En lenguaje jurídico, la taxatividad significa que la elaboración de normas, leyes, reglamentos, o cualquier orden legal debe ser clara, precisa y exacta, que no dé margen a la ambigüedad, la duda, o la posible interpretación de manera personal por falta de precisión. Por la falta de este mismo principio es que la actual reforma a la ley federal de protección a la propiedad industrial, mejor conocida popularmente como ley anti memes ha generado polémica y sobre todo la polarización entre quienes afirman que su objetivo es idóneo y necesario, y entre quienes dicen que su verdadera finalidad es la censura a la crítica de quienes cuestionan al gobierno.
Por lo pronto, el senado ya avaló la reforma que contempla hasta cinco años de prisión y multas de hasta 10 mil UMA en caso de inducir al engaño a través del uso de la identidad gráfica oficial. En palabras más sencillas se trata de castigo al fraude digital y la suplantación oficial. Es decir, a quienes utilicen logos, documentos falsos o páginas web clonadas del gobierno (identidad gráfica oficial) a escala comercial para hacer fraudes. Por ejemplo, si con inteligencia artificial se crea un video de algún gobernante invitando a la ciudadanía a que realicen depósitos o transacciones con supuestos beneficios que no existen y que se trata al final de un fraude.
Es decir, se trata de algo netamente positivo, de igual manera, en lo referente a la propiedad intelectual, se persigue regular la piratería masiva en internet para cumplir con el tratado comercial del T-MEC; obligando a las plataformas digitales (como Facebook o YouTube) a retirar inmediatamente contenidos que usen música, películas o fotos sin permiso cuando haya una queja por derechos de autor, cuando se trate de utilidad comercial, es decir, hacer uso de música o clips de películas para hacer negocio y obtener dinero. Lo cual también es positivo; y esto no afecta en nada a quienes crean memes usando actores o escenas de películas para generar burla, sátira o comedia sin fines de lucro.
Al final se trata de una ley asertiva y necesaria, el problema es que la falta de taxatividad es lo que provoca que actores disidentes al actual gobierno usen esa deficiencia para asegurar que se trata de censura contra cartonistas o moneros que hacen sátira o parodia de políticos o gobernantes en un acto de represión, lo cual definitivamente es falso. Hasta el día de hoy, la web, en lo particular las redes sociales siguen siendo un punto polémico en cuanto a regulación, porque la libertad de expresión en la actualidad se ha volcado hacia las redes sociales, pero muchas veces esta libertad cae en el escenario de la difamación y desacreditación con dolo para afectar a personas no solo del ámbito político, por ello la regulación siempre es y será importante, pero para ello la taxatividad debe ser el colofón de cada ordenamiento legal para asegurar que no exista malinterpretación sobre algo que definitivamente es positivo.