La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, aprobada recientemente por el Congreso de la Unión busca unificar y modernizar los sistemas catastrales y registrales del país mediante diversos mecanismos de conexión y homologación. En otras palabras, la idea es actualizar el padrón de inmuebles mediante la detección de propiedades no registradas, así como mejorar la información sobre su valor. De pronto, como todo lo que propone la presidenta Sheinbaum, tiende a politizarse y mayormente con desinformación.
En ningún momento se habla de incrementos, pues, para empezar, los aumentos en las tasas de impuesto predial son a solicitud de cada municipio con la correspondiente autorización de cada congreso local, por lo que de ninguna manera se puede culpar al gobierno federal de cualquier incremento; así mismo, con la detección de propiedades no registradas se incrementa la base gravable de cada municipio sin que existan incrementos en el impuesto predial. Otra de las bondades de esta ley es que crea la clave Única Catastral (CUC), es decir, asigna un registro alfanumérico único a cada predio para identificarlo técnicamente en todo el país.
En términos de simplificación administrativa, al digitalizar todo se facilita la consulta de información y la realización de trámites y pagos digitales entre los tres órdenes de gobierno. Finalmente, otorga certeza jurídica patrimonial; ya que conecta los datos físicos de un inmueble con su situación legal ante el registro público para proteger la propiedad de las personas. Por donde se le quiera observar, se trata de una ley bastante pertinente, benéfica y asertiva, pero la oposición, fiel a sus principios de cuestionar todo sin fundamentos sólidos, argumentan la posibilidad de un “predialazo” (incrementos en las tasas del impuesto predial) cuando esa realidad depende de cada entidad, también argumentan que la centralización de toda la información catastral del país en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) vulnera la autonomía municipal, lo cual también es absurdo, pues como lo he comentado en líneas anteriores, los congresos locales tienen la última palabra en el aumento de impuesto predial en cada municipio de cada Estado.
A veces parece que la oposición no cuenta con asesoría técnica adecuada o quizá solo es el “modus operandi” de una oposición rabiosa que se opone a cualquier reforma por bondadosa que esta pueda ser. Al menos en este caso el rechazo de las bancadas del PAN, PRI y MC a esta ley no dejan ver otra situación que no sea una de las dos posibilidades mencionadas. También se vale aplaudir las buenas iniciativas y con ello deja ver el profesionalismo que debe caracterizar a una verdadera oposición, no solo denostar por consigna o por esencia.
