REVÉS POLÍTICO

El martes 3 de noviembre fue un día fatídico -políticamente hablando- para el presidente Trump y los republicanos. Hasta el cierre de este artículo, en la cámara alta los demócratas ganaron la mayoría con 54 escaños vs 44 de los republicanos quedando aún dos miembros por asignar. En la cámara baja los demócratas también ganaron con 240 vs 147 escaños republicanos quedando aún 48 por asignar. En términos generales, los demócratas se llevaron la victoria en estas elecciones legislativas intermedias. Dentro de los resultados hay que resaltar que también hubo elecciones para elegir gobernadores en Texas, California, Florida y Nueva York. En Estados como Texas los demócratas hicieron pedazos el dominio republicano de 32 años sobre los cargos estatales en el que había sido, hasta el martes, el estado conservador más poblado del país. Sucedió lo mismo en Illinois Nueva York y Georgia, no obstante, en Florida los republicanos tienen nuevo gobernador. 

Más allá de estos resultados, y más allá de los festejos por la victoria en el congreso por los demócratas, existen dos realidades que me parece importante destacar: I. El hecho de que Trump perdiera el dominio del congreso lo debilita, pero no lo derrota, porque continua con el privilegio del poder del veto ante cualquier ley emanada del próximo congreso de mayoría demócrata, es decir, que las cosas no necesariamente van a cambiar. El nuevo congreso deberá comenzar a negociar sobre temas como la reevaluación de la financiación militar para Israel y el control de la guerra contra Irán, así como reparar los importantes recortes que los republicanos hicieron a programas de atención médica como Medicaid, que utiliza la población de bajos ingresos, y el mercado de seguros del programa conocido como Obamacare. 

Y en el caso de que estas negociaciones condicionadas por el poder del veto del presidente no funcionaran, se tiene la opción de intentar resolver esto mediante litigios y obligar a los tribunales a que resuelvan la situación, cosa que no ha sucedido en estos años anteriores porque el congreso era dominado por los republicanos y no hubo necesidad de intervención judicial. II. Finalmente, y lo que me parece más importante y realmente esperanzador, es que estas elecciones son un referendo hacia la actuación del presiente, es decir, es la evaluación de su gestión y por ello tienden a ser una esperanza de que los demócratas recuperen la presidencia dentro de dos años y con ello lograr todas las promesas que hicieron en campaña: investigar la corrupción; reducir los costes de la salud, los alimentos y la gasolina; poner fin a la guerra con Irán; etcétera. Por lo pronto el pueblo de los Estados Unidos le ha dado a Trump un revés político bastante serio rechazando su gobierno y dejando ver la muy seria posibilidad de que la presidencia cambie de partido en un par de años más.

FALLÓ LA TÓMBOLA

La tómbola en la cual Guadalupe Taddei fue electa presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) hace tres años no resultó tan efectiva, pues justo este 26 de octubre la consejera presidenta ha renunciado en medio del escándalo más grande de corrupción o conflicto de intereses en la historia del INE. Hay que decirlo como es, las instituciones no son culpables de las personas que las ocupan, una institución no es generadora de corrupción, pero definitivamente sus ocupantes temporales en ocasiones no resisten la tentación de abusar de la autoridad concebida y con ello comenzar a transgredir la ética profesional y las buenas prácticas que deben caracterizar a un funcionario público. 

Guadalupe Taddei llegó al INE luego de un desgaste institucional provocado por figuras como Lorenzo Córdova en medio de altos sueldos y clara simpatía por la ultraderecha en México. Recibió el apoyo total de morena y llegó con un discurso anticorrupción y apegado a la austeridad que siempre ha pregonado la izquierda gobernante. Comenzó por reducirse el sueldo y ser la consejera que menos ganaba para ser congruente con la austeridad republicana, pero al paso de tres años no pudo resistir la seducción de la corrupción y comenzó a privilegiar contratos con amigos dueños de empresas proveedoras de material electoral y hasta triangulación de recursos que han provocado su salida del instituto justo a inicios del proceso electoral del 2027. 

Su cercanía evidenciada con un contratista que se ha llevado contratos de más de 500 millones de pesos en el último año ha metido al INE en una crisis de credibilidad nunca antes vista. Y desde luego, también pone en tela de juicio el procedimiento “pulcro” que aseguraba los mejores perfiles para ocupar los más altos cargos en el instituto. Para este supuesto conflicto de intereses la consejera presidenta tuvo que esperar las reformas de 2024 que también le dio una leve modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en donde se le dieron poderes especiales a la presidencia del consejo general, como por ejemplo nombrar a directores ejecutivos y titulares de unidades sin el candado de la aprobación de 8 de los 11 consejeros, con ello pudo colocar directamente a gente de confianza como el titular de la dirección de administración de la que dependen los procesos de licitación y el manejo del jugoso presupuesto de 12 mil millones de pesos. 

Así, con ese poder pudo realizar convenios con amigos para poder llevar a cabo contratos millonarios además de señalamientos de tráfico de plazas, aviadores y la recomendación de sus proveedores a los OPLE en los Estados, desde luego cargados también de corrupción. Más allá de lo que determinen las investigaciones, Taddei ha renunciado y el procedimiento de la tómbola nos quedó a deber, anticipo que vendrá otro proceso para tratar de remediar la hemorragia con un curita.

LEY PERTINENTE

La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, aprobada recientemente por el Congreso de la Unión busca unificar y modernizar los sistemas catastrales y registrales del país mediante diversos mecanismos de conexión y homologación. En otras palabras, la idea es actualizar el padrón de inmuebles mediante la detección de propiedades no registradas, así como mejorar la información sobre su valor. De pronto, como todo lo que propone la presidenta Sheinbaum, tiende a politizarse y mayormente con desinformación. 

En ningún momento se habla de incrementos, pues, para empezar, los aumentos en las tasas de impuesto predial son a solicitud de cada municipio con la correspondiente autorización de cada congreso local, por lo que de ninguna manera se puede culpar al gobierno federal de cualquier incremento; así mismo, con la detección de propiedades no registradas se incrementa la base gravable de cada municipio sin que existan incrementos en el impuesto predial. Otra de las bondades de esta ley es que crea la clave Única Catastral (CUC), es decir, asigna un registro alfanumérico único a cada predio para identificarlo técnicamente en todo el país. 

En términos de simplificación administrativa, al digitalizar todo se facilita la consulta de información y la realización de trámites y pagos digitales entre los tres órdenes de gobierno. Finalmente, otorga certeza jurídica patrimonial; ya que conecta los datos físicos de un inmueble con su situación legal ante el registro público para proteger la propiedad de las personas. Por donde se le quiera observar, se trata de una ley bastante pertinente, benéfica y asertiva, pero la oposición, fiel a sus principios de cuestionar todo sin fundamentos sólidos, argumentan la posibilidad de un “predialazo” (incrementos en las tasas del impuesto predial) cuando esa realidad depende de cada entidad, también argumentan que la centralización de toda la información catastral del país en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) vulnera la autonomía municipal, lo cual también es absurdo, pues como lo he comentado en líneas anteriores, los congresos locales tienen la última palabra en el aumento de impuesto predial en cada municipio de cada Estado. 

A veces parece que la oposición no cuenta con asesoría técnica adecuada o quizá solo es el “modus operandi” de una oposición rabiosa que se opone a cualquier reforma por bondadosa que esta pueda ser. Al menos en este caso el rechazo de las bancadas del PAN, PRI y MC a esta ley no dejan ver otra situación que no sea una de las dos posibilidades mencionadas. También se vale aplaudir las buenas iniciativas y con ello deja ver el profesionalismo que debe caracterizar a una verdadera oposición, no solo denostar por consigna o por esencia.

ATAQUES ESCOLARES

El lamentable suceso ocurrido el día primero de octubre del presente en la comunidad del ejido La Unión en el municipio de Torreón en donde jóvenes atacaron una escuela secundaria dejando a una persona sin vida y varios heridos ha causado conmoción en la sociedad y sobre todo en el ámbito educativo, pues los profesores y padres de familia cuestionan la seguridad e integridad de cada comunidad escolar ante la posibilidad de la recurrencia de este tipo de ataques. 

Y es que, a decir del investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés, desde el año 2000 se acumulan 157 eventos de este tipo y en 2026 se alcanzó un récord con 31, es decir, ya no se trata de hechos aislados, sin antecedentes ni consiguientes. La tendencia nos permite estimar que estos sucesos seguirán presentándose y ante lo cual es urgente que las autoridades atiendan este problema y lo coloquen como prioridad mediante una política pública que impacte directamente en la disminución de la tendencia de estos fatídicos sucesos. 

El investigador de manera atinada identifica algunas causas de estos ataques: La disponibilidad de armas, la insuficiente atención a la salud mental y la normalización de la violencia. Al respecto, la disponibilidad de armas hoy es tan fácil que cualquier persona tiene acceso a todo tipo de calibres derivado del tráfico indiscriminado de armas desde Estados Unidos; pues, se calcula que entre 200,000 y 500,000 armas ilegales ingresan cada año a nuestro país. 

En segundo lugar, la falta de atención del sistema educativo a la salud mental es una realidad cada vez más evidente; al respecto el gobierno federal apenas está iniciando una estrategia llamada “la hora dinámica” que consiste en un  espacio semanal de una hora enfocado en la salud mental y el bienestar socioemocional de los estudiantes con diversas actividades, sin embargo, no es suficiente, hace falta la presencia de un psicólogo en cada institución educativa de nuestro país para detectar posibles riesgos de violencia en alumnos. Finalmente, para protección de eventos exógenos, también es necesaria la existencia de un guardia de seguridad en cada escuela, capacitado y dotado con equipo no letal para incapacitar a posibles agresores. 

Esto último requiere inversiones más grandes de recursos, pero creo que ya no se trata de lujos, sino de necesidades y con ajustes presupuestales es posible dotar a las instituciones educativas de los elementos necesarios para hacer frente a la nueva realidad que de no atenderse seguirá ascendiendo con resultados fatales y ante la mirada permisiva del gobierno en sus tres niveles. Podemos diagnosticar el problema, buscar culpables, pero en este momento las soluciones son mucho más necesarias y deben ir encaminadas por el camino de la prevención.

TAXATIVIDAD

En lenguaje jurídico, la taxatividad significa que la elaboración de normas, leyes, reglamentos, o cualquier orden legal debe ser clara, precisa y exacta, que no dé margen a la ambigüedad, la duda, o la posible interpretación de manera personal por falta de precisión. Por la falta de este mismo principio es que la actual reforma a la ley federal de protección a la propiedad industrial, mejor conocida popularmente como ley anti memes ha generado polémica y sobre todo la polarización entre quienes afirman que su objetivo es idóneo y necesario, y entre quienes dicen que su verdadera finalidad es la censura a la crítica de quienes cuestionan al gobierno. 

Por lo pronto, el senado ya avaló la reforma que contempla hasta cinco años de prisión y multas de hasta 10 mil UMA en caso de inducir al engaño a través del uso de la identidad gráfica oficial. En palabras más sencillas se trata de castigo al fraude digital y la suplantación oficial. Es decir, a quienes utilicen logos, documentos falsos o páginas web clonadas del gobierno (identidad gráfica oficial) a escala comercial para hacer fraudes. Por ejemplo, si con inteligencia artificial se crea un video de algún gobernante invitando a la ciudadanía a que realicen depósitos o transacciones con supuestos beneficios que no existen y que se trata al final de un fraude. 

Es decir, se trata de algo netamente positivo, de igual manera, en lo referente a la propiedad intelectual, se persigue regular la piratería masiva en internet para cumplir con el tratado comercial del T-MEC; obligando a las plataformas digitales (como Facebook o YouTube) a retirar inmediatamente contenidos que usen música, películas o fotos sin permiso cuando haya una queja por derechos de autor, cuando se trate de utilidad comercial, es decir, hacer uso de música o clips de películas para hacer negocio y obtener dinero. Lo cual también es positivo; y esto no afecta en nada a quienes crean memes usando actores o escenas de películas para generar burla, sátira o comedia sin fines de lucro. 

Al final se trata de una ley asertiva y necesaria, el problema es que la falta de taxatividad es lo que provoca que actores disidentes al actual gobierno usen esa deficiencia para asegurar que se trata de censura contra cartonistas o moneros que hacen sátira o parodia de políticos o gobernantes en un acto de represión, lo cual definitivamente es falso. Hasta el día de hoy, la web, en lo particular las redes sociales siguen siendo un punto polémico en cuanto a regulación, porque la libertad de expresión en la actualidad se ha volcado hacia las redes sociales, pero muchas veces esta libertad cae en el escenario de la difamación y desacreditación con dolo para afectar a personas no solo del ámbito político, por ello la regulación siempre es y será importante, pero para ello la taxatividad debe ser el colofón de cada ordenamiento legal para asegurar que no exista malinterpretación sobre algo que definitivamente es positivo.

BATEADO

Después de tres meses de ausencia producto de una licencia para separarse del cargo ante las acusaciones del gobierno estadunidense; Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, sorprendió a la nación con su mensaje: “El día de hoy he retomado el ejercicio de mi cargo de gobernador”; haciendo acto de presencia en palacio de gobierno. Además, afirmando que la Fiscalía General de la República (FGR) le había comunicado que no había elementos para sostener las acusaciones lanzadas por los Estados Unidos. 

Ante esta lamentable y cuestionable situación; la respuesta de la FGE fue que las investigaciones sobre la denuncia siguen en curso por lo cual se desmiente lo dicho por el gobernador; además, no tardó mucho tiempo en que los gobernadores de su partido cerraran filas en cuanto a su retorno, así como el grupo parlamentario de morena en el congreso al afirmar que: Rocha Moya “debe reconsiderar su decisión” en un duro comunicado. “Ningún interés o circunstancia personal debe comprometer los intereses superiores de la nación ni afectar la relación de México con otros países”. 

Por su parte, los 23 gobernadores señalaron que: “Hacemos un llamado al Dr. Rubén Rocha Moya a la madurez y la responsabilidad”. Finalmente, la mandataria Sheinbaum tomó la decisión de no respaldar el retorno del gobernador al afirmar que “Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder”. Con estas declaraciones de la élite política morenista, Rocha Moya no tuvo más remedio que recular y solicitar nuevamente licencia por tiempo indefinido. Este bateo político que sufrió el gobernador fue la mejor decisión que la presidenta pudo haber tomado, sobre todo en momentos en que su popularidad está por las nubes y que se debe reflejar en acciones concretas como el rechazo a posibles nexos de la delincuencia con políticos de su mismo partido. El respaldo a ciegas y solo por afinidad política solo vuelve cómplice a quien lo impulsa, por ello el retorno de Rocha Moya era inconcebible. 

Sobre el gobernador sinaloense pesan acusaciones serias por tener presuntos vínculos con una facción del Cartel de Sinaloa, que pagaba a los servidores públicos con sobornos. Ante esto la separación del cargo era imprescindible y su retorno al poder con carpeta de investigación abierta, intolerable. Hasta que las investigaciones queden concluidas, o hasta después del proceso electoral del 2027 sabremos el destino final del gobernador. 

Por lo pronto, otra licencia más por el bien de Sinaloa que en estos momentos arde en violencia y por la estabilidad del partido en el poder con miras al proceso electoral del año entrante. 

ECONOMÍA DIGITAL

Cuando leí la noticia de que la presidenta preparaba una iniciativa para digitalizar la economía, propiamente hablando de pagos, me pareció una magnífica medida, que desde luego requiere inversión y buena planeación, pero al leer el contenido de la misma, me parece que la iniciativa es buena, pero demasiado limitada y acotada y no tiene miras a largo plazo para hablar de la posibilidad de ponerle fin al dinero en efectivo. 

En una vista a la ciudad de Los Ángeles, California, hace años, me llamó la atención que todos los vendedores de comida rápida con puestos de comida modestos aceptaban pagos con tarjeta, algo difícil de ver en nuestro país, pero que sin duda optimiza tanto el pago de productos o servicios como el impulso a la economía. Optimizar porque permiten que los pagos sean rápidos y sin la dependencia de papel moneda, e impulso a la economía porque si uno trae un billete “grande” resulta muchas veces ser un problema para una venta de un producto de bajo costo, sobre todo si el negocio acaba de abrir y no tiene cambio. 

La iniciativa de Sheinbaum, sin embargo, va en el sentido de permitir transacciones en efectivo o cheques únicamente de manera temporal ante contingencias justificadas; se aplicará solo en actividades clave (como gasolineras o casetas de peaje) donde solo se aceptarán pagos electrónicos. También impulsa la Identificación digital simplificada ya que permite usar la CURP digital y el expediente digital ciudadano para abrir cuentas o contratar servicios financieros a distancia sin acudir a sucursales, establece también que los tres niveles de gobierno deben aceptar pagos digitales para trámites y servicios. Finalmente, combate a la evasión y seguridad buscando disminuir la informalidad fiscal, reducir delitos asociados al manejo de efectivo y bajar comisiones bancarias. Particularmente, en los pagos de servicios para trámites de los tres órdenes de gobierno es una medida bastante necesaria, ya que obliga a municipios a digitalizar servicios como pago de predial, agua, licencias, permisos, etc., sin las tediosas filas de siempre.  

Como lo dije en un principio, la medida es buena, pertinente, pero no suficiente, sobre todo porque no se precisa que sea el primer paso hacia una digitalización absoluta del sistema financiero de nuestro país, en donde hasta con el celular se puedan hacer pagos en cualquier tiendita de la esquina. Esperemos más adelante contra con un plan de esta envergadura para simplificar la vida financiera de las y los ciudadanos tanto quienes veden, como quienes compran servicios y productos y demás otras bondades que trae consigo una medida de este calibre deseable.