THE DOPE

The Dope: The Real History of the Mexican Drug Trade, es un libro del historiador Benjamin T. Smith que comencé a leer y que explica en pocas palabras la forma en que el negocio del narcotráfico creció en México a través del tiempo hasta llegar al escenario que tenemos hoy en día. Las premisas son básicas: protección política interna y demanda internacional creciente. No somos un país productor, somos un país de tránsito y aquí se quedan las ganancias de la venta, y este negocio prosperó a partir de los años cincuentas en México con la protección de los gobiernos priístas que desde luego se llevaban su tajada de recursos, por ello había paz, pero era una paz endeble, frágil, una paz en forma de negocio que debía sostenerse con acuerdos políticos. El que un Estado tenga una aparente seguridad no significa que tenga una estrategia de seguridad exitosa, puede ser que exista un pacto o peor, un monopolio del negocio del narcotráfico. 

La idea me asaltó hace unos meses que degustaba unas bebidas con unos amigos en la banqueta en determinada colonia y a media cuadra una casa en aparente abandono, pero con tipos afuera sentados esperando a que llegaran clientes para la venta de droga; y lo peor es que no había temor a una posible llegada de cuerpos de seguridad, sobre todo cuando el “punto” estaba en la entrada principal de la colonia. Demasiada osadía o evidente contubernio entre crimen y autoridad, parecía más lo último. Pareciera entonces que las autoridades estatales dominan un negocio y por ello aseguran la paz de tal manera que politizan es estado de tranquilidad como arma electoral, ya bastante trillada, pero que al parecer les sigue funcionando. 

The Dope habla sobre esta protección y un mercado estadunidense cada vez más exigente que hasta el momento sigue reclamando su respectivo suministro. Smith no habla al vacío, se trata de un análisis de archivos de más de 100 años. Al respecto; historiadores, analistas políticos e informes de agencias de inteligencia han documentado que, durante las décadas de los 60 y 70, el gobierno mexicano encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) operaba un sistema de protección y control sobre el narcotráfico caracterizado por un pacto de no agresión, monopolio y control vertical. Basta recordar a Arturo Durazo Moreno, el Negro Durazo, el súper policía de José López Portillo, quien se encargaba personalmente de ultimar a extranjeros que querían arrebatar el monopolio de la delincuencia al Estado mexicano. Prácticas muy similares pudieron haberse trasladado a un Estado con casi 100 años del mismo gobierno heredero de ese tipo de “estrategias”.  

No aseguro que así sea, pero lo que vi en días pasados refuerza esta teoría: un Estado que usa el aparato de seguridad para lucrar con un negocio ilícito y con ello garantizar una paz totalmente aparente, y con elementos tan intimidantes que violan sistemáticamente los derechos humanos de los ciudadanos coahuilenses. The Dope y lo que se ve en las calles tienen mucha relación.  

ACUSADOS

No por ser autoridades emanadas de un partido político en específico significa que estén exentos de las garras de la corrupción; y si en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador se desgarraba las vestiduras presumiendo la moralidad de su movimiento y el compartimiento impoluto de sus afiliados y allegados, no cabe duda que su seguridad al hablar se limitaba a su persona, sin embargo, el grado de pureza no se generalizaba de ninguna manera hacia la totalidad de quienes se unían poco a poco a su movimiento; pues creer eso serpia totalmente ingenuo. Por ello, no debe sorprendernos la acusación de nexos con el narcotráfico que ha lanzado el gobierno norteamericano contra funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluido al gobernador Rubén Rocha Moya, todos pertenecientes al partido morena (entre los acusados está el senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán y varios altos cargos de seguridad, de la fiscalía y de la policía en el Estado). Y aunque se trata de una acusación que aún debe probarse, no puede demeritarse solo por la filiación política de los acusados. 

Al respecto, hay varias premisas que tienen que tomarse en cuenta; la primera es que se trata de un Estado que está ligado tradicional y lamentablemente al fenómeno del narcotráfico; y ciertamente este negocio ilícito requiere de apoyo de autoridades de diferentes niveles para poder desplegarse sin inconvenientes y de manera exitosa, por ello la sospecha no suena ilógica. Segunda, los sobornos del narcotráfico suelen ser bastante generosos, y por naturaleza los seres humanos propensos a la corrupción, por ello no sorprendería cierta veracidad en las acusaciones, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país ha asegurado que en la solicitud de extradición no hay elementos probatorios de culpabilidad. Por otra parte, y me parece lo más cuestionable de este suceso, es que el tema parece haberse politizado y tomar la forma de una represalia ante la manifestación del gobierno mexicano de la intromisión de agentes de la CIA en territorio mexicano en una clara violación a la soberanía nacional. 

La operación de inteligencia norteamericana en nuestro país sin autorización del congreso es ilegal y agresiva, les guste o no a los estadunidenses, acostumbrados a intervenir en donde desean sin consentimiento alguno, por ello esta denuncia pareciera haber desatado la acusación contra los funcionarios sinaloenses para golpear al gobierno de la presidente Sheinbaum. Habrá que esperar las pruebas para sustentar la petición de extradición; por lo pronto el efecto de politización ha surtido efecto y la crisis diplomática parece estar a la vuelta de la esquina con consecuencias aún inciertas. Lo que esperamos sin duda alguna es que la ley y la justicia estén por encima de la política al mismo tiempo que se protege nuestra soberanía nacional.

LA HORA DINÁMICA

No sé si esta medida surja a raíz de lo sucedido en Michoacán, en donde dos maestras fueron abatidas por un alumno; lo que sí sé es que la medida es necesaria y pertinente y era el elemento faltante curricularmente hablando para el desarrollo de una sociedad pacífica, ya que actualmente se cuenta en bachillerato con asignaturas que tienen como contenido temas referentes a la cultura de la paz. Me refiero a la atención de la salud mental de las y los estudiantes de nuestro país. Vivimos en una sociedad con altos índices de violencia, en donde al día se suscitan más de 80 homicidios dolosos, y ni hablar de otros tipos de violencia como la de género o intrafamiliar que siguen con números alarmantes, por ello la educación es el medio necesario para edificar los cimientos de una sociedad pacífica y para ello es necesario que se trabajen en las aulas las emociones de las y los alumnos. 

La estrategia gubernamental consiste en implementar una hora a la semana de actividades y gestión de emociones en adolescentes de entre 14 y 18 años, particularmente en el tercer grado de secundaria y primero de bachillerato. La idea desde luego que es bienvenida, el problema radica en su implementación. Como exdirector de una escuela de bachillerato el primer problema al que se enfrentan este tipo de estrategias es saber quién se encargará de su implementación, seguimiento adecuado y sobre todo evaluación. Decir que se aplicará es fácil, pero como sucedió con las tutorías, que es un modelo de acompañamiento académico para disminuir los índices de reprobación y deserción. Los docentes exigen pago por actividades extras y algunos de ellos solo simulan la atención, aunque se les pague por las actividades. Sumado a esto las evaluaciones tienden a preguntar al alumno si el docente lo atendió y le aplicó las actividades y con ello se da por terminado el proceso con ese tipo de evaluación tan simple. 

Si derivado de las deficiencias detectados en estrategias como las tutorías, no se obtiene una retroalimentación que permita fortalecer el nuevo programa de “la hora dinámica” y contemplar esos escenarios, el esfuerzo terminará en otra buena intención que encuentra su final con docentes poco o nada comprometidos y la falta de seriedad institucional en cuanto a la evaluación periódica de las acciones implementadas. Por lo pronto hay que aplaudir que el tema se encuentre ya en planes de autoridades educativas, pues la violencia en un mal endémico en nuestro país y requiere acciones concretas y medibles para empezar a cambiar el panorama y sobre todo se requiere el compromiso de padres de familia dentro de la estrategia, porque es en el hogar en donde se gesta muchas veces la violencia como patrón cultural heredado de padres a hijos. 

En su inicio las acciones anunciadas son la distribución de 18 millones de guías, actividades semanales en salones de clase, y asambleas con madres y padres de familia, suena bien, esperemos el compromiso real de todos: padres, autoridades educativas, gubernamentales y docentes.

DE NUEVO EL FRACKING

El tema ha vuelto, pero con otro tono, uno de aceptación por parte de la izquierda gobernante en la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde luego que, con sus reservas, pero este proyecto de obtención de gas mediante fractura hidráulica de la roca ha sido retomado frente a una realidad que no podemos soslayar: la dependencia del gas estadunidense para la generación de energía eléctrica en nuestro país. 

Este tema lleva ya varios intentos de inmersión en las profundidades de la agenda pública, sobre todo en Coahuila, en donde se ubica la llamada Cuenca de Burgos; y que dicho proyecto representa sin duda alguna una gran derrama económica para las regiones del norte del Estado que se beneficiarían con la explotación de este gas. Sin embargo, el problema sigue siendo el mismo, el nombre al que hace referencia la presidenta sobre este tema es el “fracking amigable”, y es que el adjetivo es importante a la hora de planificar la extracción del hidrocarburo, puesto que el acceso a este supone el gasto de cantidades excesivas de agua, según la Alianza Mexicana contra el Fracking, una coalición de más de 40 organizaciones de la sociedad civil, aseguran que fracturar un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua; con lo que se afecta considerablemente el consumo humano del vital líquido. 

En otras palabras, el daño ambiental es bastante considerable, sobre todo cuando vivimos en un país con estrés hídrico en gran parte del territorio, sobre todo en el norte. Por si esto fuera poco, se requieren grandes inversiones de recursos en infraestructura, incluyendo suministro eléctrico, accesos carreteros y cadenas de suministro que valúan el costo de cada pozo perforado aproximadamente en 7 u 8 millones de dólares inicialmente, ya que no contamos con la tecnología ni la experiencia que nos permita abaratar costos como sucede en los Estados Unidos.  Aunque en este aspecto el gobierno parece reconocer la necesidad de invitar a particulares a participar en concursos que desde luego implican riesgos de pérdidas y para ello la palabra “concesión” debe hacerse presente, aunque sea una palabra no muy bienvenida en la 4T. 

En lo personal me parece que el tema complicado no son los recursos ni su origen, sino el cuidado al medio ambiente, pues el gobierno de AMLO siempre estuvo en contra de este proyecto a grado tal que en su último año presentó la iniciativa de prohibición constitucional de este tipo de explotación energética en defensa del agua y del cuidado del ambiente; y para que la presidenta se atreva a cambiar la dirección debe tener los elementos que le permitan demostrar que el daño será mínimo, y para ello ha reunido a un equipo de expertos de diversas universidad públicas e institutos gubernamentales para realizar una investigación que permita presentar un proyecto de fracking con el menor impacto ambiental posible, sobre todo cuando la presidenta es “ambientalista de formación profesional”, pero con la certeza de que dependemos en un 75% de la importación de gas estadunidense y que también justo ahí necesitamos una buena dosis de soberanía que solo la explotación de gas por nosotros mismos puede darnos.

FRENAR ATAQUES

El lamentable suceso ocurrido en Michoacán en que dos maestras fueron ultimadas a balazos por un alumno vuelve a enlutar al gremio docente en México y a encender las alarmas sobre lo riesgoso que resulta la labor docente en nuestro país. Hay dos grandes rubros que deben ser analizados tras este fatídico suceso, el primero es la salud mental de las y los estudiantes y las medidas de protección para docentes que deben tomar las autoridades para intentar disminuir estos lamentables sucesos que no son los primeros y nada parece indicar que serán los últimos. 

Sobre el primer tema relacionado con la salud mental,  hay que señalar que según satos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 10% de las y los adolescentes presentan este tipo de problemas; y para el caso del alumno que atentó contra las maestras, según manifiestan autoridades de la institución educativa, se trataba de un alumno regular, sin antecedentes de expulsión o mal comportamiento, por ello resulta un tanto confuso en las primeras indagaciones estipular una causa que haya originado el asesinato, y todo esto ante las declaraciones de la fiscalía de que el atentado fue directo, es decir, los objetivos eran las maestras y nadie más, por lo que definitivamente existe un móvil aunado a la cuestionable salud metal de alguien que se atreve a ultimar a dos personas a sangre fría. Cabe mencionar que previamente el alumno había subido a sus redes imágenes sosteniendo el arma homicida y anunciado que “había llegado el día”. Ante lo sucedido el gobierno federal menciona que cuenta con un programa intensivo de atención a la salud mental en adolescentes, el problema es que no podemos estar viviendo estas calamidades para comprobar que realmente funciona. 

Aquí hay muchos puntos que cuestionar y sobre todo fortalecer: los programas de salud mental necesitan forzosamente del apoyo de los padres, y es cuestionable que la madre del joven desconociera totalmente que este tuviese un arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Hay que reforzar el compromiso de los padres con la atención hacia sus hijos; otro punto que también debe reforzarse es el monitoreo de las redes sociales, pues en el momento en que sube imágenes con armas de fuego, siendo menor de edad y el arma de uso exclusivo del ejército, no puede pasar desapercibido ni por familiares ni amigos no por autoridades, por ello se debe invitar a la denuncia anónima cada vez que estas publicaciones aparezcan. 

Por otra parte, como medida de protección para docentes se deben incrementar los operativos mochila de manera permanente y periódica, incluso escáneres en las entradas de los centros educativos, nunca se sabe hasta que punto un alumno guarde rencor contra un docente que le pudo haber llamado la atención o haber otorgado una mala calificación, también que cada escuela cuente con personal profesional capacitado para evaluar a cada alumno de nuevo ingreso, y mucha más acciones que se debe tomar y que requieren recursos y voluntad política. 

Antes lo peor para un docente era que un alumno resentido le rayara el vehículo o le arrojara huevos a su casa, hoy en día, las agresiones se han vuelto exponenciales y la labor docente es altamente riesgosa y se deben tomar medidas tanto para protegerlos a ellos como a toda la comunidad estudiantil. 

FARANDULEROS

Dese luego que causa indignación ver como un diputado se separa de su cargo mediante una licencia por el motivo más bizarro que exista y regrese a reclamar su puesto como si nada hubiera pasado, y no por voluntad, sino porque le salió mal el proyecto por el que abandonó un cargo de representación popular federal. El caso de Sergio Mayer sin duda alguna pone en tela de juicio el profesionalismo de la clase política, pero no solo eso, sino que deja ver el nulo compromiso con su encomienda constitucional y sobre todo el cinismo tradicional de una clase política que siempre termina exponiendo su pusilanimidad. Desde luego que la culpa no solo es de él, sino de quien lo postuló, y en este caso fue morena quien lo colocó en San Lázaro mediante las listas de representación proporcional o plurinominales que obtuvieron escaño sin necesidad de ser votados en una elección, de ahí la importancia de la reforma fallida impulsada por su propio partido de eliminar este método de asignación de curules en el congreso federal. 

En diversas ocasiones, los partidos optan por candidatear a personas “faranduleras” o que viven del espectáculo mediático para aprovechar la popularidad y ganar elecciones, aunque poco importe que él o la ungida tenga poco o nada de conocimiento en materia legislativa o experiencia en política de cualquier nivel de gobierno. Históricamente, figuras como Carmen Salinas Silvia Pinal y Cuauhtémoc Blanco han ocupado cargos públicos, así como recientemente Sergio Mayer, Paola Suárez, Rommel Pacheco, Toñita, etc. Hay que aclarar que no por ser pertenecientes a la farándula o mundo deportivo tienen menos capacidad para detentar un cargo público, sin embargo, han vivido en escenarios de lujos o simplemente de egos o proyección exponencial que con su llegada a cargos púbicos disminuye, por ello es normal que se vean tentados a aprovechar ofertas de crecimiento personal en realities shows que además son bastante lucrativos. 

Con todo ello no justifico el proceder actual del actor Mayer, pero sí entiendo sus motivos y la experiencia para los partidos es evitar este tipo de candidaturas por invitación y optar por interesados en carreras políticas que estén alejados de este tipo de ambientes, si bien la constitución no es nada requisitosa para que cualquier persona acceda a un cargo público,-cosa que para es nada es correcta- hay que tener cuidado con los perfiles que se invitan a participar para evitar denostar todavía más a nuestra clase política mexicana. Para este caso tan evidente de falta de compromiso por el cargo, Mayer no debería regresar a su curul, puesto que ha demostrado total indiferencia y aunque tiene todo el derecho de volver, un poco de congruencia por parte de morena al exigirle públicamente su renuncia sería ideal, aceptable e idóneo.

PENSIONES DORADAS

Fueron privilegios derivados del corporativismo priista que garantizaba lealtad electoral; pero a final de cuentas se trata de privilegios insostenibles y sin razón de ser. En algunas empresas del sector público como CFE, PEMEX, Banobras, NAFIN, IMSS, etc., muchos jubilados de alto nivel han recibido pensiones mensuales que van desde los cien mil hasta el millón de pesos. En promedio en México, un trabajador recibe 7 mil pesos de pensión mensual, lo cual desde luego es insuficiente, y nada comparadas con estas jugosas remuneraciones mensuales que reciben muchos jubilados a través de un sistema que claramente es desigual. La erogación en estas pensiones doradas que ya se han terminado con la votación unánime del senado supone un gasto anual de más de cinco mil millones de pesos, monto que se pretende ahorrar, estas pensiones millonarias han terminado y el alcance de su derogación será retroactivo, es decir, se aplicará a los ya jubilados y a los que estén por jubilarse. 

De acuerdo con el dictamen, ningún jubilado de organismos estatales podrá recibir una pensión superior al 50% del salario de la persona titular de la Presidencia de la República, lo que actualmente equivale a aproximadamente 70 mil pesos mensuales. En nuestro país, el tema de las pensiones sigue siendo una bomba de tiempo que no se resuelve con este tipo de medidas, más bien se trata de paliativos que a final del día son irrelevantes cuantitativamente hablando frente a la erogación anual de pensiones que rondan 1.6 billones de pesos, es decir, los cinco mil millones de pesos que se ahorrarán representan el 0.3% de la totalidad del gasto anual gubernamental en este rubro y que tarde o temprano hará explosión.  

Entonces, técnicamente la medida no aporta peso relevante frente al problema de pensiones, pero encaja perfectamente en el discurso presidencial morenista de poner fin a los abusos, privilegios y excesos de unos cuantos en detrimento de muchos. En lo personal, creo que la suma de pocas acciones tiende a generar un cambio, si bien no es el remedio a la enfermedad, esta reforma es bienvenida por el solo hecho de hacer ajustes a lo que no esta bien y de paso es desigual, el detalle es que estos ajustes deben ser parte de un proyecto integral que busque resolver el problema de pensiones en nuestro país y no solo reforzar un discurso políticamente redituable, y me parece que es lo entendieron la totalidad de las fracciones políticas ya que la votación fue por unanimidad (PAN, PRI, MC y morena). Esperemos que la acción sea solo una punta de lanza y no una retórica redituable electoralmente hablando.