LIBRE

Se trata de un programa operado por las entidades federativas y el gobierno federal; bajo el acrónimo de LIBRE, estos centros buscan llevar a cabo acciones en materia de Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación en favor de las mujeres. Estos principios se ejecutan mediante la prestación de servicios integrales a las mujeres para promover sus derechos, impulsar su autonomía económica, prevenir y atender las violencias contra las mujeres, apoyar la consolidación de redes comunitarias y favorecer el cambio cultural en sus comunidades. 

La idea de estos centros es por demás necesaria, sin embargo, estos mismos operan en los municipios y al final la colaboración municipal es trascendente para que estos operen en cada demarcación municipal; pues son quienes otorgan los espacios y la infraestructura que permite la operatividad del programa. Para el caso del municipio de Allende, el alcalde Ricardo Treviño tuvo a bien colaborar con la adecuación, equipamiento y puesta en marcha del espacio para la instalación de este centro que fue inaugurado el primer día del mes de julio del presente y que permite ver el compromiso de la administración actual con la igualdad de género y el respeto y cuidado de grupos históricamente vulnerables, como lo son las mujeres en nuestro país; además es importante señalar que dicho compromiso y apoyo por parte del alcalde y el ayuntamiento que encabeza no es algo súbito, ni mucho menos circunstancial sino que es parte de las políticas de género que vienen señaladas dentro del Plan de Desarrollo Municipal siendo el tema de las mujeres uno de los ejes transversales que se impulsan y desarrolla  bajo la administración actual, particularmente en el eje cuatro “seguridad ciudadana” en el tema específico de seguridad pública se hace referencia directa y literal a la protección de las mujeres y la niñez mediante la atención de la violencia contra estos grupos sociales. 

En pocas palabras, no es evento fortuito, sino parte de las políticas municipales actuales en materia de género. Y no solo se remite a estos centros, sino también al apoyo a los grupos LGBT en sus expresiones y necesidades que presentan de manera periódica al alcalde y su ayuntamiento. El compromiso es, pues, una política institucional gubernamental y el apoyo seguirá siendo real a este centro que inicia sus operaciones en el municipio de Allende. 

En un país en donde en pleno 2026 el 70.1% de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, en tipos de agresión como la violencia psicológica (62%) y física (33%), ocurriendo un 88% de los casos dentro del ámbito familiar y el hogar; la sinergia de los tres ámbitos de gobierno debe materializarse en coordinación y planificación que dé como resultado la disminución de este tipo de violencia que lastima a las mujeres en nuestra sociedad. 

Con la incorporación de Allende a este programa suman ya 20 municipios de los 32 de nuestra entidad que coadyuvan en pro de las mujeres y su desarrollo integral. Finalmente, destacar que la responsable de este centro en el municipio, Frida Larizza G. Castro, es una profesionista que ha impulsado la llegada de este centro en sinergia con el alcalde y que su proactividad augura que este centro sea un espacio de empoderamiento para las mujeres que dé resultados positivos a mediano plazo. Enhorabuena por las mujeres de nuestro municipio.

ECOS ELECTORALES

Transcurrido el proceso electoral para la Renovación del congreso local en Coahuila el pasado domingo 7 de junio, los ecos de la elección nos dejan escenarios que vale la pena analizar de manera sucinta. Comencemos por lo lamentable: nuevamente el gran ganador fue el abstencionismo, pues de un total de 2 millones 501 mil 847 habitantes con derecho a voto, sufragaron la cantidad de 1,256,407 ciudadanos en listado nominal. Es decir, votaron solo el 50.2% de electores, lo que significa, solo la mitad de los ciudadanos con derecho a voto. Esto a todas luces en un fracaso en términos de participación ciudadana, y si a esto le queremos sumar el tema de la legitimidad, pues los números no benefician de ninguna manera a las y los ganadores, pues del 100% de votos ya computados, es decir, del millón 256 mil 407, la alianza ganadora PRI-UDC se llevaron el 50.4% con 634 mil 280 votos. 

En otras palabras, solo el 25% de los coahuilenses definieron a los ganadores de esta elección. Por lo tanto, en cuanto a participación ciudadana el resultado es reprobatorio y debe ser una llamada de atención para la autoridad electoral (IEC), pues una de sus obligaciones es incentivar la cultura de la participación ciudadana, y por otra parte, la alianza ganadora no representa legitimidad alguna frente al pueblo coahuilense, aunque al final esta culpa es de la ciudadanía que no sale a ejercer su derecho a voto, no de los partidos políticos. El carro completo no es novedad, no es la primera vez, sin embargo, esta elección fue fatídica para partidos con representación nacional que perderán prerrogativas para futuras elecciones y que demostraron una paupérrima participación electoral. 

El PAN en esta elección apenas sumó 27 mil 16 sufragios, equivalentes a 2.1 por ciento de la votación. También retrocedieron el Partido Verde, que no fue en alianza con Morena y PT, y que pasó de 60 mil 523 votos en 2023 a 32 mil 533 en 2026, y Movimiento Ciudadano, que bajó de 27 mil 182 a 24 mil 617 sufragios. Estos tres partidos, al obtener una votación menor al 3 por ciento, están cerca de perder su registro en el estado. Finalmente, el resultado que era bastante predecible no mueve al PRI nacional del lugar en que se encuentran, en Coahuila no se demostró que se puede derrotar a morena, solo se mostró que pudieron retener el control del poder, pues a nivel nacional el PRI continua sus debacles y sus números para futuras gubernaturas no son más que lamentables. 

Entonces no se manda ningún mensaje, el panorama político sigue sin cambios a nivel nacional, lo que alarma en Coahuila es el mismo magro panorama de participación en una elección que es más importante que las municipales, solo que la mayoría de las personas no terminan por entender la trascendencia del poder legislativo. Nada nuevo en Coahuila electoralmente hablando, y claro debemos tener, que las municipales tienen otra historia muy diferente a la elección de legisladores.

SIN DEBATES

A unos días de concluir las campañas políticas para renovar el poder legislativo en Coahuila y más allá de lo que las encuestas dicen, hay un tema que simplemente estuvo fuera del proceso electoral en esta ocasión: los debates electorales entre las y los candidatos de los diversos partidos políticos en contienda. En lo personal vi algunos candidatos presentando propuestas que corresponden a candidatos a alcaldías, es decir, pareciera que no tienen idea de las funciones de un diputado estatal; quizá por ese nivel de propuesta el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) quiso ahorrarse un escenario paupérrimo de intercambio de ideas entre aspirantes y evitarles la vergüenza, o quizá otros motivos subrepticios hicieron que el IEC simplemente optara por no organizar ningún debate político en este proceso electoral. 

Sea cual sea el motivo, la realidad es que los debates son un espacio importante de presentación de ideas que permiten un comparativo real para que la ciudadanía pueda tomar una decisión a la hora de ejercer su derecho al voto. Es cierto que en este país los debates terminan siendo más un show que un escenario de presentación y defensa de ideas, que se vuelven más un momento especial para que las y los participantes expongan sus escándalos, falencias o en palabras triviales: “la cola que arrastran”, y al final termina siendo más un espectáculo morboso que analítico, pero no por ello deben minimizarse y consecuentemente prescindir de los mismos. 

Al final habrá personas con alto raciocinio que los usen verdaderamente para tomar una decisión electoral y solo esto último los debates electorales deben ser una realidad en cada proceso electoral en cada ámbito de gobierno independientemente del nivel de cultura política con que cuente la población. En este escenario de ausencia de debates el único responsable sin duda alguna es el IEC, que como autoridad electoral debió programar los debates en los diversos distritos del Estado, a menos que cierto temor a exponer candidatos oficiales frente a opositores haya sido el motivo de que la autoridad electoral se haya reservado el desarrollo de debates. 

En este escenario preocuparía la imparcialidad del instituto, pero esperemos que solo haya sido un desdén por uno de los elementos más importantes de toda democracia: el dialogo y el intercambio de ideas, y aún en este último caso, el IEC quedaría como inepto para cumplir con una de sus funciones principales: el fortalecimiento de la democracia electoral. Solo para que la autoridad lo recuerde; los debates tienen muchísimos beneficios, entre ellos: El voto informado: derivado de la evaluación directa de las diversas opciones; también el Contraste de ideas, ya que permite comparar plataformas políticas sobre temas específicos y analizar cómo cada candidato planea resolver cada uno de estos problemas y, finalmente, evaluación de habilidades: ya que permiten observar la preparación, el manejo del estrés, la tolerancia a la crítica y la capacidad de argumentación de cada uno de los participantes. Por esta ocasión, nos quedamos sin debates.

THE DOPE

The Dope: The Real History of the Mexican Drug Trade, es un libro del historiador Benjamin T. Smith que comencé a leer y que explica en pocas palabras la forma en que el negocio del narcotráfico creció en México a través del tiempo hasta llegar al escenario que tenemos hoy en día. Las premisas son básicas: protección política interna y demanda internacional creciente. No somos un país productor, somos un país de tránsito y aquí se quedan las ganancias de la venta, y este negocio prosperó a partir de los años cincuentas en México con la protección de los gobiernos priístas que desde luego se llevaban su tajada de recursos, por ello había paz, pero era una paz endeble, frágil, una paz en forma de negocio que debía sostenerse con acuerdos políticos. El que un Estado tenga una aparente seguridad no significa que tenga una estrategia de seguridad exitosa, puede ser que exista un pacto o peor, un monopolio del negocio del narcotráfico. 

La idea me asaltó hace unos meses que degustaba unas bebidas con unos amigos en la banqueta en determinada colonia y a media cuadra una casa en aparente abandono, pero con tipos afuera sentados esperando a que llegaran clientes para la venta de droga; y lo peor es que no había temor a una posible llegada de cuerpos de seguridad, sobre todo cuando el “punto” estaba en la entrada principal de la colonia. Demasiada osadía o evidente contubernio entre crimen y autoridad, parecía más lo último. Pareciera entonces que las autoridades estatales dominan un negocio y por ello aseguran la paz de tal manera que politizan es estado de tranquilidad como arma electoral, ya bastante trillada, pero que al parecer les sigue funcionando. 

The Dope habla sobre esta protección y un mercado estadunidense cada vez más exigente que hasta el momento sigue reclamando su respectivo suministro. Smith no habla al vacío, se trata de un análisis de archivos de más de 100 años. Al respecto; historiadores, analistas políticos e informes de agencias de inteligencia han documentado que, durante las décadas de los 60 y 70, el gobierno mexicano encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) operaba un sistema de protección y control sobre el narcotráfico caracterizado por un pacto de no agresión, monopolio y control vertical. Basta recordar a Arturo Durazo Moreno, el Negro Durazo, el súper policía de José López Portillo, quien se encargaba personalmente de ultimar a extranjeros que querían arrebatar el monopolio de la delincuencia al Estado mexicano. Prácticas muy similares pudieron haberse trasladado a un Estado con casi 100 años del mismo gobierno heredero de ese tipo de “estrategias”.  

No aseguro que así sea, pero lo que vi en días pasados refuerza esta teoría: un Estado que usa el aparato de seguridad para lucrar con un negocio ilícito y con ello garantizar una paz totalmente aparente, y con elementos tan intimidantes que violan sistemáticamente los derechos humanos de los ciudadanos coahuilenses. The Dope y lo que se ve en las calles tienen mucha relación.  

ACUSADOS

No por ser autoridades emanadas de un partido político en específico significa que estén exentos de las garras de la corrupción; y si en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador se desgarraba las vestiduras presumiendo la moralidad de su movimiento y el compartimiento impoluto de sus afiliados y allegados, no cabe duda que su seguridad al hablar se limitaba a su persona, sin embargo, el grado de pureza no se generalizaba de ninguna manera hacia la totalidad de quienes se unían poco a poco a su movimiento; pues creer eso serpia totalmente ingenuo. Por ello, no debe sorprendernos la acusación de nexos con el narcotráfico que ha lanzado el gobierno norteamericano contra funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluido al gobernador Rubén Rocha Moya, todos pertenecientes al partido morena (entre los acusados está el senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán y varios altos cargos de seguridad, de la fiscalía y de la policía en el Estado). Y aunque se trata de una acusación que aún debe probarse, no puede demeritarse solo por la filiación política de los acusados. 

Al respecto, hay varias premisas que tienen que tomarse en cuenta; la primera es que se trata de un Estado que está ligado tradicional y lamentablemente al fenómeno del narcotráfico; y ciertamente este negocio ilícito requiere de apoyo de autoridades de diferentes niveles para poder desplegarse sin inconvenientes y de manera exitosa, por ello la sospecha no suena ilógica. Segunda, los sobornos del narcotráfico suelen ser bastante generosos, y por naturaleza los seres humanos propensos a la corrupción, por ello no sorprendería cierta veracidad en las acusaciones, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país ha asegurado que en la solicitud de extradición no hay elementos probatorios de culpabilidad. Por otra parte, y me parece lo más cuestionable de este suceso, es que el tema parece haberse politizado y tomar la forma de una represalia ante la manifestación del gobierno mexicano de la intromisión de agentes de la CIA en territorio mexicano en una clara violación a la soberanía nacional. 

La operación de inteligencia norteamericana en nuestro país sin autorización del congreso es ilegal y agresiva, les guste o no a los estadunidenses, acostumbrados a intervenir en donde desean sin consentimiento alguno, por ello esta denuncia pareciera haber desatado la acusación contra los funcionarios sinaloenses para golpear al gobierno de la presidente Sheinbaum. Habrá que esperar las pruebas para sustentar la petición de extradición; por lo pronto el efecto de politización ha surtido efecto y la crisis diplomática parece estar a la vuelta de la esquina con consecuencias aún inciertas. Lo que esperamos sin duda alguna es que la ley y la justicia estén por encima de la política al mismo tiempo que se protege nuestra soberanía nacional.

LA HORA DINÁMICA

No sé si esta medida surja a raíz de lo sucedido en Michoacán, en donde dos maestras fueron abatidas por un alumno; lo que sí sé es que la medida es necesaria y pertinente y era el elemento faltante curricularmente hablando para el desarrollo de una sociedad pacífica, ya que actualmente se cuenta en bachillerato con asignaturas que tienen como contenido temas referentes a la cultura de la paz. Me refiero a la atención de la salud mental de las y los estudiantes de nuestro país. Vivimos en una sociedad con altos índices de violencia, en donde al día se suscitan más de 80 homicidios dolosos, y ni hablar de otros tipos de violencia como la de género o intrafamiliar que siguen con números alarmantes, por ello la educación es el medio necesario para edificar los cimientos de una sociedad pacífica y para ello es necesario que se trabajen en las aulas las emociones de las y los alumnos. 

La estrategia gubernamental consiste en implementar una hora a la semana de actividades y gestión de emociones en adolescentes de entre 14 y 18 años, particularmente en el tercer grado de secundaria y primero de bachillerato. La idea desde luego que es bienvenida, el problema radica en su implementación. Como exdirector de una escuela de bachillerato el primer problema al que se enfrentan este tipo de estrategias es saber quién se encargará de su implementación, seguimiento adecuado y sobre todo evaluación. Decir que se aplicará es fácil, pero como sucedió con las tutorías, que es un modelo de acompañamiento académico para disminuir los índices de reprobación y deserción. Los docentes exigen pago por actividades extras y algunos de ellos solo simulan la atención, aunque se les pague por las actividades. Sumado a esto las evaluaciones tienden a preguntar al alumno si el docente lo atendió y le aplicó las actividades y con ello se da por terminado el proceso con ese tipo de evaluación tan simple. 

Si derivado de las deficiencias detectados en estrategias como las tutorías, no se obtiene una retroalimentación que permita fortalecer el nuevo programa de “la hora dinámica” y contemplar esos escenarios, el esfuerzo terminará en otra buena intención que encuentra su final con docentes poco o nada comprometidos y la falta de seriedad institucional en cuanto a la evaluación periódica de las acciones implementadas. Por lo pronto hay que aplaudir que el tema se encuentre ya en planes de autoridades educativas, pues la violencia en un mal endémico en nuestro país y requiere acciones concretas y medibles para empezar a cambiar el panorama y sobre todo se requiere el compromiso de padres de familia dentro de la estrategia, porque es en el hogar en donde se gesta muchas veces la violencia como patrón cultural heredado de padres a hijos. 

En su inicio las acciones anunciadas son la distribución de 18 millones de guías, actividades semanales en salones de clase, y asambleas con madres y padres de familia, suena bien, esperemos el compromiso real de todos: padres, autoridades educativas, gubernamentales y docentes.

DE NUEVO EL FRACKING

El tema ha vuelto, pero con otro tono, uno de aceptación por parte de la izquierda gobernante en la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde luego que, con sus reservas, pero este proyecto de obtención de gas mediante fractura hidráulica de la roca ha sido retomado frente a una realidad que no podemos soslayar: la dependencia del gas estadunidense para la generación de energía eléctrica en nuestro país. 

Este tema lleva ya varios intentos de inmersión en las profundidades de la agenda pública, sobre todo en Coahuila, en donde se ubica la llamada Cuenca de Burgos; y que dicho proyecto representa sin duda alguna una gran derrama económica para las regiones del norte del Estado que se beneficiarían con la explotación de este gas. Sin embargo, el problema sigue siendo el mismo, el nombre al que hace referencia la presidenta sobre este tema es el “fracking amigable”, y es que el adjetivo es importante a la hora de planificar la extracción del hidrocarburo, puesto que el acceso a este supone el gasto de cantidades excesivas de agua, según la Alianza Mexicana contra el Fracking, una coalición de más de 40 organizaciones de la sociedad civil, aseguran que fracturar un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua; con lo que se afecta considerablemente el consumo humano del vital líquido. 

En otras palabras, el daño ambiental es bastante considerable, sobre todo cuando vivimos en un país con estrés hídrico en gran parte del territorio, sobre todo en el norte. Por si esto fuera poco, se requieren grandes inversiones de recursos en infraestructura, incluyendo suministro eléctrico, accesos carreteros y cadenas de suministro que valúan el costo de cada pozo perforado aproximadamente en 7 u 8 millones de dólares inicialmente, ya que no contamos con la tecnología ni la experiencia que nos permita abaratar costos como sucede en los Estados Unidos.  Aunque en este aspecto el gobierno parece reconocer la necesidad de invitar a particulares a participar en concursos que desde luego implican riesgos de pérdidas y para ello la palabra “concesión” debe hacerse presente, aunque sea una palabra no muy bienvenida en la 4T. 

En lo personal me parece que el tema complicado no son los recursos ni su origen, sino el cuidado al medio ambiente, pues el gobierno de AMLO siempre estuvo en contra de este proyecto a grado tal que en su último año presentó la iniciativa de prohibición constitucional de este tipo de explotación energética en defensa del agua y del cuidado del ambiente; y para que la presidenta se atreva a cambiar la dirección debe tener los elementos que le permitan demostrar que el daño será mínimo, y para ello ha reunido a un equipo de expertos de diversas universidad públicas e institutos gubernamentales para realizar una investigación que permita presentar un proyecto de fracking con el menor impacto ambiental posible, sobre todo cuando la presidenta es “ambientalista de formación profesional”, pero con la certeza de que dependemos en un 75% de la importación de gas estadunidense y que también justo ahí necesitamos una buena dosis de soberanía que solo la explotación de gas por nosotros mismos puede darnos.