No por ser autoridades emanadas de un partido político en específico significa que estén exentos de las garras de la corrupción; y si en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador se desgarraba las vestiduras presumiendo la moralidad de su movimiento y el compartimiento impoluto de sus afiliados y allegados, no cabe duda que su seguridad al hablar se limitaba a su persona, sin embargo, el grado de pureza no se generalizaba de ninguna manera hacia la totalidad de quienes se unían poco a poco a su movimiento; pues creer eso serpia totalmente ingenuo. Por ello, no debe sorprendernos la acusación de nexos con el narcotráfico que ha lanzado el gobierno norteamericano contra funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluido al gobernador Rubén Rocha Moya, todos pertenecientes al partido morena (entre los acusados está el senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán y varios altos cargos de seguridad, de la fiscalía y de la policía en el Estado). Y aunque se trata de una acusación que aún debe probarse, no puede demeritarse solo por la filiación política de los acusados.
Al respecto, hay varias premisas que tienen que tomarse en cuenta; la primera es que se trata de un Estado que está ligado tradicional y lamentablemente al fenómeno del narcotráfico; y ciertamente este negocio ilícito requiere de apoyo de autoridades de diferentes niveles para poder desplegarse sin inconvenientes y de manera exitosa, por ello la sospecha no suena ilógica. Segunda, los sobornos del narcotráfico suelen ser bastante generosos, y por naturaleza los seres humanos propensos a la corrupción, por ello no sorprendería cierta veracidad en las acusaciones, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país ha asegurado que en la solicitud de extradición no hay elementos probatorios de culpabilidad. Por otra parte, y me parece lo más cuestionable de este suceso, es que el tema parece haberse politizado y tomar la forma de una represalia ante la manifestación del gobierno mexicano de la intromisión de agentes de la CIA en territorio mexicano en una clara violación a la soberanía nacional.
La operación de inteligencia norteamericana en nuestro país sin autorización del congreso es ilegal y agresiva, les guste o no a los estadunidenses, acostumbrados a intervenir en donde desean sin consentimiento alguno, por ello esta denuncia pareciera haber desatado la acusación contra los funcionarios sinaloenses para golpear al gobierno de la presidente Sheinbaum. Habrá que esperar las pruebas para sustentar la petición de extradición; por lo pronto el efecto de politización ha surtido efecto y la crisis diplomática parece estar a la vuelta de la esquina con consecuencias aún inciertas. Lo que esperamos sin duda alguna es que la ley y la justicia estén por encima de la política al mismo tiempo que se protege nuestra soberanía nacional.
