que llevó a Fox a ganar las elecciones, no obstante, lo cierto es que es una fecha que verdaderamente se considera un parteaguas en nuestra democracia electoral, pues sería el inicio de 12 años de gobiernos panistas que también serían conocidos como la docena trágica por el inicio de la violencia generalizada en el país. Aún y a pesar de los resultados de dichos gobiernos, lo importante de esta reflexión es que el cambio institucional comenzó a tomar forma y la idea del partido hegemónico invencible comenzaba a desmoronarse. La dictadura perfecta que nació luego del Maximato llegaba a su fin. Así mismo, en otras latitudes, el senador Gerardo Fernández Noroña celebrara igualmente el triunfo de Andrés Manuel López Obrador el primero de julio de 2018, y al igual que el caso anterior, dicha elección también tiene su significado especial, pues por vez primera en la historia la izquierda mexicana llegaba al gobierno presidencial bajo las siglas del partido morena. La izquierda, a diferencia del PAN, arrastraba ya una serie de afrentas y agravios en materia de robo electoral, pues en la elección de 1988, con la famosa caída del sistema y en 2006 con la invalidación de más de 11 mil actas de escrutinio y cómputo la izquierda fue despojada de triunfos legítimos por el PRI y el PAN, respectivamente; pero alejémonos también de las implicaciones y detalles de dichos procesos y centrémonos en la importancia de ese día en que también queda en nuestra historia electoral el sabor a democracia, un poco más delicioso que el 2000, porque como ya se mencionó, existían agravios previos. En ambos casos el enemigo a vencer era un sistema enquistado y anquilosado que oprimía y cerraba espacios, y al final quedó claro que nuestra democracia comenzaba a madurar, que el voto, a pesar de tantas denuncias, comenzaba a respetarse y, sobre todo, que el pueblo parece ya tener la “sabiduría” para castigar malos gobiernos. Por supuesto que no es que julio tenga algo en especial para la democracia, sino que el calendario electoral por mandato constitucional estipula el primer domingo de julio como fecha para el llamado a las urnas cada seis años para elegir presidente, pero en sí los años 2000 y 2018 tiene su importancia, significancia y trascendencia para nuestra incipiente democracia electoral, y que nos deja claro que la voluntad del pueblo se respeta, tenga razón o no la mayoría a la hora de decidir.