VARIABLE 14

El INE ha expedido las reglas del juego para el proceso electoral 26-27. Una de ellas, la variable 14 conocida como “Mecanismos discursivos indirectos de descalificación de las personas precandidatas o candidatas” ha generado controversia porque se ha señalado como censura directa a la libertad de expresión; pues se trata de una medida que busca clasificar, registrar y/o evaluar y aquellos comentarios en televisión o radio que “demeriten, menosprecien” de forma implícita a una candidatura sin usar necesariamente una agresión o insulto directo. Es una respuesta a supuestas quejas sobre las llamadas “campañas negras” y agresiones digitales que no usaban como tal insultos directos, sino ciertos recursos lingüísticos (como el sarcasmo o la ironía) para demeritar candidaturas, especialmente bajo un enfoque de género. 

Primero hay que precisar que esto aplica solo a medios de comunicación, no a ciudadanos comunes y sus expresiones cotidianas en redes sociales, por eso no se trata de un tema de censura general, y aunque muchos medios tienen razón en llamar así esta iniciativa, la realidad es que en las entidades federativas, los medios de comunicación están al servicio del gobierno en turno porque reciben tajadas presupuestales millonarias y por ello su línea editorial suele ser agresiva contra políticos disidentes. 

Así que cuando la oposición aparece, son vapuleados inmediatamente con estas campañas negras en clara desventaja de un candidato a otro. Los ataques se presentan por cinco vías: ironía o sarcasmo, minimización de logros, infantilización de quien es tratado como incapaz de comprender el cargo, cuestionamiento implícito de legitimidad y asociación negativa por identidad. Por ello no resulta absurdo ni fuera de lugar que se intenten tomar medidas para disminuir estas asimetrías que implican ser objeto de ataques o de lisonjas por parte de medios de comunicación. 

En lo personal la iniciativa me parece acertada, siempre y cuando no se extienda hacia la población en general ni a quienes externamos nuestra opinión en medios de comunicación desde trincheras editoriales. Por lo pronto el día de hoy a medio día la sala superior del TEPJF resolverá la valides de dicha iniciativa que ciertamente parece ser un ataque de censura, pero en esencia solo regula el accionar de medios serviles a gobiernos estatales para que exista piso parejo en los procesos electorales. No todo lo que brilla es oro, así que no toda acción de limitar opiniones es censura, al menos no en este caso.

EXAMEN DE ADMISIÓN

Lo sucedido en el examen de admisión de la UNAM en días pasados que obligó a la máxima casa de estudios de México a reprogramar la aplicación de su examen de admisión para quienes aprobaron, pero de manera presencial, estuvo marcada por señalamientos tales como: detección de trampas con inteligencia artificial, suplantación, uso de teléfonos para hacer trampa durante las pruebas online, presencia de acompañantes que auxiliaban a los aspirantes, venta de respuestas y un número atípico de puntajes perfectos, lo cual no es normal. 

Este 19 de agosto concluye la aplicación presencial, y ante lo sucedido, vale la pena preguntarnos si estamos preparados o qué necesitamos para que la presentación de este tipo de exámenes se vuelva una realidad en tiempos de vanguardia digital y que se ha vuelto exponencial luego de que la pandemia nos obligó a vivir en una virtualidad laboral y académica que llegó para quedarse, pero que ha demostrado falencias en eventos tan importantes como lo son las admisiones en la UNAM.  

La aplicación de exámenes desde casa siempre se prestará a la posibilidad de fraude en cualquier modalidad, por ello Universidades de alto prestigio en Estados Unidos (como Harvard o MIT) o Reino Unido (como Oxford y Cambridge) utilizan exámenes digitales por computadora, pero se realizan bajo vigilancia estricta dentro de instalaciones o centros de prueba autorizados, no de forma libre en casa. 

Lo mismo pasa en exámenes de competencia de conocimientos para formar parte del consejo del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), en donde se presentan exámenes en línea, pero bajo supervisión estricta de personal del instituto, o en el examen similar, pero en el Instituto Nacional Electoral (INE), que se aplica en el recinto de la cámara de diputados de manera electrónica, pero bajo supervisión de personal del CENEVAL. Es decir, es cierto que estamos en tiempos de modernidad virtual, sin embargo, no existen a la fecha sistemas tan seguros que garanticen que se puedan presentar exámenes de concurso o admisión desde casa con absoluta certeza de seguridad. 

La UNAM es un claro ejemplo de lo que por lo pronto no podemos hacer, la idea será optimizar modelos de aplicación que muden totalmente a la virtualidad, pero bajo supervisión presencial humana. Por lo pronto la UNAM ha aplicado un segundo examen a quienes aprobaron para que refrenden su “aprobación” del examen, lo cual desde luego generará molestias si algunos no logran superar lo que ya habían logrado sortear. Seguimos afrontando retos en educación, sobre todo en lo que a temas tecnológicos se refiere. No me queda duda que un día la IA podrá asegurar que se presenten exámenes desde casa, pero por el momento la supervisión humana es necesaria.

LIBRE

Se trata de un programa operado por las entidades federativas y el gobierno federal; bajo el acrónimo de LIBRE, estos centros buscan llevar a cabo acciones en materia de Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación en favor de las mujeres. Estos principios se ejecutan mediante la prestación de servicios integrales a las mujeres para promover sus derechos, impulsar su autonomía económica, prevenir y atender las violencias contra las mujeres, apoyar la consolidación de redes comunitarias y favorecer el cambio cultural en sus comunidades. 

La idea de estos centros es por demás necesaria, sin embargo, estos mismos operan en los municipios y al final la colaboración municipal es trascendente para que estos operen en cada demarcación municipal; pues son quienes otorgan los espacios y la infraestructura que permite la operatividad del programa. Para el caso del municipio de Allende, el alcalde Ricardo Treviño tuvo a bien colaborar con la adecuación, equipamiento y puesta en marcha del espacio para la instalación de este centro que fue inaugurado el primer día del mes de julio del presente y que permite ver el compromiso de la administración actual con la igualdad de género y el respeto y cuidado de grupos históricamente vulnerables, como lo son las mujeres en nuestro país; además es importante señalar que dicho compromiso y apoyo por parte del alcalde y el ayuntamiento que encabeza no es algo súbito, ni mucho menos circunstancial sino que es parte de las políticas de género que vienen señaladas dentro del Plan de Desarrollo Municipal siendo el tema de las mujeres uno de los ejes transversales que se impulsan y desarrolla  bajo la administración actual, particularmente en el eje cuatro “seguridad ciudadana” en el tema específico de seguridad pública se hace referencia directa y literal a la protección de las mujeres y la niñez mediante la atención de la violencia contra estos grupos sociales. 

En pocas palabras, no es evento fortuito, sino parte de las políticas municipales actuales en materia de género. Y no solo se remite a estos centros, sino también al apoyo a los grupos LGBT en sus expresiones y necesidades que presentan de manera periódica al alcalde y su ayuntamiento. El compromiso es, pues, una política institucional gubernamental y el apoyo seguirá siendo real a este centro que inicia sus operaciones en el municipio de Allende. 

En un país en donde en pleno 2026 el 70.1% de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, en tipos de agresión como la violencia psicológica (62%) y física (33%), ocurriendo un 88% de los casos dentro del ámbito familiar y el hogar; la sinergia de los tres ámbitos de gobierno debe materializarse en coordinación y planificación que dé como resultado la disminución de este tipo de violencia que lastima a las mujeres en nuestra sociedad. 

Con la incorporación de Allende a este programa suman ya 20 municipios de los 32 de nuestra entidad que coadyuvan en pro de las mujeres y su desarrollo integral. Finalmente, destacar que la responsable de este centro en el municipio, Frida Larizza G. Castro, es una profesionista que ha impulsado la llegada de este centro en sinergia con el alcalde y que su proactividad augura que este centro sea un espacio de empoderamiento para las mujeres que dé resultados positivos a mediano plazo. Enhorabuena por las mujeres de nuestro municipio.

ECOS ELECTORALES

Transcurrido el proceso electoral para la Renovación del congreso local en Coahuila el pasado domingo 7 de junio, los ecos de la elección nos dejan escenarios que vale la pena analizar de manera sucinta. Comencemos por lo lamentable: nuevamente el gran ganador fue el abstencionismo, pues de un total de 2 millones 501 mil 847 habitantes con derecho a voto, sufragaron la cantidad de 1,256,407 ciudadanos en listado nominal. Es decir, votaron solo el 50.2% de electores, lo que significa, solo la mitad de los ciudadanos con derecho a voto. Esto a todas luces en un fracaso en términos de participación ciudadana, y si a esto le queremos sumar el tema de la legitimidad, pues los números no benefician de ninguna manera a las y los ganadores, pues del 100% de votos ya computados, es decir, del millón 256 mil 407, la alianza ganadora PRI-UDC se llevaron el 50.4% con 634 mil 280 votos. 

En otras palabras, solo el 25% de los coahuilenses definieron a los ganadores de esta elección. Por lo tanto, en cuanto a participación ciudadana el resultado es reprobatorio y debe ser una llamada de atención para la autoridad electoral (IEC), pues una de sus obligaciones es incentivar la cultura de la participación ciudadana, y por otra parte, la alianza ganadora no representa legitimidad alguna frente al pueblo coahuilense, aunque al final esta culpa es de la ciudadanía que no sale a ejercer su derecho a voto, no de los partidos políticos. El carro completo no es novedad, no es la primera vez, sin embargo, esta elección fue fatídica para partidos con representación nacional que perderán prerrogativas para futuras elecciones y que demostraron una paupérrima participación electoral. 

El PAN en esta elección apenas sumó 27 mil 16 sufragios, equivalentes a 2.1 por ciento de la votación. También retrocedieron el Partido Verde, que no fue en alianza con Morena y PT, y que pasó de 60 mil 523 votos en 2023 a 32 mil 533 en 2026, y Movimiento Ciudadano, que bajó de 27 mil 182 a 24 mil 617 sufragios. Estos tres partidos, al obtener una votación menor al 3 por ciento, están cerca de perder su registro en el estado. Finalmente, el resultado que era bastante predecible no mueve al PRI nacional del lugar en que se encuentran, en Coahuila no se demostró que se puede derrotar a morena, solo se mostró que pudieron retener el control del poder, pues a nivel nacional el PRI continua sus debacles y sus números para futuras gubernaturas no son más que lamentables. 

Entonces no se manda ningún mensaje, el panorama político sigue sin cambios a nivel nacional, lo que alarma en Coahuila es el mismo magro panorama de participación en una elección que es más importante que las municipales, solo que la mayoría de las personas no terminan por entender la trascendencia del poder legislativo. Nada nuevo en Coahuila electoralmente hablando, y claro debemos tener, que las municipales tienen otra historia muy diferente a la elección de legisladores.

SIN DEBATES

A unos días de concluir las campañas políticas para renovar el poder legislativo en Coahuila y más allá de lo que las encuestas dicen, hay un tema que simplemente estuvo fuera del proceso electoral en esta ocasión: los debates electorales entre las y los candidatos de los diversos partidos políticos en contienda. En lo personal vi algunos candidatos presentando propuestas que corresponden a candidatos a alcaldías, es decir, pareciera que no tienen idea de las funciones de un diputado estatal; quizá por ese nivel de propuesta el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) quiso ahorrarse un escenario paupérrimo de intercambio de ideas entre aspirantes y evitarles la vergüenza, o quizá otros motivos subrepticios hicieron que el IEC simplemente optara por no organizar ningún debate político en este proceso electoral. 

Sea cual sea el motivo, la realidad es que los debates son un espacio importante de presentación de ideas que permiten un comparativo real para que la ciudadanía pueda tomar una decisión a la hora de ejercer su derecho al voto. Es cierto que en este país los debates terminan siendo más un show que un escenario de presentación y defensa de ideas, que se vuelven más un momento especial para que las y los participantes expongan sus escándalos, falencias o en palabras triviales: “la cola que arrastran”, y al final termina siendo más un espectáculo morboso que analítico, pero no por ello deben minimizarse y consecuentemente prescindir de los mismos. 

Al final habrá personas con alto raciocinio que los usen verdaderamente para tomar una decisión electoral y solo esto último los debates electorales deben ser una realidad en cada proceso electoral en cada ámbito de gobierno independientemente del nivel de cultura política con que cuente la población. En este escenario de ausencia de debates el único responsable sin duda alguna es el IEC, que como autoridad electoral debió programar los debates en los diversos distritos del Estado, a menos que cierto temor a exponer candidatos oficiales frente a opositores haya sido el motivo de que la autoridad electoral se haya reservado el desarrollo de debates. 

En este escenario preocuparía la imparcialidad del instituto, pero esperemos que solo haya sido un desdén por uno de los elementos más importantes de toda democracia: el dialogo y el intercambio de ideas, y aún en este último caso, el IEC quedaría como inepto para cumplir con una de sus funciones principales: el fortalecimiento de la democracia electoral. Solo para que la autoridad lo recuerde; los debates tienen muchísimos beneficios, entre ellos: El voto informado: derivado de la evaluación directa de las diversas opciones; también el Contraste de ideas, ya que permite comparar plataformas políticas sobre temas específicos y analizar cómo cada candidato planea resolver cada uno de estos problemas y, finalmente, evaluación de habilidades: ya que permiten observar la preparación, el manejo del estrés, la tolerancia a la crítica y la capacidad de argumentación de cada uno de los participantes. Por esta ocasión, nos quedamos sin debates.

THE DOPE

The Dope: The Real History of the Mexican Drug Trade, es un libro del historiador Benjamin T. Smith que comencé a leer y que explica en pocas palabras la forma en que el negocio del narcotráfico creció en México a través del tiempo hasta llegar al escenario que tenemos hoy en día. Las premisas son básicas: protección política interna y demanda internacional creciente. No somos un país productor, somos un país de tránsito y aquí se quedan las ganancias de la venta, y este negocio prosperó a partir de los años cincuentas en México con la protección de los gobiernos priístas que desde luego se llevaban su tajada de recursos, por ello había paz, pero era una paz endeble, frágil, una paz en forma de negocio que debía sostenerse con acuerdos políticos. El que un Estado tenga una aparente seguridad no significa que tenga una estrategia de seguridad exitosa, puede ser que exista un pacto o peor, un monopolio del negocio del narcotráfico. 

La idea me asaltó hace unos meses que degustaba unas bebidas con unos amigos en la banqueta en determinada colonia y a media cuadra una casa en aparente abandono, pero con tipos afuera sentados esperando a que llegaran clientes para la venta de droga; y lo peor es que no había temor a una posible llegada de cuerpos de seguridad, sobre todo cuando el “punto” estaba en la entrada principal de la colonia. Demasiada osadía o evidente contubernio entre crimen y autoridad, parecía más lo último. Pareciera entonces que las autoridades estatales dominan un negocio y por ello aseguran la paz de tal manera que politizan es estado de tranquilidad como arma electoral, ya bastante trillada, pero que al parecer les sigue funcionando. 

The Dope habla sobre esta protección y un mercado estadunidense cada vez más exigente que hasta el momento sigue reclamando su respectivo suministro. Smith no habla al vacío, se trata de un análisis de archivos de más de 100 años. Al respecto; historiadores, analistas políticos e informes de agencias de inteligencia han documentado que, durante las décadas de los 60 y 70, el gobierno mexicano encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) operaba un sistema de protección y control sobre el narcotráfico caracterizado por un pacto de no agresión, monopolio y control vertical. Basta recordar a Arturo Durazo Moreno, el Negro Durazo, el súper policía de José López Portillo, quien se encargaba personalmente de ultimar a extranjeros que querían arrebatar el monopolio de la delincuencia al Estado mexicano. Prácticas muy similares pudieron haberse trasladado a un Estado con casi 100 años del mismo gobierno heredero de ese tipo de “estrategias”.  

No aseguro que así sea, pero lo que vi en días pasados refuerza esta teoría: un Estado que usa el aparato de seguridad para lucrar con un negocio ilícito y con ello garantizar una paz totalmente aparente, y con elementos tan intimidantes que violan sistemáticamente los derechos humanos de los ciudadanos coahuilenses. The Dope y lo que se ve en las calles tienen mucha relación.  

ACUSADOS

No por ser autoridades emanadas de un partido político en específico significa que estén exentos de las garras de la corrupción; y si en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador se desgarraba las vestiduras presumiendo la moralidad de su movimiento y el compartimiento impoluto de sus afiliados y allegados, no cabe duda que su seguridad al hablar se limitaba a su persona, sin embargo, el grado de pureza no se generalizaba de ninguna manera hacia la totalidad de quienes se unían poco a poco a su movimiento; pues creer eso serpia totalmente ingenuo. Por ello, no debe sorprendernos la acusación de nexos con el narcotráfico que ha lanzado el gobierno norteamericano contra funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluido al gobernador Rubén Rocha Moya, todos pertenecientes al partido morena (entre los acusados está el senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán y varios altos cargos de seguridad, de la fiscalía y de la policía en el Estado). Y aunque se trata de una acusación que aún debe probarse, no puede demeritarse solo por la filiación política de los acusados. 

Al respecto, hay varias premisas que tienen que tomarse en cuenta; la primera es que se trata de un Estado que está ligado tradicional y lamentablemente al fenómeno del narcotráfico; y ciertamente este negocio ilícito requiere de apoyo de autoridades de diferentes niveles para poder desplegarse sin inconvenientes y de manera exitosa, por ello la sospecha no suena ilógica. Segunda, los sobornos del narcotráfico suelen ser bastante generosos, y por naturaleza los seres humanos propensos a la corrupción, por ello no sorprendería cierta veracidad en las acusaciones, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país ha asegurado que en la solicitud de extradición no hay elementos probatorios de culpabilidad. Por otra parte, y me parece lo más cuestionable de este suceso, es que el tema parece haberse politizado y tomar la forma de una represalia ante la manifestación del gobierno mexicano de la intromisión de agentes de la CIA en territorio mexicano en una clara violación a la soberanía nacional. 

La operación de inteligencia norteamericana en nuestro país sin autorización del congreso es ilegal y agresiva, les guste o no a los estadunidenses, acostumbrados a intervenir en donde desean sin consentimiento alguno, por ello esta denuncia pareciera haber desatado la acusación contra los funcionarios sinaloenses para golpear al gobierno de la presidente Sheinbaum. Habrá que esperar las pruebas para sustentar la petición de extradición; por lo pronto el efecto de politización ha surtido efecto y la crisis diplomática parece estar a la vuelta de la esquina con consecuencias aún inciertas. Lo que esperamos sin duda alguna es que la ley y la justicia estén por encima de la política al mismo tiempo que se protege nuestra soberanía nacional.