El tema ha vuelto, pero con otro tono, uno de aceptación por parte de la izquierda gobernante en la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde luego que, con sus reservas, pero este proyecto de obtención de gas mediante fractura hidráulica de la roca ha sido retomado frente a una realidad que no podemos soslayar: la dependencia del gas estadunidense para la generación de energía eléctrica en nuestro país.
Este tema lleva ya varios intentos de inmersión en las profundidades de la agenda pública, sobre todo en Coahuila, en donde se ubica la llamada Cuenca de Burgos; y que dicho proyecto representa sin duda alguna una gran derrama económica para las regiones del norte del Estado que se beneficiarían con la explotación de este gas. Sin embargo, el problema sigue siendo el mismo, el nombre al que hace referencia la presidenta sobre este tema es el “fracking amigable”, y es que el adjetivo es importante a la hora de planificar la extracción del hidrocarburo, puesto que el acceso a este supone el gasto de cantidades excesivas de agua, según la Alianza Mexicana contra el Fracking, una coalición de más de 40 organizaciones de la sociedad civil, aseguran que fracturar un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua; con lo que se afecta considerablemente el consumo humano del vital líquido.
En otras palabras, el daño ambiental es bastante considerable, sobre todo cuando vivimos en un país con estrés hídrico en gran parte del territorio, sobre todo en el norte. Por si esto fuera poco, se requieren grandes inversiones de recursos en infraestructura, incluyendo suministro eléctrico, accesos carreteros y cadenas de suministro que valúan el costo de cada pozo perforado aproximadamente en 7 u 8 millones de dólares inicialmente, ya que no contamos con la tecnología ni la experiencia que nos permita abaratar costos como sucede en los Estados Unidos. Aunque en este aspecto el gobierno parece reconocer la necesidad de invitar a particulares a participar en concursos que desde luego implican riesgos de pérdidas y para ello la palabra “concesión” debe hacerse presente, aunque sea una palabra no muy bienvenida en la 4T.
En lo personal me parece que el tema complicado no son los recursos ni su origen, sino el cuidado al medio ambiente, pues el gobierno de AMLO siempre estuvo en contra de este proyecto a grado tal que en su último año presentó la iniciativa de prohibición constitucional de este tipo de explotación energética en defensa del agua y del cuidado del ambiente; y para que la presidenta se atreva a cambiar la dirección debe tener los elementos que le permitan demostrar que el daño será mínimo, y para ello ha reunido a un equipo de expertos de diversas universidad públicas e institutos gubernamentales para realizar una investigación que permita presentar un proyecto de fracking con el menor impacto ambiental posible, sobre todo cuando la presidenta es “ambientalista de formación profesional”, pero con la certeza de que dependemos en un 75% de la importación de gas estadunidense y que también justo ahí necesitamos una buena dosis de soberanía que solo la explotación de gas por nosotros mismos puede darnos.
