RIESGO ECONÒMICO

La guerra ha sido declarada, los participantes resultan ser dos superpotencias con la capacidad de afectar la economía mundial; y lo peor del caso es que ninguna de las dos está dispuesta a ceder, sino todo lo contrario, las respuestas entre China y Estados Unidos han sido golpes arancelarios al comercio con incrementos que iniciaron con el país norteamericano imponiendo aranceles superiores al 100% a ciertas importaciones de productos chinos a partir del miércoles 9 de abril, en respuesta, China anunció un arancel del 84% sobre todos los productos importados de EE.UU., y en contra respuesta, la Casa Blanca anunció que los aranceles a China se incrementaban hasta el 125%. Aún falta la respuesta de China a este nuevo golpe del gobierno de Trump y por lo que se escucha en el discurso político, no parece que alguien vaya a ceder en esta relación de intercambio comercial que deja ganancias de $585.000 millones de dólares al menos en el año pasado. Cabe mencionar que el intercambio es bastante asimétrico, China importa de los Estados Unidos 145 mil millones de dólares anuales, mientras que los Estados Unidos importa  440 mil millones de dólares, es decir, quien debe pagar más por vender en esta relación comercial es China, y aunque los dos pierden, son los asiáticos los que reciben el golpe más duro al ser los Estados Unidos su segundo socio comercial después de la Asociación Nacional del Sudeste Asiático (ASEAN), aunque también la dureza del golpe es relativa, pues el comercio con los Estados Unidos representa para China el 11.2% del comercio exterior. Ahora bien, a nivel mundial estos dos gigantes representan el 43% de la economía mundial según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y esto es lo que puede resultar un serio problema para otros países, veamos un ejemplo: China evade aranceles directos impuestos por los Estados Unidos a través de la fabricación de sus productos en otros países y termina colocando estos en el país norteamericano a través de estos países maquiladores que no pagan aranceles o son muy bajos, sin embargo, es una medida ya detectada por el gobierno norteamericano que ahora presionará a estos países para que rompan su relación comercial con China si desean seguir comerciando con el país norteamericano y ello implica serios problemas para países como México y otros más que verían afectados sus flujos comerciales al romper con China por amenaza del gobierno norteamericano y esto bajo la premisa de que China es una superpotencia manufacturera que produce más de lo que consume y que fácilmente puede encontrar otros socios y venderles su productos baratos por el superávit de bienes con que cuenta China en la actualidad. Al final quien terminará perdiendo no son precisamente estos gigantes, y las consecuencias aún son de pronóstico reservado, aunque sin duda procesos inflacionarios pueden presentarse en el corto plazo.  La incertidumbre y el riesgo merodean en esta guerra que parece no tener mediador ni alguien dispuesto a ceder.

SIN SERIEDAD

Han comenzado las campañas para la elección del poder judicial en nuestro país. Inéditas, desde luego, pero con bajas expectativas de participación ciudadana. Y es que se estima que, tomando en cuenta la elección de Revocación de Mandato, para esta elección se espera una participación de entre el 8 y el 15% del padrón electoral, y esto según pronósticos de las mismas autoridades electorales. El INE estrena su quehacer institucional para renovar a jueces, magistrados y ministros, en una elección que se antoja complicada y en un contexto en que se prevé que cada votante tarde por lo menos 10 minutos en las seis boletas que deberá marcar. Al margen de este procedimiento dilatorio y de probable abstencionismo, las y los candidatos han iniciado sus campañas que desde luego ya ha desatado señalamientos tanto de corrupción como de falta de seriedad por parte de las y los aspirantes. Señalamientos de acarreo por ministros en funciones que participan en la elección en que al parecer participan sindicatos en plena violación a las reglas electorales, así como perfiles bastante cuestionables e incluso ligados a sectas religiosas parecen poner en riesgo la independencia de estos cargos en caso de obtener la victoria quienes son señalados por este tipo de actos. Ahora bien, al no tratarse de aspirantes respaldados por partidos políticos ni con recursos ilimitados, muchas y muchos aspirantes se han lanzado a las redes sociales con spots que parecieran no tomar en cuenta la seriedad de este proceso ni el cargo al que aspiran. Motes como el de Dora la transformadora, candidatos igual de preparados que un chicharrón con todos sus complementos y hasta candidato “perreando” música reggaetonera comienzan a viralizarse en redes sociales, trivializando el proceso y reduciéndolo a la cantidad de vistas y likes que se puedan obtener con ese tipo de videos y dejando de lado propuestas realmente serias, profesionales y pertinentes para reformar al poder judicial, aunque ciertamente me parece que el grueso de la población difícilmente quiere ver propuestas, solo quieren una limpia y caras nuevas y ello preocupa porque pudieran no llegar a los cargos los más preparados, sino los más virales. 881 cargos por elegirse el próximo primero de junio en un proceso nunca antes visto me parece que requiere más seriedad y compromiso de parte de quienes participan, y no por ser aguafiestas, sino porque se trata de un contrapeso al poder legislativo y ejecutivo que requiere bastante seriedad.

CLÀSICAS INCONSISTENCIAS

En el escándalo político en que ha terminado el caso de acusación de intento de violación sobre Cuauhtémoc Blanco en detrimento de una mujer, nos obliga a reflexionar sobre dos temas que siguen siendo urgencia atender en nuestra legislación: el fuero para legisladores y las clásicas inconsistencias en el “armado” de expedientes por parte de fiscalías que termina siendo aplastados y desechados como si nada hubiera pasado. Solo para aclarar, no tengo la menor idea si el exgobernador de Morelos sea culpable o no de intentar violar a su media hermana cuando era gobernador, por eso me remito a los dos temas iniciales. En primer lugar, el fuero sigue siendo un mal que protege o puede llegar a proteger felonías de políticos del brazo de la ley y la justicia. Si bien es cierto, hubo avances en la materia el sexenio pasado en que Andrés Manuel López Obrador logró la eliminación constitucional del fuero presidencial, ya que no se podía juzgar al presidente en funciones por cualquier delito, sólo por traición a la patria, lamentablemente esto no fue secundado por los legisladores que han mantenido este privilegio y que hoy vuelve a proteger de acusaciones a un legislador federal. Al final el fuero es un privilegio que segrega a ciudadanos de primera y de segunda, que protege a unos de cualquier tipo de acusación. Desde luego que resulta difícil que los mismos legisladores se den un tiro en el pie al eliminar esta atractiva prerrogativa, pero que de no existir en estos momentos no habría división dentro de la cámara baja ni la aparente indefensión de las mujeres en este gobierno en el que la presidente afirmó que “llegamos todas” en su toma de protesta. Por otro lado, en el caso de la acusación de la media hermana del diputado Blanco, todo parece indicar que la investigación de delitos sexuales con perspectiva de género y los dictámenes periciales en psicología fueron contradictorios, al menos ese fue el argumento central por el que 291 diputadas y diputados decidieron no retirar el fuero al exfutbolista. En este tema, según datos de la organización “México Evalúa” se ha documentado que muy pocas carpetas de investigación de la Fiscalía pasan la etapa judicial, un cuello de botella que abona a la impunidad y que en total solo un 4% de las investigaciones fiscales avanzan a los tribunales y esto solo en el ámbito federal, pues en las entidades federativas las cosas se ponen peores. Dolo, ineficiencia, corrupción, contubernio, por el o los motivos que sean, hay un serio problema en la integración de expedientes y que generan contradicciones como la que ha salvado del desafuero al legislador Blanco. Habrá que esperar otra votación o a que transcurran los tres años de gestión del diputado, si es que no se reelige, para poder ver su defensa ya sin fuero y todavía esperar que haya una sólida y completa investigación para determinar si es o no culpable. Hasta entonces queda un mal sabor de boca por la existencia del fuero y la ineficiencia de nuestro sistema judicial no solo para defender a las mujeres, sino al grueso de las y los mexicanos. Hay tarea.

ABRAZOS Y BALAZOS

Aunque ciertamente el tema ya está por demás politizado, el caso del centro de adiestramiento o campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, merece una respuesta inmediata más allá de la repartición de culpas; pero en este último punto, me parece oportuno dejar en claro algunas cuestiones: la primera es que los tres órdenes de gobierno son responsables, al final de cuentas el Estado por ley tiene el monopolio del uso de la fuerza, y es rebasado por estos grupos delictivos que cometen atrocidades en sus tres ámbitos, si bien es cierto la autoridad más cercana a los problemas es el municipio, la verdad es que a este último lo dejan siempre con la rebanada más pequeña de presupuesto y en cierta indefensión en cuanto a la capacitación de elementos de seguridad y la manera de abordar en primera instancia este tipo de problemas de inseguridad. El discurso está dividido políticamente entre quienes critican al expresidente Andrés Manuel López Obrador y su estribillo mañanero de “abrazos, no balazos”; y ante esto, la realidad es que durante el gobierno de AMLO, las cifras distan mucho de lo que la gente cuestiona: más de 2,500 laboratorios de metanfetamina desmantelados; bloqueo de 3.2 mil millones de pesos de narco-cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera; decomiso de más de 2 mil 655 toneladas de droga; detención de más de 74 mil 205 personas ligadas a la delincuencia organizada, aseguramiento de más de 59 vehículos relacionados a actividades criminales y que en algunos casos tenían reporte de robo; más de mil 500 enfrentamientos entre fuerzas federales contra criminales; más de mil agresores abatidos por la sedena en enfrentamientos directos. No se trató en ningún momento de una política de abrazos, sino todo lo contrario, el problema, no obstante, es que el gobierno federal en cierto modo minimiza el problema y aunque el mal no nació en la pasada administración, la culpa de la perpetuidad y agravamiento de los problemas de inseguridad sí son culpa de quien gobierna. Por lo tanto, la izquierda en México encabezada por morena como gobierno tiene su parte de culpa en este serio problema de inseguridad que no va a terminar en el mediano plazo; y ya para finalizar, el sexenio de AMLO fue el de una guerra bajo el disfraz de la paz, pues las muertes producto de la guerra contra el narco se incrementaron en 11% con respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto, por ello es absurdo hablar de una política de “dejar hacer” “dejar pasar” a la delincuencia en nombre de la paz, pero como el tema está politizado y contamos con una sociedad que no lee y con poca memoria histórica, el problema seguirá en el discurso de la repartición de culpas y no en el de procesar responsables por verdadera omisión o corrupción y la inteligencia para erradicar el verdadero mal que sigue incólume a pesar de gobiernos y estrategias sexenales.  

EXTERMINIO

Son sin duda noticias aterradoras, ya teníamos un fuerte precedente con las fosas de San Fernando en que fueron ultimados 72 migrantes en el año 2010 y con los más de tres mil restos óseos encontrados en Patrocinio, San Pedro de las Colonias, Coahuila. No obstante, y no resulta más relevante por tratarse de connacionales, pero el escándalo, el horror y la indignación resurgen con más fuerza tras los hallazgos del campo de exterminio en Teuchitlán, un pueblo a poco más de una hora de Guadalajara, la capital de dicho Estado. Se trata de un mal sistemático, que no se reduce a estos nefastos y calamitosos escenarios, pues es cien por ciento seguro que existen decenas o quizá cientos de lugares similares en donde los cárteles tiene presencia y en donde incrementan sus miembros en procesos de reclutamiento forzado; por eso debemos estar listos para próximos hallazgos. Y es que, a unos días del descubrimiento en Jalisco, colectivos ciudadanos de búsqueda anunciaron el descubrimiento de otro en Tamaulipas. Son varios los lugares descubiertos en donde se cometieron asesinatos en masa, lo cual, desde luego, no supone que debemos perder la capacidad de asombro e indignación, sino que nos obliga a exigir al gobierno acciones al respecto, pues resulta patético para el gobierno que sean ciudadanos quienes realizan labores de búsqueda sin presupuesto ni apoyos y sin embargo superan en eficiencia a un Estado que ya fue rebasado por el crimen, porque es inconcebible que estos centros operen como campos de adiestramiento en que definitivamente debe haber detonaciones de armas de fuego, tráfico constante de vehículos sospechosos y después se conviertan en centros de exterminio como si no existieran autoridades encargadas de proteger a los ciudadanos. Y no se trata de politizar lo sucedido ni repartir culpas, pero todo esto tiene tinta de permisividad gubernamental o por lo menos indiferencia y por ello los cárteles siguen incólumes, creciendo y afectándonos no solo en los temas de seguridad, sino en cuestión económica porque son los culpables de que el gobierno norteamericano nos tenga amenazados durante estos primeros tres meses del año (y lo que falta) en cuestión arancelaria precisamente por permitir que estos lugares sigan proliferando en total libertad e impunidad. Las acciones gubernamentales en respuesta a este terrible suceso son hasta el momento la atracción del caso por parte de la fiscalía general de la república y, por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana investiga cuentas en redes socio digitales usadas para el presunto reclutamiento que hacen estos grupos que siguen activos. Como sociedad queremos responsables, autoridades que hayan cometido omisiones o actos de complicidad y sobre todo garantías de que se diseñarán políticas públicas para evitar que esto siga sucediendo como si viviéramos en un Estado anárquico, es decir, vacío de autoridad, en donde la delincuencia se pasea a sus anchas sin restricción alguna.

LEY SABINA

En el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer; vale la pena rescatar un tema que definitivamente atenta contra muchas mujeres en este país y que ha recibido el impulso de una mujer activista en particular; me refiero a la comunicóloga y activista feminista Diana Luz Vázquez; quien es promotora de una ley para castigar a deudores alimentarios y agresores vicarios, se trata de la Ley Sabina. Y es que, en nuestro país, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria por parte del padre lo cual constituye un delito de violencia económica hacia las mujeres. Al respecto, Diana Luz, publicó el año pasado el libro “Salvavidas para madres autónomas” que es una especie de guía jurídica en un lenguaje sencillo para mujeres no abogadas para enfrentar este tipo de violencia, además, la creación del colectivo las sabinas es una excelente herramienta de denuncia y exhibición pública de hombres que no cumplen con sus obligaciones de manutención. En el libro, la autora, menciona que exponer a los padres públicamente es una herramienta mucho más efectiva que confiar en la aplicación de la ley. Cabe mencionar, que al respecto el senado de la república aprobó en 2023 la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, por lo que los tribunales de Justicia de todas las entidades federativas deberán proporcionarle al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) la información de las personas que tengan que pagar una pensión alimenticia, ya que este padrón servirá para que los hombres padres divorciados sean investigados y puedan realizar trámites como la solicitud de permisos, licencias para conducir, trámite de pasaporte o documento de identidad de viaje, solicitudes de matrimonio, operaciones ante notario relativos a la compraventa de bienes inmuebles; el detalles es que hasta la fecha no todos los Estados han enviado esta información, siendo uno de estos nuestra entidad, Coahuila. En total, solo 19 entidades de las 32 han subido información al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, por ello, esfuerzos como el de la activista feminista Diana Luz son significativos para sumar esfuerzos en este importante tema de protección de los derechos de las mujeres; y es que además del registro nacional del sistema nacional del DIF; la ley sabina impulsa acciones tales como la prohibición de ocupar cargos públicos mientras existan deudas pendientes; posibilidad de encarcelamiento por incumplimiento reiterado; retención de salarios, bienes o cuentas bancarias para cubrir las deudas y la creación de un registro público de deudores alimentarios morosos; y es hasta el momento que solo tres entidades federativas han incorporado los postulados de este movimiento feminista: ciudad de México, Puebla y Oaxaca. Al final, se trata de tema de justicia, pero con enfoque feminista, ya que generalmente, más no exclusivamente, las mujeres son quienes ostentan la custodia de los hijos en divorcios y son quienes requieren el apoyo de la ley para recibir de parte de sus exparejas los recursos para sacar adelante a los hijos y brindares protección en su infancia. 

ESPÌRITU Y LEGALIDAD

La reforma contra le reelección y el nepotismo quedó aprobada en el senado de la república, solo que con un pequeño, pero significativo detalle, pues según lo planeado, la reforma debía entrar en vigor a partir de las elecciones federales de 2027, sin embargo, al parecer el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) haciendo uso de su poder como partido bisagra en la cámara alta, determinó que esta tuviera efectos a partir de 2030, situación que a todas luces busca beneficiar a algunos senadores que buscarán la gubernatura de sus respectivos Estados en los cuales actualmente gobiernan familiares directos. Vamos directo al grano; los señalados son la senadora del PVEM, Ruth González, quien es la esposa del actual gobernador de San Luis Potosí  y que en 2027 deberá dejar el cargo por el que suspira la senadora, es por ello que la reforma no les conviene hasta pasadas las elecciones; lo mismo sucede con los senadores morenistas Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y Saúl Monreal, hermano del actual gobernador de Zacatecas, quienes también han manifestado sus intenciones de suceder a sus familiares directos y que sustentan sus pretensiones en que el pueblo los aclama y por ello la reforma debe iniciar en sus efectos hacia 2030. Vaya jugada y descaro por parte de estos legisladores, y para colmo, resulta absurdo el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum que pide a los morenistas que ¡desde ya! se sumen al espíritu de la reforma que tenía la intención de entrar en vigor en 2027, es decir, que apoyen una buena intención y dejen de lado la legalidad hecha a modo para beneficiar a unos cuantos. Absurdo porque quienes han logrado modificar la vigencia de la reforma difícilmente harán caso al llamado de la presidenta de honrar a un espíritu que parece ir en contra de sus propios intereses. En lo personal la reforma me parece apropiada en el tema del nepotismo, no así en el tema de la reelección, ya que ha quedado claro que una mala gestión puede ser castigada por un pueblo que reprueba el quehacer de su gobernante, y aunque al final se establecerán los lineamientos para eliminar el nepotismo de nuestro sistema político, reforzando mecanismos de fiscalización y sanciones para quienes intenten evadir la norma mediante candidaturas indirectas o pactos políticos, la realidad es que en estos momentos las aspiraciones de estos legisladores que más bien es ambición, queda de manifiesto con este pusilánime escenario de postergación de entrada en vigencia que dejaba buen sabor de boca hacia el actual gobierno. Ya solo nos queda esperar a que de buena fe estos senadores se sumen al respeto espiritual que solicita la presidenta y que dejen de lado sus pretensiones de poder, aunque la ley les permita registrarse y competir en los comicios de 2027 en que, por cierto, habrán de renovarse 16 gubernaturas, las 500 curules de la cámara de diputados y el segundo proceso de reforma al poder judicial. Esperemos, entonces, un acto de sumisión espiritual por encima de la legalidad.